El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito a partir de su patrimonio y de los ingresos declarados durante su desempeño como presidente del CEAMSE.
La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver sobre las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía.
La investigación busca determinar si existe una justificación legal para el crecimiento patrimonial de Tapia. Entre las medidas solicitadas figuran el relevamiento de sus declaraciones juradas, bienes registrados, cuentas bancarias, movimientos económicos y nivel de consumo.
Tapia ocupa la presidencia del CEAMSE desde 2024, después de haber integrado el directorio de la empresa pública desde 2015. El organismo, de carácter interjurisdiccional, administra la gestión de residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires y también interviene en la administración del peaje del Camino del Buen Ayre.
La fiscalía también pidió información a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) sobre los cargos desempeñados por Tapia, los ingresos que hubiera percibido, las cuentas en las que se acreditaron esos fondos y la documentación relacionada con sus funciones. Además, solicitó conocer si ejerció cargos directivos o de otra naturaleza ante la FIFA, en qué períodos, en representación de quién y si recibió remuneraciones por esas actividades.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostiene que el patrimonio de Tapia habría aumentado alrededor de un 1000% durante un período de ocho años. Según la denuncia, Tapia declaró ingresos anuales de $100.233.144 por su actividad en el CEAMSE, con una dedicación informada de 15 horas semanales.
La denuncia forma parte de una serie de presentaciones judiciales impulsadas por Tofoni contra Tapia y dirigentes de la AFA. El empresario mantiene además un conflicto con la entidad deportiva luego de que su empresa, World Eleven, perdiera el contrato para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.
La fiscalía busca ahora determinar, mediante documentación bancaria, patrimonial y laboral, si el incremento de los bienes de Tapia resulta compatible con sus ingresos declarados o si existen elementos que permitan sostener la hipótesis de un enriquecimiento ilícito.
