Mariela Fernanda Marzano fue imputada por la Justicia Federal por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y uso de documentación falsa, tras comprobarse que trabajó durante casi seis años como médica cirujana en hospitales y clínicas de Río Negro utilizando títulos y certificados presuntamente falsificados.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 6 de abril por el Ministerio de Salud de Río Negro, luego de detectar irregularidades en la documentación presentada por Marzano para obtener su matrícula profesional. Según la acusación, ejerció entre agosto de 2020 y marzo de 2026 en el Hospital Francisco López Lima, la Clínica Roca, el Sanatorio Juan XXIII y el consultorio Siron, además de ocupar cargos de coordinación en terapia intensiva dentro del ámbito privado.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal federal Matías Zanona presentó las pruebas reunidas a lo largo de tres meses de investigación. El juez federal Hugo Greca resolvió que la acusada continúe en libertad mientras avanza el proceso, aunque le impuso restricciones por seis meses: no podrá salir de Río Negro ni del país, deberá presentarse semanalmente ante la Policía Federal, mantener actualizado su domicilio y responder a controles telefónicos. También continuará retenido su pasaporte.
Las pruebas que complican a la acusada
De acuerdo con la investigación, Marzano obtuvo la matrícula provincial tras presentar documentación falsificada ante un escribano público. Entre los documentos figuraban una resolución apócrifa del Ministerio de Educación de la Nación, certificados con firmas falsas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y un supuesto título emitido por la Universidad de Los Andes, de Venezuela.
Los informes oficiales incorporados al expediente confirmaron que la UNCo registró que la imputada completó apenas el 49% de la carrera de Medicina y nunca obtuvo el título. Además, la universidad venezolana negó que haya sido estudiante de esa institución y la Dirección Nacional de Migraciones comprobó que nunca viajó a Venezuela, requisito indispensable para acreditar esa formación.
Como parte de la causa, la Justicia allanó su vivienda y secuestró títulos, sellos, recetarios, medicamentos y dispositivos electrónicos, además de ordenar el resguardo de las historias clínicas de los pacientes que atendió.
También investigan posibles casos de mala praxis
El expediente sumó un nuevo capítulo luego de que tres familias denunciaran a Marzano por presunto homicidio culposo, tras el fallecimiento de pacientes que estuvieron bajo su atención. Esas presentaciones también son analizadas en el marco de la investigación federal.
El caso dejó al descubierto serias falencias en los controles del sistema sanitario, ya que tanto organismos públicos como instituciones privadas permitieron que la acusada ejerciera durante años sin detectar las irregularidades en sus antecedentes académicos y profesionales.
Ahora la investigación buscará determinar si existieron responsabilidades en los procesos de contratación y verificación de títulos por parte de las clínicas y del Estado provincial, además de establecer si hubo perjuicios económicos para el sistema de salud o para los pacientes.
Aunque la causa generó un fuerte impacto, las penas previstas por el Código Penal para el ejercicio ilegal de la medicina van de 15 días a un año de prisión. La falta de antecedentes penales de la imputada podría ser un factor a considerar en una eventual sentencia. Mientras tanto, el expediente continúa en etapa de investigación.
