La provincia dio un nuevo paso en las políticas de protección integral de niños, niñas y adolescentes. La Suprema Corte de Justicia, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA) y el Instituto Provincial de Juegos de Azar (INPROJUY) firmaron este 30 de abril un convenio de cooperación interinstitucional para restringir el acceso a salas de juego y casinos a personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).
La medida apunta a generar mecanismos de control que contribuyan al cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias, mediante el intercambio de información entre los organismos involucrados y la implementación de herramientas técnicas de fiscalización.
El acuerdo fue suscripto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Otaola; la jueza del máximo tribunal y directora de la ONNA, Mercedes Arias; y el presidente del INPROJUY, Walter Morales.
También participaron del acto el vicepresidente de la Suprema Corte, Mariano Miranda; las juezas y jueces María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Eduardo Uriondo y Gonzalo de la Colina; el vicepresidente del INPROJUY, Leandro Meyer; la secretaria de Justicia de la Provincia, Marcela Infante; el coordinador de Justicia, Franco Bravo; y las coordinadoras de la ONNA, Carolina Bidondo y Lucrecia Oviedo.
Durante la firma, Otaola destacó la importancia de la iniciativa y sostuvo que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias genera situaciones de vulnerabilidad que impactan directamente en las familias.
“Este convenio, impulsado por la ONNA junto a autoridades provinciales, busca mejorar la situación vinculada a los deudores alimentarios morosos. Es fundamental que el Estado genere herramientas concretas para abordar esta problemática”, expresó.
En la misma línea, Mercedes Arias remarcó la necesidad de avanzar en la aplicación efectiva de la normativa vigente.
“Desde el Estado debemos brindar un mejor servicio de justicia y eso implica trabajar de manera articulada. Contamos con una ley previa, la Nº 6498, y es momento de profundizar su implementación”, señaló.
Por su parte, Walter Morales valoró el acuerdo y aseguró que desde el organismo continuarán colaborando en acciones que contribuyan al bienestar social.
“Venimos trabajando en distintos aspectos vinculados al control y regulación del juego. Este convenio nos permite aportar a una problemática que impacta directamente en las familias”, afirmó.
A su turno, Mariano Miranda informó que el próximo 6 de mayo se realizará la primera reunión de presentación del convenio junto a jueces de familia, con el objetivo de definir los protocolos necesarios para su puesta en marcha.
Finalmente, la secretaria de Justicia, Marcela Infante, presentó un informe sobre el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y detalló que desde su creación ya se emitieron más de 30.500 certificados.
La funcionaria destacó además que el registro opera de manera diaria y mantiene una articulación permanente con el Poder Judicial para fortalecer las acciones de control y seguimiento.
