«La corrupción sistemática se mantuvo inalterable durante 12 años y los imputados deben rendir cuentas», dijo el fiscal.
Por: NicolásWinazki
El azar, el destino, alguna fuerza superior, dependerá de las creencias y la Fe de cada lector, le dio a una misma fecha, el 2 de diciembre, pero de años distintos, un enorme valor probatorio en el juicio oral y público por corrupción en el que Cristina Kirchner es acusada de haber sido la jefa de una asociación ilícita que usó al Estado para beneficiar con multimillonarios fondos estatales a su socio, Lázaro Báez.
El 2 de diciembre del 2019 fue el día en el que la entonces vicepresidente electa eligió para presentarse en una audiencia de la causa Vialidad, ya en su etapa oral, a brindar lo que podría haber sido su declaración de defensa para refutar la investigación, testimonios y documentos que hasta ese momento existían en el proceso.
El desarrollo del juicio oral, el llamado a testigos que ya no hablaron en despachos judiciales como en el tramo de la instrucción, si no que se expresaron frente a los jueces, las aun existentes querellas, los abogados, y el fiscal, fue dándole otro volumen al expediente que, este lunes se supo, había recolectado aun más material comprometedor a la procesada Kirchner.
El 2 de diciembre del 2019 Cristina Fernández se sentó por primera vez en el banquillo de acusada en un juicio por supuestos desvíos multimillonarios que transformaron a Báez en un magnate súbito.
Llegó a los tribunales envuelta en un remolino de furia. Y así les habló a los jueces que la escuchaban a su lado, lo mismo que al fiscal, sentado frente suyo, pero al que paradójicamente le prestó menos atención. Esa dinámica cambió este lunes: Diego Luciani habló de un modo rotundo en el inicio de los alegatos del juicio por Vialidad, está confirmado que pedirá una condena contra la vicepresidenta en funciones, pero ella, desde su despacho del Senado, hizo silencio durante horas. Igual que su abogado, Carlos Beraldi.
Aquel 2 de diciembre, en vísperas de asumir en el poder ocho días después, Kirchner demostró su enojo y desprecio por el Poder Judicial siendo consciente de que, a pesar de todas las operaciones políticas y argucias legales que intentó concretar para suspender ese juicio oral, no había logrado sincometido. El proceso en audiencias públicas era un hecho y prefirió «defenderse» rápido para después ausentarse, como se lo permiten las normas, de todas las demás audiencias.
La principal acusada en este caso les gritó a los magistrados, muy enojada, que aquello que vivía era una clara existencia de la teoría, solo se trata de eso, de una teoría, conocida como lawfare (una conspiración entre la Justicia, la política y los medios para perjudicar a dirigencia opositora).
Elevando la voz, primero remarcó que esa audiencia no era televisada como ella lo había pedido. Y después intentó amedrentar a los magistrados del Tribunal Oral Federal 2, Andrés Basso, Rodrigo Jiménez Uriburu y Jorge Gorini, con expresiones como ésta: «¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la Argentina está acusada de asociación ilícita, de ser la jefa de una banda?», y siguió: «¿En serio les parece que no?», dijo, aunque nadie le había respondido. Y más: «¿En serio me lo dicen?».
Y más: «¿En serio?”.
Y apuntó a la gestión saliente de Mauricio Macri como génesis de ese infortunio judicial.
Siempre casi gritando, furiosa, le habló así a las autoridades judiciales allí presentes: «Fue un plan ideado por el Gobierno saliente».
En algunos tramos hizo alusión a algunos puntos de los que entendió que debía defenderse aunque su exposición fue política: «Si Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, ¿por qué Néstor no lo hizo empresario los 16 años que fue gobernador? Ni pintar el nombre en las paredes sabían en Buenos Aires y ustedes dicen que tenía desde Santa Cruz un plan maestro para saquear la obra pública. Pero por favor, digan cosas lógicas. Por Dios, para mentir hay que saber mentir”.
