A lo largo del año se estiman se habrán perdido unos USD 50.000 millones, en términos de PBI. Habrá que afrontar la post-pandemia con una actividad empequeñecida y costos sociales muy superiores a los planes de ayuda del Gobierno.
Por Sergio Serrichio
“La enfermedad tiene una gran capacidad de diseminación, pero no es grave. Mucha gente la tiene sin tener síntomas, con lo cual favorece la circulación. En segundo lugar, (de) los que tienen síntomas, el 80% la tiene en formas leves: no necesita internación, lo aíslan para que no siga propagando. Y del 20% que necesita internación, sólo el 5% hacen formas graves, y los que hacen formas graves que llevan a una consecuencia fatal son el 2 ó 1%”. Así decía la máxima autoridad sanitaria de la Nación el viernes 20 de marzo, primer día del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) dispuesto por el gobierno en todo el país. El jueves 19, último día “pre-cuarentena”, se habían detectado 31 nuevos casos y la cuenta de infectados de coronavirus se elevaba a 128 personas.
El “escenario optimista” para la Argentina eran unos 250.000 infectados en el “pico” de la pandemia, hacia fines de abril o principios de mayo, aseguró Ginés González García. “Son modelos de simulación, es un modelo matemático que venimos haciendo, hasta ahí aguanta bien el sistema de salud”, explicó. Había que “aprovechar el miedo para que se cumplan las restricciones” y así “amesetar la curva”.
El ministro de Salud calificó de “desaprensiva” la reacción europea al virus. “Tenían el modelo chino, ya sabían lo que estaba pasando”, dijo. En cambio -aseguró- el gobierno argentino ya en enero había empezado a “vigilar” a quienes llegaban del exterior. Los europeos, insistió, “cometieron dos errores: largar tarde y largar escalonadamente, tal vez por exceso de respeto a la democracia y el libre albedrío de la gente”.
A tus zapatos
Cien días después aquellas certezas y previsiones se esfumaron. Con los anuncios de ayer, al 17 de julio el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires, que comprende la Ciudad de Buenos Aires y 40 Municipios del conurbano bonaerense), donde habitan 14,8 millones de personas, 37% de la población argentina (Censo 2010), y se genera 48% del PBI del país (Fundación Metropolitana), completará 120 días de cuarentena y habrá pasado 60% del año confinada por una serie de decretos del Gobierno nacional.
La cuarentena, en rigor, abarca toda la Argentina, aunque en forma atenuada a la mayor parte de la geografía –no de la población ni de origen del PBI- del país. Entre el decreto 297 que listó al inicio 24 sectores “esenciales” y las dos primeras extensiones de la cuarentena, hasta el 26 de abril, las actividades “permitidas” se ampliaron a 59.
El sábado 25 de abril y después de consultar a los gobernadores y a sus asesores sanitaristas el presidente Alberto Fernández anunció que el lunes 27 empezaba la “flexibilización gradual” del ASPO para, explicó, permitirle generar ingresos a sectores muy afectados “sin poner en riesgo la salud de la población”, pero excluyendo las áreas de mayor circulación viral y los 11 aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes, en los que (EPH, diciembre 2019), viven 22,8 millones de habitantes, casi 50% de la población del país, y generan una proporción mayor de la generación de riqueza por año (PBI).
Dos extensiones más tarde, el feriado del lunes 25 de mayo, se publicó el decreto 493, que extendió la cuarentena hasta el 10 de junio, destacó que el número de infectados en el país era sólo el 0,4% de los casos “a nivel regional” (incluyendo a México, EEUU y Canadá), precisó que en 84,6% del país no se habían detectado casos en 14 días y permitió a las provincias empezar a habilitar excepciones en los aglomerados de más de 500.000 habitantes “siempre que se verifiquen positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios que se han establecido con base científica”.
La anteúltima prórroga, de tres semanas, fue anunciada el viernes 5 de junio, previa de un fin de semana XL. El presidente arbitró diferencias entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que junto a sus ministros de Salud, Daniel Gollán, y de Seguridad, Sergio Berni, se esforzaba por atribuir a decisiones de Larreta el aumento del número de casos en el AMBA. El “Área Metropolitana” siguió en el ASPO junto a otras de Chaco, Chubut, Córdoba y Río Negro, mientras el resto del país gozaba del DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio). Se habló de “cuarentena quirúrgica” y el Presidente destacó que “el 75% de la industria argentina no tiene restricciones y el 81% de los comercios funcionan con normalidad”. Se refería a la proporción en valores nominales, muy lejos de la contribución real al PBI y al empleo, por las limitaciones que se mantuvieron a la movilidad de las personas, en particular a través del transporte público y los protocolos aprobados para mantener la distancia de los trabajadores y de los clientes y proveedores.
