A pesar del avance de la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente Javier Milei ratificó su respaldo político y descartó por completo una eventual remoción del funcionario, en medio de un creciente malestar puertas adentro del oficialismo.
La decisión presidencial se mantiene firme incluso luego de la declaración del contratista Matías Tobar, quien aseguró ante la Justicia que Adorni habría abonado unos 245 mil dólares en efectivo para refaccionar una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. La acusación generó fuerte impacto dentro del Gabinete, no sólo por la magnitud de la cifra mencionada, sino también por el efecto político que el caso provoca sobre el discurso libertario centrado en la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Según trascendió, distintos sectores del oficialismo consideran que el funcionario debería dar un paso al costado hasta aclarar su situación judicial. Sin embargo, esas voces se mantienen en reserva y evitan expresarse públicamente.
El principal motivo, aseguran desde el entorno gubernamental, es el fuerte alineamiento que exige Milei dentro de su estructura política y la escasa disposición de ministros y dirigentes a cuestionar decisiones del Presidente.
En la intimidad del poder, Milei sostiene que las acusaciones contra Adorni responden a una operación política, judicial y mediática articulada para golpear a uno de sus colaboradores más cercanos. Bajo esa lógica, desplazarlo implicaría convalidar una estrategia que, entienden en Casa Rosada, podría repetirse contra otros integrantes del núcleo duro libertario.
Las señales de respaldo fueron explícitas. Este martes, el Presidente compartió una actividad oficial con Adorni en Casa Rosada y confirmó además su participación en la próxima reunión de Gabinete, despejando cualquier especulación sobre una eventual salida.
El rol de Karina Milei también aparece como determinante. Desde el círculo presidencial insisten en la necesidad de blindar políticamente a los funcionarios de mayor confianza y evitar gestos que puedan interpretarse como concesiones ante la presión externa.
La postura contrasta con otros casos recientes dentro de la administración nacional. La salida del exsecretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, tras cuestionamientos patrimoniales, dejó en evidencia que no todos los funcionarios reciben el mismo nivel de respaldo político.
Mientras la investigación judicial continúa y crecen las repercusiones políticas, el futuro de Adorni parece depender exclusivamente de una decisión presidencial que, por ahora, no muestra fisuras.