La vice, en ese entonces a ocho días de asumir, peleaba contra el viento.
La causa conocida como «Vialidad», que terminó en este juicio oral, fue iniciada en el 2008 por la diputada Elisa Carrió y otros legisladores y legisladoras de su partido.
El juez de la instrucción fue Julián Ercolini. Y los fiscales que llevaron adelante el trabajo hasta elevar el caso a la instancia oral, luego de que el expediente pasase por todos los tribunales de alzada, fueron Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Buena parte de las pruebas que este lunes conmovieron a la opinión pública que escuchó el relato del fiscal Diego Luciani se recolectaron en aquel momento.
Pero Luciani demostró que había más y que trabajó en silencio, sin estridencias ni quejas, durante tres años buscando documentación para aportar a su alegato.
Es su trabajo.
Presiones
A pesar de las presiones del poder K, de que el Gobierno de Cristina Kirchner retirara a la querella de la Oficina Anticorrupción y de que, de modo insólito, permitiera que otras de las querellas del Estado, la de la Unidad de Información Financiera (UIF) pidiera la absolución de la vice, Luciani siguió con su labor.
Se preparó durante meses para exponer el alegato así como lo hizo.
Y aquí es donde sorprende y se une aquel primer 2 de diciembre del 2019 con otro 2 de diciembre, pero del 2015.
Luciani sorprendió este lunes, en descubrimiento que elaboró con el fiscal adjunto, Diego Mola, develando mensajes de celular cruzados entre Lázaro Báez, el el ex secretario de Obras Públicas José López y un directivo del holding del ex constructor patagónico, Julio Mendoza.
El 2 de diciembre pero del 2015, con otro gobierno en salida, el de Kirchner, Báez le insiste a López, el de bolsos con cash: «Buenos días ¿me podés recibir?”.
El empresario K, socio de Cristina, Néstor y Máximo Kirchner quería instrumentar el ahora llamado plan «limpiemos todo», es decir, la implementación del vaciamiento de las obras públicas que Báez quería terminar de cobrar para dejar inconclusas.
«Atendeme José, es para coordinar lo que dijo la Señora”, escribió Báez a López. «La señora» era Cristina, quien, según Luciani, se reunió con Lázaro en la Residencia Presidencial Olivos para ordenar las cuentas y empezar un plan que buscaba la impunidad de ambos.
La vice ya no gritó, como sí lo hizo el otro 2 de diciembre el del 2019, cuando incluso intentó generar algún tipo de zozobra entre los jueces y el fiscal al advertir que iban a tener que llamar a declarar a todos sus ex jefes de Gabinete: «Va a tener que venir el Presidente de la República», soltó ella.
Alberto Fernández efectivamente declaró en este juicio. Finalmente, su declaración fue usada en contra de Cristina.
Ante preguntas de Luciani, el jefe de Estado le contestó mal: «Usted no me escuchó bien antes o tiene un problema de comprensión».
Luciani replicó con paciencia y firmeza: «No me falte el respeto».
El Presidente y su vice chocaron así con una institución a la que intentaron doblegar durante su gestión, ahora derruida por las peleas internas y la crisis económica: el Ministerio Público Fiscal.
La vice, el otro 2 de diciembre, el del 2019, se había levantado de su silla tras asegurar de modo asombroso que para ella este juicio no tenía sentido: «A mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”.
Ese día, se paró y a paso rápido empezó a irse del lugar en el que se realizaba la audiencia.
Fue de pronto que se escuchó una voz sin rostro que le dijo esto: «Aunque pareciera que no, yo igualmente tengo la obligación de preguntarle y le pregunto entonces si va a responder preguntas de las partes, doctora».
Cristina se dio vuelta, de nuevo rabiosa, caminó algunos pasos, y sin subirse al estrado agarró el micrófono quedándose de pie: «¿Preguntas? Preguntas van a tener que responder ustedes».
Un país entero conoce ahora la cara de Luciani.
Las preguntas, en el juicio, tal como dictan las normas, las hace él.
