María Inés Zigarán, diputada nacional por Jujuy
La diputada nacional por Jujuy presentó un proyecto que busca establecer herramientas para corregir, actualizar, contextualizar o desindexar información en Internet cuando provoque un perjuicio injustificado.
La iniciativa también contempla mecanismos frente a la violencia digital, la suplantación de identidad y la difusión de contenidos íntimos manipulados con inteligencia artificial.
La diputada nacional por Jujuy María Inés Zigarán presentó un proyecto de ley de Tutela de la Identidad Digital y Derecho a la Desindexación, destinado a establecer nuevas herramientas legales para proteger a las personas frente a situaciones derivadas de la permanencia y circulación de información en Internet.
La iniciativa parte de una problemática cada vez más presente: contenidos publicados en la web que pueden permanecer durante años, ser replicados en distintas plataformas y terminar condicionando la identidad digital de una persona, incluso cuando la información haya quedado desactualizada o su permanencia genere un perjuicio.
Entre las medidas propuestas se encuentra la posibilidad de solicitar la corrección, actualización, contextualización o desindexación de determinados contenidos cuando exista un daño injustificado. El proyecto aclara que la desindexación no supone necesariamente eliminar la información original, sino impedir que determinados enlaces aparezcan entre los resultados de búsqueda asociados al nombre u otros datos identificatorios de una persona.
Desindexar no significa borrar información
Uno de los puntos centrales de la propuesta es diferenciar entre la eliminación de un contenido y su desindexación. Mientras la primera supone retirar la información de su sitio de origen, la segunda limita su aparición en los motores de búsqueda, manteniendo el material disponible en la fuente original.
El proyecto establece que la desindexación de información lícita y veraz tendría carácter excepcional y requeriría acreditar la existencia de un daño actual, concreto y sustancial que prevalezca de manera clara sobre el interés público y la libertad de expresión.
A su vez, plantea una protección reforzada para contenidos relacionados con el ejercicio de funciones públicas, candidaturas, utilización de fondos estatales, hechos de corrupción, responsabilidades institucionales, violaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas, científicas o históricas.
De esta manera, la iniciativa busca establecer criterios para compatibilizar el derecho a la privacidad, la identidad, el honor y la seguridad personal con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso de la sociedad a información de interés público.
Violencia digital y contenidos generados con inteligencia artificial
Otro de los ejes del proyecto está relacionado con la violencia digital. La propuesta incorpora mecanismos de tutela urgente ante la difusión o amenaza de difusión de contenido íntimo sin consentimiento, incluidos aquellos materiales que hayan sido manipulados o generados mediante herramientas de inteligencia artificial.
También contempla situaciones de sextorsión, suplantación de identidad, amenazas y divulgación riesgosa de datos personales, con disposiciones específicas para niñas, niños y adolescentes y una protección reforzada para víctimas de delitos y violencia.
El proyecto plantea además evitar la exposición innecesaria de información sensible, como datos personales, imágenes íntimas o información vinculada con la salud y la vida sexual.
La iniciativa se presenta como complementaria de la Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital o telemática como una modalidad de violencia contra las mujeres.
Límites para evitar restricciones a la libertad de expresión
El texto presentado por Zigarán establece que los mecanismos previstos no podrán utilizarse como una forma de censura previa, ni para alterar archivos periodísticos lícitos, revelar fuentes o restringir el acceso a información pública.
En los casos vinculados con contenidos periodísticos o asuntos de interés público, el proyecto plantea que cualquier controversia deberá respetar las garantías del debido proceso y quedar bajo control judicial.
La propuesta también toma como antecedente jurisprudencial el caso Denegri, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó el alcance del derecho a la desindexación frente a información veraz y vinculada con el interés público.
Nuevas obligaciones para las plataformas
El proyecto también establece obligaciones para los prestadores de servicios digitales, entre ellas la implementación de procedimientos transparentes, canales de contacto, revisión humana de determinadas decisiones y preservación de evidencia.
Para las plataformas de mayor alcance se contemplan, además, obligaciones específicas de transparencia.
La iniciativa propone que la Agencia de Acceso a la Información Pública sea la autoridad de aplicación y que dentro de su estructura funcione una unidad especializada en identidad digital y violencia digital con perspectiva de género.
Una acción judicial específica
Entre las herramientas previstas también figura la creación de una acción judicial específica de tutela de la identidad digital, que podría ser promovida directamente por la persona afectada cuando considere que su identidad está siendo perjudicada por la circulación o permanencia de determinados contenidos.
Según explicó Zigarán, el objetivo es establecer un mecanismo que permita responder ante situaciones de violencia y daños vinculados con la vida digital sin afectar el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público.
La propuesta deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en el Congreso, donde será analizada junto con las normas y antecedentes existentes en materia de protección de datos personales, libertad de expresión, violencia digital y regulación de las plataformas.
