Esta medida de fuerza, en protesta por los reclamos salariales y en rechazo a lo que calificó como «intransigencia de las cámaras empresariales», involucra al personal de enfermería y asistencia, excluyendo a los profesionales médicos.
El dirigente sindical comunicó esta decisión a través de un mensaje difundido en la red social X. «Ante la negativa de las cámaras empresariales, el Consejo Directivo de Sanidad ha resuelto convocar a un Paro Nacional de 24 horas a partir del jueves 22/02. Adoptaremos todas las medidas gremiales necesarias para la mejora salarial de nuestros colegas de Sanidad. #sinsalarionohaysalud», escribió Daer. Esta medida afectará las operaciones en clínicas y sanatorios de todo el país vinculados al sector privado, si bien se garantizarán los servicios esenciales y las guardias.
El paro se enmarca en una serie de protestas y acciones de fuerza iniciadas por sindicatos de la CGT en demanda de aumentos salariales. Por ejemplo, a partir de la medianoche de hoy debería comenzar el paro de La Fraternidad, que impactará en el servicio ferroviario del área metropolitana durante todo el día de mañana.
Estas protestas tienen lugar en un contexto de gran tensión entre el gobierno nacional y la CGT, debido a la situación social y a una serie de reformas impulsadas por la Presidencia de Javier Milei que afectan a los sindicatos, desde la flexibilización de las relaciones laborales hasta la desregulación del sistema de obras sociales sindicales.
Sin embargo, el aspecto más relevante es el impacto que ha tenido en la economía el plan de ajuste y estabilización implementado desde el inicio de la actual administración, con el objetivo de frenar la escalada inflacionaria y ordenar una economía caracterizada por desequilibrios, regulaciones y controles. Este programa riguroso ha afectado el nivel de actividad y ha complicado las finanzas de las empresas, que se ven limitadas para ofrecer aumentos salariales cuya financiación resulta incierta.
Una situación similar se vivió en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (CSMVM), donde los gremios y la representación patronal no llegaron a un acuerdo debido a que las cámaras evitaron hacer una oferta de aumentos en medio del contexto recesivo. Esta decisión generó un fuerte malestar en la representación sindical, tanto de la CGT como de las dos CTA, que exigieron la intervención del Estado y la firma de un laudo. Los gremios habían solicitado un aumento del 80%.
Por otro lado, el Gobierno logró que uno de los gremios de trabajadores estatales que integran la CGT aceptara un aumento del 12%, medida que fue rechazada por ATE, argumentando que se encuentra por debajo del índice de inflación y amenazando con tomar medidas de fuerza. Los funcionarios presentaron a los representantes estatales la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional de aplicar un incremento del 12% para los salarios correspondientes al mes de febrero, que se sumaría al 16% acordado para enero.
Esta oferta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, pero recibió un fuerte rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Rodolfo Aguiar. En el resto del espectro sindical, también hay divisiones entre posiciones intransigentes y dialoguistas. Parte del movimiento obrero está impulsando un paro general debido al deterioro progresivo de la calidad de vida de los trabajadores, mientras que otra parte busca espacios de negociación para evitar una profundización de la crisis y que las reformas no vulneren los derechos adquiridos.
