Fueron ocho años de investigación que pusieron al descubierto un monumental caso de corrupción, donde contrabandistas, con la colaboración de funcionarios y personal aduanero, intentaron ingresar en el país de forma ilegal mercadería valuada en 284 millones de dólares.
La organización criminal fue conocida como la Mafia de los Contenedores y ahora sus máximos responsables, entre ellos tres altos jefes de la Aduana durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, enfrentarán un juicio oral y público acusados de integrar una asociación ilícita.
Así se desprende de una resolución de 930 fojas firmada en las últimas horas por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, magistrado a cargo de la investigación.
“Los delitos económicos, especialmente el contrabando, perjudican la actividad económica y financiera del Estado, obstaculizando el logro de los objetivos establecidos en nuestra Constitución Nacional. Este daño a la recaudación fiscal afecta la meta del artículo 4 de la Carta Magna, el cual establece que el Gobierno Federal provee los gastos de la Nación con fondos del Tesoro originados en los derechos de importación y exportación. La corrupción económica tiene efectos negativos multiplicadores en la sociedad, que se traduce en competencia desleal, distorsiones de precios y expansión de las prácticas ilegales. La mercadería ingresada al país de forma fraudulenta pronto circula en el mercado nacional, evadiendo impuestos y perjudicando las finanzas públicas en todos los niveles”, sostuvo el juez Aguinsky en el proemio de la elevación a juicio del expediente, a la que tuvo acceso LA NACION.
Entre los sindicados jefes de la banda, testaferros, personas jurídicas, despachantes de aduana, contadores, personal aduanero, funcionarios y responsables de depósitos fiscales son casi 100 imputados que deberán enfrentar un juicio oral y público.
Los exfuncionarios de la Aduana que estarán sentados en el banquillo de los acusados son Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi, a quien en un allanamiento en su casa le secuestraron US$500.000 que estaban en una bolsa anaranjada de una conocida cadena de heladerías.
Durante la gestión de Echegaray al frente de la AFIP, Santanna fue subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas; Bernardi y Paolucci fueron directores de la Aduana Buenos Aires. Los tres están acusados de integrar una asociación ilícita y de contrabando.
Certeza de impunidad
“Ahora nos encontramos en las postrimerías de una larga instrucción y a las puertas de un necesario debate oral y público. Sobre la base de la reunión de importantes pruebas, su valoración crítica y el análisis de un centenar de hechos criminosos, esta investigación ha permitido desnudar la estrategia de esta compleja organización delictiva que desplegaba su accionar con ‘certeza de impunidad’”, afirmó Aguinsky.
La causa, que ahora llega a su fin, comenzó en marzo de 2016 tras una presentación de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac).
Aguinsky había dividido el expediente en varios legajos para evitar “la formación de una megacausa que solo sirve para enredar las distintas líneas de investigación. Analizar las operaciones de la Aduana entre 2014 y 2016 por todos los rubros juntos formaría una megacausa con un destino de fracaso, por la multiplicidad de operadores que se mezclan. Cada capítulo confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico está en condiciones de ser elevado a juicio oral. Así, nadie tiene que esperar toda la causa para ser juzgado”.
En el expediente, además de la Procelac, el Ministerio Público está representado por la fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales.
La denuncia de la Procelac se había apoyado en un informe hecho Juan José Gómez Centurión, designado como director general de Aduanas tras la asunción como presidente de Mauricio Macri y por una investigación del periodista Matías Longoni, que en ese momento trabajaba en Clarín.
Diferentes partes de ese expediente ya fueron elevadas a juicio oral y público. Uno de ellos fue el legajo de Claudio “Mono” Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido, que en noviembre de 2019 fue condenado a cinco años de cárcel.
En noviembre de 2019, cuando procesó a Santanna, Paolucci y Bernardi, el juez Aguinsky había hablo de un caso de “ceguera voluntaria”.
“Lo argumentado por Santanna, e incluso por Bernardi y Paolucci, en cuanto al desconocimiento de los pormenores de la gestión a cargo de sus subalternos que el inculpado invocó a su favor, resulta inconducente para eximirlo de responsabilidad. Aquella ignorancia expuesta todo el tiempo por el imputado puede presentarse a esta altura como un mero ropaje argumentativo que, como hipótesis de mínima, podría considerarse incluso como una ignorancia deliberada o ceguera voluntaria. Esto es, un supuesto en el cual quien puede conocer –y, de hecho, conoce– pretende distanciarse de los sucesos delictivos provocando temerariamente su propia ignorancia, y este estado subjetivo es compatible con un proceder doloso”, explicó en su momento el magistrado.
Ahora, en las consideraciones finales de la elevación a juicio, Aguinsky sostuvo: “Para quien tome conocimiento de las piezas procesales más relevantes del expediente principal y de los legajos de investigación formados por separado, no le puede pasar inadvertida la existencia de varias asociaciones criminales vinculadas al comercio internacional y a la administración aduanera que operaron al margen de la ley. Aquellas organizaciones pueden ser compartimentadas y discriminadas unas de otras, pero asimiladas en un obrar repetitivo y generalizado. En efecto, se ha podido observar a lo largo de esta investigación una práctica ilícita estructurada, planificada, temporalmente estable, particularmente homogénea y ejecutada diversificadamente por numerosos actores que difícilmente podrían haber logrado el éxito frente a un control serio establecido en las líneas de la burocracia estatal”.
El magistrado fue contundente: “Las evidencias colectadas en autos permitieron arribar a la conclusión de que tales maniobras fueron instadas dentro del mismo sistema aduanero, es decir, por quienes paradójicamente debían custodiar los intereses del Estado y sus recursos públicos. De esta manera, ya no solamente nos encontramos ante ‘iniciativas privadas’ apalancadas por ciertos integrantes del órgano de control, sino también frente a una suerte de institucionalización del delito de contrabando enquistado en la estructura del servicio aduanero, coordinado por profesionales del comercio exterior y utilizado por determinados empresarios”.
Gabriel Di Nicola – La Nación
