La Municipalidad de San Salvador de Jujuy brindó precisiones sobre la situación del servicio de transporte público de pasajeros luego de que la empresa Unión Bus dejara de prestar dicho servicio. Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la incorporación anticipada de la empresa Santa Ana respondió a una medida excepcional para garantizar la continuidad del transporte y evitar perjuicios a los usuarios.
El procurador general del Municipio, Pablo Rodríguez, explicó que la decisión no fue arbitraria ni respondió a un cambio en el proceso licitatorio, sino que consistió en adelantar la prestación de los recorridos que Santa Ana ya tenía adjudicados y que debía comenzar a operar formalmente a partir del 1 de agosto de 2026.
Según detalló, la interrupción del servicio de Unión Bus se produjo a raíz de un conflicto laboral derivado de reclamos de los trabajadores por el incumplimiento en el pago de salarios, situación que obligó a implementar una respuesta inmediata para garantizar el transporte de los vecinos.
En ese contexto, Rodríguez remarcó que Santa Ana únicamente asumió de manera anticipada las líneas que ya le habían sido adjudicadas mediante la última licitación pública y que estaban previstas para incorporarse a su operación desde el 1 de agosto, “no se trata de un capricho ni de una decisión improvisada, sino del adelantamiento de un proceso que ya estaba definido”, sostuvo.
El procurador general también destacó que la licitación se desarrolló respetando todas las instancias legales, con la participación del Concejo Deliberante en la elaboración de la ordenanza y en la comisión de preadjudicación, garantizando la transparencia del procedimiento.
Asimismo, indicó que las empresas Santa Ana y El Urbano fueron adjudicatarias porque cumplieron con los requisitos técnicos, económicos y financieros establecidos por el Municipio, incluyendo la solvencia necesaria y el parque automotor requerido para brindar un servicio adecuado.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, cuestionó las declaraciones públicas del funcionario provincial José María Albizo Cazón al considerar que desconocen el proceso administrativo y judicial que respaldó la licitación.
Muro señaló que resulta contradictorio respaldar a una empresa que atraviesa dificultades económicas, mantiene conflictos por el pago de salarios y no reunía las condiciones exigidas para participar de la licitación debido a su situación financiera.
Asimismo, recordó que el proceso licitatorio fue judicializado y que la Justicia de la Provincia avaló el procedimiento impulsado por la Municipalidad, ratificando la legalidad de la adjudicación.
Finalmente, destacó que el Municipio actuó con rapidez para garantizar que los usuarios no vieran interrumpido el servicio. En ese sentido, reiteró que Santa Ana comenzó a prestar anticipadamente únicamente los recorridos que ya tenía adjudicados, asegurando la continuidad del transporte público hasta la entrada en vigencia del nuevo esquema prevista para el 1 de agosto
