Escándalo de lo seguros en Anses: presentaron una prueba clave

El Ministerio de Capital Humano, la ANSES y Nación Seguros comparecieron ante la Justicia para solicitar una investigación sobre las acciones del ex directivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad.
Anses

La investigación se centra en una comunicación enviada el pasado mayo.

El gobierno nacional ha interpuesto una denuncia formal este jueves contra un ex funcionario de la ANSES en relación con el escándalo de los seguros contratados para proporcionar cobertura a jubilados y pensionados que adquirían créditos a través del organismo previsional. El individuo en cuestión es Federico D’Angelo Campos, quien anteriormente ocupaba el cargo de titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y actualmente es concejal de Unión por la Patria en Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Alberto Fernández ha comentado sobre la denuncia por irregularidades en la ANSES, señalando que no ha solicitado ninguna acción a favor de nadie, y en caso de que su secretaria lo haya hecho, habría excedido sus funciones. La denuncia fue presentada por la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros; y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, quienes representan las áreas involucradas en presuntas irregularidades durante la administración anterior. En estas irregularidades están implicados funcionarios, así como un empresario del sector asegurador, amigo de Alberto Fernández y esposo de su ex secretaria privada.

Se acusa al ex funcionario de la ANSES, que mantuvo su puesto a pesar de ser concejal, de causar perjuicio al Estado Nacional a través de comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros, en el contexto de los créditos otorgados por la ANSES. Los denunciantes solicitan que se investigue si D’Angelo contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y pagando comisiones que perjudicaban las finanzas públicas.

Como prueba clave, los investigadores presentaron una nota firmada por D’Angelo dirigida a Nación Seguros en la que se menciona la orden de contratar a empresas específicas para intervenir en los contratos de seguros de vida para los saldos de créditos de jubilados y pensionados.

Las investigaciones internas que condujeron a esta denuncia se intensificaron esta semana, tras la publicación de una columna periodística que mencionaba la desarticulación de un negocio opaco de empresas aseguradoras y políticos del peronismo y del PRO, realizado por Osvaldo Giordano antes de ser despedido de la ANSES. En la denuncia presentada, no se mencionaron ciertos nombres mencionados en el informe periodístico.

Según la investigación, se detectó un perjuicio al Estado Nacional causado por las acciones atribuidas a D’Angelo. También se observó que la selección de intermediarios y aseguradores realizada por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES era discrecional y sin justificación técnica.

La nota firmada por D’Angelo que se presentó como evidencia indicaba la designación de ciertas empresas para intervenir en los contratos de seguros, argumentando la conveniencia de contar con asesoramiento profesional. Sin embargo, según los investigadores, esta nota no se encontraba digitalizada en el sistema de gestión de documentos del Estado Nacional, lo que sugiere un intento deliberado de ocultarla.

En respuesta a los argumentos de la defensa de Alberto Fernández, que sugieren que el seguro sería pagado por el tomador del crédito y no causaría perjuicio al Estado, los investigadores señalan que las aseguradoras privadas asumían el riesgo junto con Nación Seguros, lo que generaba un gasto innecesario para el Estado.

La denuncia también señala la falta de observación por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en las pólizas de seguros remitidas, lo que sugiere complicidad en estas prácticas irregulares.

En resumen, estas investigaciones apuntan a irregularidades en la contratación de seguros por parte de la ANSES, que habrían causado perjuicio al Estado Nacional, y a posibles acciones para ocultar estas prácticas.

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