Vías navegables, puertos y canales. Pero también el comercio de granos, la electricidad y hasta el petróleo. La “ola” estatista está de moda en el Frente de Todos.
Día a día se multiplican las voces que, mientras hablan de “recuperar soberanía”, insisten en que “llegó el momento” de debatir al menos “un mayor control del Estado” en sectores estratégicos de la economía del país.
Proyectos de ley, zooms y posturas en los medios dan cuenta de la ofensiva, un debate que choca con intereses empresarios y es otro de los escenarios de batalla entre el kirchnerismo combativo y la postura más moderada del presidente Alberto Fernández, varios de sus ministros y aliados “de centro”, como Sergio Massa, que ya se da en las actuales y trabajosas negociaciones con el FMI.
Con la pelea por la “estatización” de la hidrovía Paraná-Paraguay como principal bandera de batalla, los referentes del kirchnerismo duro –todos con relación estrecha con la vicepresidenta Cristina Kirchner– tuvieron esta semana un guiño presidencial concreto: la “recapitalización” de Impsa, la empresa energética que perteneció al grupo Pescarmona y fue “recuperada” por el Estado, que tendrá un 65 por ciento de sus acciones.
“¡Este es el camino! Celebro la decisión del Estado nacional y provincial de avanzar en la capitalización de Impsa”, tuiteó la diputada Fernanda Vallejos, ariete de la vicepresidenta en la Cámara de Diputados y una de las impulsoras en el Congreso –su contrapartida en el Senado es el excanciller Jorge Taiana– de revocar la concesión de la hidrovía, hoy en manos de la empresa belga Jan de Nul, asociado a la argentina Emepa.
Precisamente en relación a la hidrovía, los contrapuntos llegaron al propio Presidente, quien descartó que el Estado pueda hacerse cargo del dragado del río Paraná e instruyó al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, a prorrogar la actual concesión. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo prepara desde la secretaría de Legal y Técnica (con aval del propio Taiana) dos decretos para autorizar una “licitación corta” a través de la Administración General de Puertos y por otro lado un “mayor control” del Estado en “todas las vías navegables”, incluido el cobro de peajes a las embarcaciones que circulan por la hidrovía.
“La mayoría de las concesiones del menemismo no ha dado resultado. En este caso, hay un nivel de contrabando y subfacturación enorme. El Estado puede producir barcazas en el Astillero Río Santiago, recuperar las dragas que le prestó a la empresa e intervenir”, afirmó a LA NACION Claudio Lozano, director del Banco Nación y uno de los impulsores de la ola “soberana”. Para Lozano, “no hay una vocación estatista en el Gobierno, pero sí creemos que hay situaciones de evidente fraude, en las que el Estado puede intervenir”, sostuvo el funcionario y dirigente de la CTA.
Además de la hidrovía, desde el kirchnerismo duro apuntan a estatizar puertos (la inmensa mayoría está en manos de las provincias o de empresas privadas) y la habilitación (ya avanzada y en proceso de licitación) del canal de Magdalena para la salida de embarcaciones hacia el océano Atlántico, en lugar del actual, en Punta Indio, que hace escala obligatoria en Montevideo. “El de Magdalena un canal natural, y salir por allí evitará que se paguen impuestos en Uruguay”, afirma el ex legislador José Cruz Campagnoli, de Espacio Puebla, otro de los sectores que adhiere a la necesidad de que el Estado “asuma el control” en diversos ámbitos de la economía.
Desde el Ministerio de Transporte, mirado con recelo por quienes sospechan del “massismo”, ponen paños fríos a las iniciativas. “No podemos improvisar en momentos dónde necesitamos dólares y hay que sacar la cosecha”, sostienen, y coinciden con el Presidente en que es “imposible que el Estado” asuma el control de la hidrovía, y recalcan que luego de algunos días el gobernador Axel Kicillof pasó de pedir la estatización de esa vía navegable a reclamar “un mayor control del Estado” en los peajes.
Desde la oposición van mucho más lejos. “Al kirchnerismo no le importan los puertos ni la hidrovía. No tienen plan integral, y van por la caja”, desafió Gonzalo Mórtola, responsable del área de Puertos durante la gestión de Cambiemos. “Van en contra de lo que pasa en el mundo, donde los puertos son controlados por concesionarios. Pasa en Rotterdam, en Hamburgo y también en Veracruz, México”, ironizó el exfuncionario en referencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aliado clave de la Casa Rosada.
Más allá de la discusión por las vías navegables, otros proyectos rondan por la cabeza de legisladores, militantes y no pocos funcionarios. Uno de ellos es la reestatización de Edenor, vendida a fines del año pasado por el grupo Mindlin al denominado Vila-Manzano. “El ENRE aún no autorizó ese traspaso, y con lo que Edenor nos debe nos podríamos hacer cargo sin poner un peso”, sostiene un importante funcionario.
Otra “ventana de oportunidad” se da con YPF, que “hoy es una empresa comercial con mayoría estatal. Tenemos la posibilidad de que sea de utilidad pública si la transformamos”, comentó otro funcionario, sin dar mayores precisiones. Una senadora oficialista, la rionegrina, Silvina García Larraburu, presentó a principios de mes un proyecto para el retorno de la Junta Nacional de Granos, nacida en los años treinta e implementada por Juan Perón en su primer período de gobierno para controlar el flujo y precio de los cereales y sus sub productos en el país.
En el sector de los “halcones” no pierden la esperanza de revertir el fracaso del primer intento, aquella intervención y frustrada expropiación de Vicentin, impulsada en el Senado por la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, hace exactamente un año. Mientras esperan que “avancen” las causas por presunta estafa contra los dueños de la empresa, en el Gobierno señalan que “hoy muchos actores nos vuelven a pedir que intervengamos” para sostener la compañía cerealera y sus puestos de trabajo.
“Por ahora hay mucho barullo y pocas ideas concretas”, se atajan desde la Casa Rosada. La presión de la “ola de soberanía” parece recién estar comenzando.
Por Jaime Rosemberg (La Nación)
