Tras la multitudinaria movilización universitaria realizada este miércoles en distintos puntos del país, el Gobierno nacional salió a fijar postura y minimizó el impacto político de la protesta. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que, más allá de la masividad de la convocatoria, la situación presupuestaria “no cambia por la cantidad de personas que se movilicen”.
“Podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, afirmó el funcionario al referirse a la Marcha Federal Universitaria que reunió a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones sindicales en reclamo de mayores fondos para las universidades públicas.
Álvarez insistió en que cualquier ampliación presupuestaria debe ajustarse a la normativa vigente y cuestionó iniciativas legislativas que no contemplen una fuente concreta de financiamiento.
“Toda ley que no indique de dónde salen los recursos será promulgada y suspendida en el mismo acto”, remarcó.
Cuestionamientos al carácter de la movilización
El funcionario también aseguró que la protesta tuvo un fuerte componente opositor y rechazó que se trate de una manifestación exclusivamente académica.
“No están infiltradas por la política; son políticas, organizadas por partidos opositores”, expresó en declaraciones radiales, al tiempo que subrayó que las decisiones en materia de políticas públicas corresponden a las autoridades elegidas democráticamente.
En esa línea, relativizó la presión social como herramienta de definición presupuestaria: “Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”.
Debate sobre el funcionamiento universitario
Álvarez aprovechó la discusión para insistir en la necesidad de revisar el esquema actual de financiamiento universitario y planteó cambios estructurales en la distribución de recursos.
Según explicó, el sistema vigente arrastra falencias desde hace décadas y carece de criterios objetivos para asignar partidas. También cuestionó la existencia de carreras con escasa matrícula y altos costos de sostenimiento.
Entre los ejemplos citados, mencionó que formar un graduado en ingeniería demanda una inversión considerablemente menor que otras carreras artísticas con baja cantidad de egresados.
Para el subsecretario, la discusión debe enfocarse en orientar recursos hacia áreas estratégicas y con mayor impacto productivo.
Ingreso universitario y estudiantes extranjeros
Otro de los ejes planteados por Álvarez fue la necesidad de revisar el sistema de ingreso irrestricto a las universidades públicas.
“El ingreso irrestricto tiene el problema de que alguien tiene que financiarlo”, señaló, al tiempo que propuso debatir mecanismos de admisión más selectivos, como exámenes o cupos.
Respecto de los estudiantes extranjeros, recordó que actualmente las universidades están habilitadas para cobrar aranceles, aunque en muchos casos no aplican esa posibilidad. Según sostuvo, se trata de una discusión pendiente dentro del sistema público de educación superior.
Las declaraciones del funcionario se producen luego de una de las mayores movilizaciones universitarias de los últimos años, en medio de un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y la comunidad educativa por el financiamiento de las casas de altos estudios.