¿Recta final?
Y así se llegó a la nueva extensión y endurecimiento, con poco más de un quinto de contagios de lo que el ministro de Salud había dicho que habría en mayo y que el sistema sanitario podía aguantar, una sociedad y una economía exhaustas y la novedad de que -amén de reimponer un restricto confinamiento en el AMBA- el Gobierno anuncia por primera vez la aplicación de un programa de testeo, aislamiento y rastreo de contactos en toda el área metropolitana y zonas del interior de alta circulación viral, como aconsejaban casi todos los expertos.
Por cierto, las cifras oficiales de contagios y muertes por COVID-19 siguen dando a la Argentina un mejor balance sanitario que muchos países del mundo y en particular que vecinos como Brasil, Perú y Chile. El número de muertes por millón de habitantes a causa del virus es aquí unas diez veces menor al de esos tres países, en tanto el de contagios es 23 veces menor al de Brasil y 5 veces menor al de Perú y Chile.
También es cierto que el número de testeos por habitante es un cuarto de lo que en Perú y Chile y de la mitad que en Brasil, lo que proyecta sobre los datos argentinos un mayor margen de error y un menor conocimiento del locus y dinámica del virus, que es lo que se precisa (junto al aislamiento de casos y el rastreo de contactos) para no depender tanto de la cuarentena.
Mientras, ¿qué pasó con el entramado de capital (empresas, bancos, campos), trabajo (empleados formales e informales, cuentrapropistas, monotributistas), Estado y relaciones cotidianas de contrato e intercambio que llamamos “economía” y sustenta el pan diario de 45 millones de argentinos?
Vidas y economía
Si bien el Presidente dijo al principio que “un negocio se puede reabrir pero una muerte es irreversible”, no está claro que decenas de miles de empresas o comercios puedan reabrirse –al menos, a breve plazo- una vez que cierran y que se recuperen los cientos de miles de empleos y el valor que generaban. Y sí es claro –pero difícil de cuantificar- que con el tiempo más pobreza significa menos posibilidades y vidas más cortas –ergo, más muerte por unidad de tiempo- en un ciclo de transmisión generacional. Y también más delito (de vuelta: más muerte). La propia Laura Garrigós de Rébori, fundadora de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, designada por el presidente titular del Servicio Penitenciario Federal, dijo al asumir: “El día que salgamos de la cuarentena, con la crisis económica que vamos a estar padeciendo nosotros y el mundo entero, vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad, porque todas las crisis han producido eso”.
La economía ya venía mal, al punto que en el primer trimestre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE, suerte de “anticipo” del PBI) cayó 5,4%, dato que no fue casi afectado por la cuarentena, que abarcó apenas los últimos 12 días, de los cuales sólo 4 fueron días hábiles.
Luego vino el colapso económico. Por citar algunos datos:
-Según Industrias Pyme Argentina (IPA, una entidad sectorial) 17.798 pymes ya habían cerrado hacia fines de abril y según la Cámara de Comercio Argentina, unos 100.000 negocios de todo el país no volverán a abrir tras la pandemia.
– En abril la industria automotriz, por primera vez en su historia, no produjo ningún vehículo.
-En abril la actividad industrial de las Pyme relevadas por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cayó 52% interanual y en mayo 35%. En ambos meses el uso de la capacidad instalada fue bien inferior al 50%, el sector registró un retroceso de 23,8% en el periodo enero-mayo respecto de igual lapso de 2019 y el Indice de Producción Industrial Pyme (IPIP) fue el del peor mayo desde que empezó a compilarse en 2008. Las caídas superaron el 60% en algunos rubros, y si se excluyen “Alimentos y bebidas” y “Farmacia y Perfumería”, considerados “esenciales” –y por lo tanto nunca cerrados- desde el inicio de la cuarentena, la caída del mayo, mes ya “flexibilizado” fue de 45 por ciento.
– Ese mismo mes el conjunto de la actividad manufacturera cayó 19,9%, según FIEL.
