¿Quedará libre? El estado procesal del exjuez Bento después de la anulación de su detención

Después de que Casación rechazara su arresto, tras la destitución dictada por el Jury, el tribunal que lo está juzgando en Mendoza deberá emitir una nueva resolución. Esto ha dejado varios interrogantes pendientes.
Bento, llegando a los tribunales federales de Mendoza

MENDOZA.- La reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de anular la detención del exjuez federal mendocino Walter Bento, quien enfrenta cargos de corrupción, tras la destitución del jury de enjuiciamiento el pasado noviembre, ha generado no solo incertidumbre en el ámbito judicial, sino también ha abierto múltiples interrogantes e hipótesis. Mientras tanto, el exmagistrado permanece detenido en una cárcel en Cacheuta.

A medida que la defensa busca acelerar la liberación del cuestionado exmagistrado, quien está siendo juzgado en la provincia, las miradas se dirigen ahora hacia el próximo paso que tomará el tribunal que lo está juzgando, independientemente de las decisiones futuras que pueda tomar la Corte Suprema de Justicia con respecto al fondo del asunto.

El fallo polémico de los magistrados de Casación implica que las juezas del TOF N°2, Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, deberán emitir una nueva resolución, dado que no tomaron en cuenta el recurso extraordinario presentado por la defensa ante el máximo tribunal del país, cuestionando la privación de la libertad de Bento. La defensa sostiene que la resolución del jury no es definitiva, aunque constitucionalmente sea «inapelable». Según la defensa, Bento aún goza de «inmunidad de arresto».

Por lo tanto, según diversas fuentes consultadas, el panorama futuro es incierto, aunque coinciden en que es probable que las magistradas mantengan su posición original de continuar con el juicio contra Bento, ya que consideran que ya no tiene fueros y los procesamientos con prisión preventiva siguen firmes, basados en las pruebas que lo incriminan en la megacausa por asociación ilícita.

En este contexto, las juezas podrían interpretar que la queja ante la Corte no tiene un efecto suspensivo. Además, podrían considerar un eventual pedido de la Fiscalía sobre el riesgo de fuga. Aunque los abogados defensores de Bento soliciten su liberación inmediata tras el fallo de Casación, es posible que las juezas decidan dejarlo en libertad temporalmente o justifiquen su mantenimiento en prisión con rapidez.

Todo dependerá de los procedimientos y plazos, que podrían acelerarse o desarrollarse simultáneamente. Por lo tanto, será crucial observar lo que ocurra la próxima semana, cuando se retome el debate que tiene al poderoso exmagistrado enfrentando acusaciones por liderar una banda que ofrecía beneficios a presos por delitos graves, como narcotráfico o contrabando, a cambio de sobornos.

En las audiencias del juicio en Mendoza, que involucra a unas treinta personas acusadas, diversos testigos han complicado la situación de Bento, revelando detalles sobre los miles de dólares solicitados por la supuesta organización a abogados de internos para obtener mejoras procesales o la libertad misma. Este juicio, aún en curso, podría tener una resolución hacia fines de este año o incluso en 2025.

El tribunal de instancia superior, compuesto por los camaristas Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, anuló la detención de Bento por dos votos a uno, argumentando que la resolución del jury de enjuiciamiento que determinó su remoción en noviembre pasado no estaba firme.

Sin embargo, los magistrados centraron su atención en el recurso de queja presentado por la defensa ante la Corte, sobre el cual el tribunal oral federal conducido por Diamante no emitió opinión. Esta situación podría resolverse en los próximos días, a pesar de los esfuerzos de los abogados defensores de Bento, liderados por Mariano Fragueiro Frías, por obtener la liberación «hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirme el fallo del tribunal de enjuiciamiento de Magistrados de la Nación».

Por el momento, Bento sigue bajo custodia en el complejo federal de Cacheuta, enfrentando acusaciones que van más allá de liderar una banda, incluyendo más de 15 casos de cohecho, así como cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos.

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