Alberto Rubén Santarceri y Noelia Luna, con más de 20 años de casados, están acusados de montar un sistema de salud para lavar dinero de piratas del asfalto.
La investigación sobre la falsa prepaga “Argentina Salud” expuso una estructura familiar acusada de montar un sistema sanitario clandestino en La Matanza para presuntamente lavar dinero proveniente de la piratería del asfalto. Según la causa, la organización llegó a operar clínicas, farmacias, ambulancias privadas e incluso promocionar un helicóptero sanitario para aparentar solvencia y legitimidad.
El principal señalado es Alberto Rubén Santarceri, conocido como “Beto”, de 57 años. De acuerdo con la pesquisa de la Policía Federal Argentina y el fiscal Fernando Garate, el hombre pasó en pocos años de trabajar en una exportadora de carnes a convertirse en empresario de la salud, pese a registrar antecedentes por robos y hurtos y problemas financieros.
La prepaga utilizaba las siglas “ARS”, coincidentes con las iniciales de Santarceri, y difundía en redes sociales imágenes de clínicas, ambulancias y hasta un helicóptero de emergencias que nunca fue encontrado en los allanamientos. Los investigadores sospechan que la aeronave habría sido alquilada únicamente para grabar videos promocionales.
La estructura también incluía a su esposa, Noelia Sofía Luna, acusada de actuar como segunda en la jerarquía de la organización. Según la investigación, se presentaba como médica sin poseer título habilitante. Además, los hijos de la pareja, Nicolás y Brian Santarceri, tenían roles dentro del esquema: uno vinculado al “área protegida” y otro encargado del personal.
Durante 13 allanamientos, la Policía secuestró alrededor de 50 sellos médicos falsificados, documentación y otros elementos considerados claves para la causa. Uno de los testimonios más relevantes fue el de Carlos Covarrubias, un médico boliviano sin habilitación en Argentina, quien declaró haber trabajado para la organización utilizando el sello de otro profesional.
Según su declaración, atendían emergencias, incluso en escuelas, y las ambulancias salían con certificados previamente firmados y sellados. También explicó que cobraba 80 mil pesos por guardias de 24 horas y que varios trabajadores estaban en condiciones similares.
La causa investiga delitos vinculados al ejercicio ilegal de la medicina, asociación ilícita y lavado de dinero, mientras los investigadores intentan determinar el alcance real de la red y la cantidad de pacientes que pudieron haber sido atendidos por personal no habilitado.
