Por otro lado, los comercios fueron los que registraron mayor actividad, y aunque se notó el impacto de la huelga en las calles, se mantuvo un flujo de personas.
La prácticamente total adhesión de los gremios del transporte, quienes juegan un papel fundamental para asegurar un alto nivel de acatamiento en una huelga, ha condicionado el funcionamiento normal de actividades que no están dispuestas a detenerse. El Gobierno ha tomado nota de esta situación y ha desplegado inspectores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para asegurarse de que las empresas de transporte de colectivos sigan prestando servicios.
El Estado, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desempeña un papel crucial al proporcionar subsidios. Según la evaluación realizada en la Casa Rosada, aproximadamente el 40% de los colectivos están en funcionamiento.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, en consonancia con las declaraciones previas del secretario de Transporte, Franco Mogueta, confirmó que se descontará el día a aquellos que no se presenten a trabajar. Además, las empresas que hayan cooperado con el paro de los gremios no recibirán los subsidios correspondientes.
«El paro no ha tenido un impacto contundente», afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien denunció ataques a colectivos en el conurbano bonaerense. Por otro lado, los impulsores de la protesta anticipan un paro casi total y hacen comparaciones con las medidas tomadas contra Fernando de la Rúa el 13 de diciembre de 2001, o el 8 de agosto de 1996, la primera gran reacción contra Carlos Menem.
La huelga se lleva a cabo en un contexto de alta inflación, aunque con una desaceleración gradual. El Gobierno está muy activo en la regulación de las paritarias y está dispuesto a avanzar con un ajuste del gasto público, que implica reducciones significativas en el poder adquisitivo de los montos de los planes sociales, el salario mínimo y los haberes jubilatorios.
Además, uno de los objetivos principales de la huelga es influir en la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal, dos iniciativas sensibles para los sindicatos debido a que incluyen una reforma laboral y la reintroducción del impuesto a las ganancias.
Los sindicatos intentan que el impacto de la huelga, respaldada políticamente por el peronismo y las fuerzas de izquierda, sea el más significativo de los últimos 20 años. Ni durante los diferentes gobiernos kirchneristas ni durante el gobierno de Cambiemos se había logrado una unión sindical tan sólida. Para encontrar una confluencia multisectorial como la que se está articulando hoy, hay que remontarse a la crisis de 2001 o al segundo mandato de Menem. En esta ocasión, en rechazo al ajuste y a las reformas libertarias, se unirán las tres centrales obreras, movimientos sociales, organizaciones de jubilados y agrupaciones estudiantiles. Incluso se han sumado adhesiones de diferentes centrales sindicales extranjeras, que advierten sobre lo que consideran un dramático empeoramiento de la crisis económica y social desde la llegada de Milei al poder.
La tensión y la desconfianza han marcado la relación entre Milei y los gremios desde que el libertario venció a Sergio Massa en las elecciones presidenciales. Inicialmente se abrió un canal de diálogo entre la CGT y el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero los detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado a finales de año terminaron por romper los lazos. El intento de Milei de avanzar con una reforma laboral por decreto fue considerado una provocación por parte de los gremios, quienes sintieron amenazada su representación y recaudación por primera vez en mucho tiempo. Aunque el capítulo laboral del decreto 70/23 quedó suspendido hasta que se pronuncie la Corte Suprema, una versión más suave fue aprobada en la Cámara de Diputados. La nueva reforma salvaguarda la caja sindical mediante un acuerdo entre el Gobierno y sus aliados de Pro, Hacemos Coalición Federal y la UCR, quienes priorizaron los aspectos menos conflictivos en pos de una modernización laboral.
A pesar de todo, la CGT ha avanzado con su segundo paro general en cinco meses. Esto sucede a pesar de haber iniciado un diálogo con el Gobierno hace un mes, en lo que fue su primer intercambio oficial. Aquella primera reunión, en la que participó Santiago Caputo, asesor de Milei, ayudó a resolver las negociaciones paritarias de los camioneros y a limitar el alcance de la reforma laboral. Sin embargo, los gremios decidieron mantener su postura firme y no declarar una tregua. En la CGT, se atribuyen la representación de otros sectores que están dispuestos a enfrentarse al Gobierno, y los sindicalistas creen que podrían capitalizar este momento, especialmente ahora que el peronismo atraviesa una crisis interna tras el revés electoral del año pasado.
La participación del transporte en su conjunto garantiza dificultades para llegar a los lugares de trabajo. No habrá colectivos, trenes ni subtes. Esto marca un cambio significativo en comparación con el primer paro realizado por la CGT el 24 de enero pasado, cuando los servicios se mantuvieron en gran parte del día y los gremios se movilizaron al Congreso para rechazar la Ley Bases. La apuesta de hoy es demostrar su poder, influir en los legisladores y obligar a Milei a sentarse a negociar con lo que el Presidente considera «la casta».