-La Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha, agrupa a expendedores de combustible) precisó que de enero a abril la caída en el expendio de naftas y gasoil fue de 47,5% entre febrero y abril y el retroceso se redujo a 35,3% en mayo, gracias a una “recuperación respecto del piso de abril. Así, el volumen de ventas fue 34,5% inferior al de mayo de 2019, un año recesivo. Pese a la “flexibilización” que ya había operado en el mes, la caída en naftas fue de 49% (y en las “premium” 53%), pero en gasoil el retroceso fue de “sólo” 15,1%, fundamentalmente sostenida por las actividades del campo.
– La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina precisó que la caída interanual de actividad del sector fue de 83% en abril, 83% en mayo y sería de 79% en junio, con caídas de más de 90% en la Ciudad de Buenos Aires, lo que en los próximos meses llevaría –alertó- a un cierre masivo de hoteles porteños.
– En abril en la Ciudad de Buenos Aires se registraron apenas 7 operaciones de compra-venta de inmuebles y en mayo 681, “recuperación” que en verdad implica una caída interanual de 78,7%. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, en mayo se registraron 407 operaciones, una caída interanual del 94,7%.
-Un “relevamiento sobre la realidad empresaria 2020″ del Ieral de la Fundación Mediterránea detectó en tanto que “durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio las ventas respecto al mismo período de 2019 disminuyeron en el 73% de las empresas relevadas, en el 12% permanecieron constantes y solo en el 15% aumentaron”, con mayores caídas en las empresas de menos de 100 empleados.
Impacto social
El impacto de semejante derrumbe sobre el empleo y la situación social es insoslayable. A principios de junio, el Observatorio de Deuda Social de la UCA estimó que durante la cuarentena unas 900.000 personas (básicamente en el sector informal) perdieron su ocupación y hace una semana representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentaron el informe “COVID-19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental” en el que proyectaron que la pobreza infantil, que a fin de 2019 ya era de 53%, se elevará a fin de año al 58,6%.
En un trabajo publicado por el Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE), Oscar Cetrángolo y Javier Curcio citan diferentes estudios de situación. Uno de ellos, la “Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana” realizado por UNICEF, relevó que desde el inicio del ASPO, en el 59% de los hogares (unos 3,6 millones de viviendas en las que habitan 15 millones de personas) los ingresos laborales cayeron. El porcentaje aumenta al 62% en la Provincia de Buenos Aires, al 70% entre los perceptores de la AUH y al 75% en el caso de familias numerosas.
El mismo relevamiento señala una “pérdida de empleos promedio” de 7% en todo el país y de 10% en el norte, y que “56% de las pérdidas de ingresos se debe a la caída en la actividad de venta ambulante, cuenta propia de plomería, albañilería, electricidad, changarín, etc”. Otro 15% se debe a “baja de pedidos”, 12% a reducción de horas de trabajo y el 17% restante a suspensiones laborales. “En el 31% de los hogares relevados se dejó de comprar algún alimento por no tener dinero, y esta situación se agudiza en villas y asentamientos donde las privaciones nutricionales afectan a 5 de cada 10 hogares”, dice el reporte de Unicef.
Las respuestas oficiales a esa realidad social, listan Cetrángolo y Curcio fueron:
1) el Subsidio extraordinario a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación Universal por Embarazo (AUH), de $3.103 (0,042% del PBI anual);
2) la Tarjeta Alimentar, un “refuerzo” de $4.000 para hogares con un hijo de hasta 6 años que reciben la AUH y de $6.000 para hogares con más de un hijo, y a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la AUE y personas con discapacidad que reciben la AUH, a razón del 0,024% del PBI anual cada mes; y
3) el Refuerzo excepcional de hasta un máximo $3.000 a las jubilaciones y pensiones más bajas abonado en abril de 2020, hasta completar la suma de $18.891. Llegó a 6,7 millones de pensionados y jubilados apiñados en la base del sistema previsional, a un costo fiscal de 0,044% del PBI anual.
El programa más importante, sin embargo, fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de $10.000 mensuales por Hogar para monotributistas de las categorías A ó B, trabajadores/as de casas particulares, trabajadoras/es desempleados/as o informales de entre 18 y 65 años, cuyos grupos familiares cumplan con ciertos criterios socio económicos. De lejos, el programa de ayuda social fiscalmente más “costoso”: unos $80.000 millones mensuales, equivalentes a 0,248% del PBI anual (adicionalmente, hay un “bono” de $ 3.000 para destinatarios de otros planes no compatibles con el IFE, de costo fiscal exiguo: 0,005% del PBI).
