Claudia Sbabo, en los tribunales federales de Comodoro Py.
Una de las jubiladas que figura como acreedora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró este miércoles ante la Justicia que no participó directamente en la operación de venta del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, una de las propiedades bajo investigación en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Se trata de Claudia Sbabo, quien fue la primera en presentarse en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita. Durante su testimonio, aseguró que desconoce los detalles de la transacción y sostuvo que la operación fue llevada adelante por su hijastro, Leandro Miano, junto a Pablo Martín Feijoo, hijo de la otra acreedora.
En paralelo, también declaró Beatriz Viegas, quien poseía el 50% restante del inmueble situado sobre la calle Miró al 500.
Según trascendió de fuentes judiciales, Sbabo afirmó que el dinero con el que adquirió su parte del departamento en mayo de 2025 era propio y que actualmente percibe una jubilación de $350.000. Además, indicó que la oportunidad de inversión le fue acercada por Feijoo, a quien se lo vincula como allegado a Adorni.
El inmueble fue vendido en noviembre de 2025 al funcionario, con un esquema de pago que incluyó un adelanto de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares a cancelar en un año, sin intereses. La operación, según la investigación, se habría concretado en condiciones llamativas, dado que el valor inicial del departamento rondaba los USD 340.000 y finalmente se habría cerrado por una cifra significativamente menor.
La causa también involucra otros movimientos financieros. De acuerdo al expediente, Adorni recibió un préstamo de 100.000 dólares por parte de dos integrantes de la Policía Federal Argentina, quienes a su vez declararon días atrás. Ese dinero habría sido utilizado para la compra de otra propiedad, lo que forma parte del análisis patrimonial que lleva adelante la fiscalía.
En este contexto, la Justicia continúa tomando testimoniales para reconstruir la secuencia de operaciones inmobiliarias y determinar si existieron irregularidades en las transacciones vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete.
