Domingo 26 de julio de 2026

Economía

Nicolás Pino reclamó eliminar las retenciones y destacó la política económica de Milei en la Rural

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, volvió a reclamar la eliminación definitiva de las retenciones durante el acto de apertura de la 138.ª Exposición Rural de Palermo. Frente al presidente Javier Milei y miembros del gabinete nacional, sostuvo que los derechos de exportación «deben dejar de existir, por ley y para siempre», al tiempo que destacó los principales resultados económicos de la actual gestión.

En un discurso de fuerte respaldo al Gobierno, Pino afirmó que la entidad mantiene una visión «optimista pero objetiva, crítica pero constructiva» sobre la situación del país y remarcó el peso del sector agropecuario en la economía argentina.

Según detalló, durante el último año la actividad agrícola generó alrededor de 40.000 millones de dólares, la ganadería aportó otros 34.000 millones y las economías regionales sumaron 11.500 millones, alcanzando un total superior a los 83.000 millones de dólares.

El reclamo por el fin de las retenciones

El titular de la SRA calificó a las retenciones como un régimen «confiscatorio» que, según dijo, desde 2002 significó una recaudación de unos 215.000 millones de dólares para el Estado.

No obstante, reconoció la reducción aplicada durante la gestión de Milei y aseguró que esa menor carga tributaria permitió que el sector reinvirtiera cerca de 6.000 millones de dólares en genética, maquinaria, pasturas y mejoras productivas.

«Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre», expresó Pino, al sostener que la baja de impuestos se traduce en mayor producción, inversión y generación de empleo.

También destacó el crecimiento registrado en distintas actividades, mencionando un aumento del 34% en la cosecha de maíz, la duplicación de la producción de girasol y un récord de 30 millones de toneladas de trigo.

Respaldo al rumbo económico

Pino valoró varios indicadores de la política económica nacional y enumeró entre los principales logros la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la baja del riesgo país.

Además, sostuvo que la desregulación económica favorece la apertura de nuevos mercados internacionales y afirmó que la producción «ha comenzado a desplazar a la especulación financiera».

El dirigente también señaló que los índices de pobreza muestran una tendencia descendente y destacó el mayor diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Rural.

Críticas a provincias y municipios

Uno de los tramos más duros del discurso estuvo dirigido a los gobiernos provinciales y municipales.

Pino cuestionó el impuesto sobre los Ingresos Brutos, las tasas viales que «no se traducen en obras» y el cobro de gravámenes por el traslado de mercaderías entre provincias.

A su entender, esas medidas generan «aduanas internas», una práctica que consideró contraria a la Constitución Nacional.

Además, reclamó que la presión impositiva se traduzca en mejores servicios de salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura para las zonas rurales.

Infraestructura y competitividad

El presidente de la SRA advirtió que el atraso en caminos rurales, puertos, trenes y conectividad incrementa el denominado «costo argentino» y reduce la competitividad del sector.

En ese sentido, reclamó un plan de obras para mejorar la infraestructura vial y prevenir inundaciones, especialmente en la cuenca del río Salado, ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño.

También remarcó que el futuro del agro dependerá cada vez más de la incorporación de tecnología, con agricultura de precisión, inteligencia artificial, robótica, drones y sistemas de trazabilidad digital, además de una mayor disponibilidad de crédito de largo plazo para impulsar inversiones.

Finalmente, Pino defendió la propiedad privada sobre los servicios ecosistémicos generados por los productores rurales y rechazó cualquier intento de que los gobiernos provinciales los consideren bienes de dominio originario, al sostener que ello sería incompatible con la Constituc

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