El IFE es el programa de ayuda social fiscalmente más ‘costoso’: unos $80.000 millones mensuales, equivalentes a 0,248% del PBI anual
Cetrángolo y Curcio estiman el “costo fiscal” de ese despliegue de programas, con toda su complejidad logística y administrativa, que llevó incluso al infausto viernes 3 de abril, cuando millones de jubilados y perceptores de planes se agolparon fuera de los bancos, en 1,54% del PBI, medida ciertamente inferior al flujo de ingresos perdido por los millones de personas afectadas. El IFE, precisan, alcanzó al 17,3% de la población del país (contando los familiares de cada perceptor), con un máximo de 26,5% de la población en Chaco y un mínimo de 9,4% de la población porteña.
En el frente productivo, en tanto, el principal programa fue el “Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción” (ATP), para empleados formales del sector privado (pago parcial de salarios, hasta un máximo de dos salarios mínimos) y monotributistas y autónomos afectados por fuertes caídas de ingreso (Créditos a Tasa Cero de hasta $ 150.000 con un período de gracia de 6 meses a abonar en hasta 18 cuotas fijas).
Economistas locales proyectan caídas superiores. “Los indicadores dan muy mal. La prolongación de la cuarentena y el retroceso en el AMBA seguirá haciendo daño. Las previsiones de caída del PBI pasaron de a 6 a 8%, luego a 10%; nosotros estamos en la zona de 11%, pero muy supeditado a cómo se configure y administre la cuarentena”, dijo Esteban Domecq, de Invecq Consultores.
“En otros países con cuarentena la caída económica no fue tan fuerte. El PBI de Chile (que al principio tuvo cuarentena más laxa) caerá 5%, el Uruguay entre 4 y 5% y el Perú entre 8 y 9%”, dijo Domecq. “Acá, a una situación muy frágil le sumamos una cuarentena extensa y rígida”. Chile, Perú, Colombia, Paraguay, explicó Domecq, tienen fondos anticíclicos y crédito. “Aquí, en cambio, tenemos problemas fiscales, no arreglamos deuda, sigue la inflación y financiamos todo con emisión, todos condicionantes que agravan el cuadro. En marzo, la economía brasileña había crecido 1,8%, la chilena 3%, la colombiana 4,8% y la peruana 1,6%. La argentina, en cambio, había caído 11,4% interanual, un ritmo que empezó a extrañarse en abril.
Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, dijo a Infobae: “la caída será de “al menos 10%, asumiendo que la pandemia queda atrás en septiembre y que la economía vuelve a crecer en el cuarto trimestre”, lo que no es nada seguro. A lo largo del año, precisó, se habrán perdido unos USD 50.000 millones. El futuro, añadió, exigirá reformar la ley de Quiebras y crear una suerte de “Hospital de Empresas” si se quiere evitar un cementerio de empresas.
En la presentación de su más reciente informe mensual el consultor Miguel Broda arriesgó que el PBI argentino podría caer entre 11 y 14% en 2020 y, comparando las situaciones previas de anteriores recesiones con la actual, sostuvo que la Argentina podría recuperar recién a fines de 2026 el nivel del PBI de principios de 2018, antes del inicio de la recesión que descarriló la gestión macrista.
En términos de PBI por habitante y tomando una referencia más lejana, Rodrigo Álvarez, de la consultora Analytica, señaló que tras la híper-recesión actual y la lenta recuperación desde una economía empequeñecida, la Argentina recuperaría recién en 2030 el PBI per capita de 2011. No una, sino dos “décadas perdidas”.
“Toda la economía va a estar trabajando en otra escala. Todos los sectores entonces van a tener que ajustarse”, comentó Alvarez. El jueves, en un “call” con sus clientes, Analytica exhibió el gráfico adjunto: entre 2015 y 2020/21 el PBI en dólares de la Argentina habrá encogido 40%. Le será imposible sostener el actual tamaño del Estado.
La evolución de la pandemia, en tanto, va acercando a la Argentina a la posición intermedia que suele detentar en los rankings mundiales; el número de contagios en la tabla de países por contagio se aproxima al puesto que detenta por población, aunque las tasas de contagio, letalidad y mortalidad son muy inferiores a vecinos como Brasil y Perú, que a su vez saldrían más rápidamente del marasmo económico.
