Alberto Fernandez y Hector Martinez Sosa
La Cámara Federal de Casación Penal anuló este miércoles, por mayoría, la resolución que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, y ordenó que se dicte una nueva decisión sobre su situación procesal.
La resolución fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes hicieron lugar a un planteo presentado por la defensa del ex mandatario. En disidencia votó el magistrado Gustavo Hornos.
El fallo dejó sin efecto la confirmación del procesamiento por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, así como el embargo de bienes que ascendía a más de 14.634 millones de pesos.
El argumento de la mayoría
La decisión se basó en que el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Aguero Iturbe, había solicitado previamente que se revocara el procesamiento y se dictara la falta de mérito para profundizar la investigación mediante nuevas medidas de prueba.
Según entendieron Borinsky y Carbajo, al confirmar igualmente el procesamiento, la Cámara Federal se apartó de la postura coincidente entre la fiscalía y la defensa, lo que implicó una posible afectación del principio acusatorio y del debido proceso.
La postura en disidencia
Hornos consideró que el recurso debía declararse inadmisible y sostuvo que debía prevalecer el criterio del fiscal ante Casación, Raúl Pleé, quien se había pronunciado por rechazar el planteo defensivo.
Para el magistrado, el procesamiento estaba debidamente fundamentado y existían elementos suficientes para sostener, en esta etapa de la investigación, la hipótesis de un presunto direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales.
Qué investiga la causa
La investigación apunta a presuntas irregularidades vinculadas al Decreto 823/2021, que centralizó la contratación de seguros del Estado en Nación Seguros S.A..
La pesquisa busca determinar si ese esquema permitió la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las del mercado, generando un eventual perjuicio para el Estado.
