Verónica Lucía Razzini tiene 42 años y trabaja en un emprendimiento familiar en Rosario. Durante 90 días, su planta recicladora y una distribuidora de materiales para la construcción estuvieron paralizadas por activistas del gremio de los camioneros en reclamo del encuadramiento de 18 empleados.
Hizo la denuncia y la Justicia actuó: hubo primero 13 presos por el bloqueo y hoy hay cuatro gremialistas que responden a Hugo y Pablo Moyano imputados a la espera del juicio oral. Su experiencia la empujó el año pasado a crear el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que nació con ocho pymes adheridas y hoy ya cuenta con 123.
La reciente detención de los dos dirigentes camioneros de San Nicolás por bloquear una distribuidora de alimentos puso de relieve el silencioso trabajo del MEAB. “Hubo un efecto dominó. Hubo llamados, consultas y recibimos entre dos y tres denuncias por día cuando antes podía pasar una semana sin que nadie nos contacte”, dice Razzini a LA NACION sobre un conflicto que dejó expuesto a los Moyano para fomentar este tipo de protestas. De los nuevos casos relevados, no en todos está involucrado el gremio de los camioneros. Figuran la Uocra, químicos y Carga y Descarga.
En la mayoría de bloqueos activados por los camioneros, el reclamo es por el encuadramiento sindical de los empleados. Es decir, a qué gremio le corresponde estar afiliado de acuerdo a la actividad principal de la compañía. “Se quiere disfrazar un delito detrás de la pelea por los derechos laborales. Una cosa es el derecho a la protesta, que es justo, pero la extorsión no va más”, dice Razzini. Y agrega: “A los conflictos de encuadre los debe resolver internamente la CGT y no los empresarios ni el Ministerio de Trabajo”.
Lejos de los deseos de Razzini, en la CGT hay un comité arbitral pero virtualmente paralizado e inactivo. El tribunal que interviene en las disputas entre sindicatos por temas de encuadramiento es encabezado por Carlos Sueiro, del gremio de Aduana, y tiene como uno de sus vocales a Daniel Vila, de la Unión de Carga y Descarga, el sindicato que talla en los centros de distribución de Mercado Libre, donde los Moyano intentaron más de una vez poner un pie a través de su política de bloqueos. El último conflicto que resolvió el comité fue una pulseada entre el Smata y el gremio del personal de las estaciones de servicios, el año pasado. Le dio celeridad a pesar de que antes se apilaron otros casos que involucraban a los camioneros.
“En la Argentina hay 3200 gremios. Es una locura. Los mafiosos y que tienen delincuentes no serán más de 15. El movimiento no va en contra del sindicalismo. Todo lo contrario: quiere trabajar en conjunto porque así ganamos todos”, dice Razzini, la empresaria rosarina.
-¿Qué les dicen a los empresarios que sufren extorsiones, como les pasó ustedes?
-El empresario tiene miedo porque sabe que el Ministerio de Trabajo es cómplice y no te ayuda. Los gobiernos no ayudan y no dan respuesta. El año pasado pedimos audiencia con los ministros de Desarrollo Social y Trabajo [de la Nación], pero no tuvimos respuesta. Yo sugiero que hay que hacer las denuncias penales cuando se sufre una extorsión y los podemos asesorar para hacerlo.
-El Movimiento está compuesto en su mayoría por empresas pymes. ¿Por qué no hay multinacionales?
-Hay muchas multinacionales que quieren adoptar nuestro método, pero no se animan. Es tal vez porque muchos de los que están al frente de las multinacionales son empleados y no los dueños. Tampoco nos llamaron desde la Unión Industrial Argentina (UIA) para conocer lo que estamos haciendo.
-Junto con usted trabaja Florencia Arietto, quien milita en Juntos por el Cambio. ¿Cree que esto puede influir en el trabajo que hacen desde el MEAB?
-Ella es una abogada penal, experta en el tema. Por primera vez están metiendo presos a sindicalistas por extorsión.
-¿Usted milita en política o tiene intenciones de participar activamente?
-Hoy solo pienso en el movimiento. Me moviliza terminar con la extorsión sindical.
Nicolás Balinotti