“El desastre económico de Brasil es menor al sanitario”, dijo Pablo Lavigne, de la consultora Abeceb. Además, va a ser uno de los primeros países del mundo en adoptar un esquema de ingreso universal, a partir de adaptar el programa “Bolsa Familia”, iniciado durante el primer gobierno de Luiz “Lula” da Silva. “Creo que Brasil va a tener un rebote económico fuerte”, señaló Lavigne. “Está poniendo mucha plata, tiene crédito, tuvo una devaluación record, tiene empuje exportador y nunca dejó de producir del todo”.
Una diferencia, remarcó Jorge Vasconcelos, del Ieral, es que mientras Petrobras siguió explorando mar adentro, en la Argentina el principal proyecto energético, Vaca Muerta, parece volver a morir. De hecho, la publicación especializada Econojournal precisó recientemente que pese a la “reapertura” del sector y la fijación del “barril criollo”, de cerca de cien plataformas de perforación petrolera en todo el país, sólo seis están activas.
El “informe trimestral” de Abeceb sobre las economías latinoamericanas destaca, para la Argentina, un muy alto nivel de incertidumbre por los “asuntos pendientes” de política económica: reestructuración de deuda, normalización monetaria, situación fiscal post pandemia, tensión cambiaria y “reconciliación de la salud con la economía”. El PBI, proyecta, tendrá en 2020 una caída de dos dígitos, similar a la de 2002, y aún en 2021 seguiría por debajo de los niveles de 2019. Aún si se evita un “fogonazo inflacionario”, dice el documento, la inflación cerraría 2020 y 2021 en niveles cercanos a 40% anual, pues sería imposible bajar de esos niveles en el marco de una salida gradual de los congelamientos de tarifas y con “competitividad cambiaria”. Las proyecciones de la consultora dejan a la Argentina en peor posición que las otras siete economías latinoamericanas del informe.
Emanuel Álvarez Agis, ex miembro del equipo económico de Axel Kicillof, comentó en su último “Resumen Semanal” que tanto los países de cuarentenas duras como los de cuarentenas “light” tuvieron altos costos económicos. En base a datos de “movilidad”, Agis afirma que “aunque se flexibilice la circulación, la oferta y la demanda no se recuperan a la misma velocidad”, por lo que. en su análisis, la variable clave para la recuperación o no de la economía seguirá siendo la circulación del virus y el número de contagios.
En un capítulo de un flamante libro sobre el impacto económico del virus en distintas regiones del mundo, los economistas Eduardo Levy Yeyati y Rodrigo Valdés se preguntan cuán diferente es América Latina respecto de las economías avanzadas y repasan cuatro aspectos: “sensibilidad” financiera, márgenes fiscal y monetario de acción, informalidad laboral en un contexto de alta desigualdad y desencanto político con la democracia.
La alta informalidad laboral pone límites concretos a la sostenibilidad de cuarentenas largas y estrictas (Eduardo Levy Yeyati y Rodrigo Valdés)
En “sensibilidad financiera” la Argentina y Ecuador son los de peores de la clase: no tienen crédito y llevan meses bordeando el default. En materia fiscal y monetaria, escriben, “Argentina es el único país donde la reacción fiscal depende exclusivamente de cortar otros gastos y de la emisión del Banco Central”. Por eso, alertan, “hay una real chance de trastorno inflacionario”. A su vez, prosiguen, la alta informalidad laboral pone límites concretos a la sostenibilidad de cuarentenas largas y estrictas y citan un documento de Cepal según el cual la Argentina, Brasil, Ecuador y Nicaragua son los países que sufrirán un mayor aumento del desempleo.
Por último, Yeyati y Valdés advierten el riesgo de que exigir demasiado a la población con cierres estrictos y prolongados agote el combusible fiscal y psicológico y deje al gobierno y a la sociedad exhaustos antes de la segunda parte de la “maratón”: porque después de las cuarentenas vendrá una etapa, que estiman en promedio 18 meses, en la que habrá que mantener el “distanciamiento social” en el camino hacia la “nueva normalidad”, una salida lenta y esforzada que, aún a fines de 2021, no permitiría recuperar los niveles de PBI pre-pandemia.
La nueva y más astringente etapa de cuarentena anunciada por el presidente Alberto Fernández junto a Rodríguez Larreta y Kicillof sería, así, no un último esfuerzo para contener la pandemia, sino otra cuota a cuenta de un futuro que, a la luz del resultado económico y el trayecto que falta recorrer, parece muy cara.
