¿Qué lugar ocupa en la agenda del Gobierno la preocupación por la calidad institucional? Esta pregunta se está volviendo cada vez más insistente con el paso de los días.
En un país cuya ética pública se viene derrumbando en caída libre, ese interrogante es de carácter estratégico. Pero para el proyecto político de La Libertad Avanza debería tener un significado todavía más denso. Para Javier Milei el Congreso no es sólo el reducto de la ineficiencia. Es una cueva de ratas que no merecen siquiera que se les dirija un discurso. Los periodistas que formulan críticas son, a diferencia de los que defienden las decisiones oficiales, profesionales “ensobrados”. Los gobernadores no son administradores ineficientes. Son “degenerados fiscales”. La elite es peor que una oligarquía. Es una casta. Milei justifica todas sus batallas con argumentos morales. Contra ese horizonte de valores se recortan algunas novedades que, por lo menos, llaman la atención.
La más reciente se produjo ayer. El procurador del Tesoro, es decir, el jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra, fue relevado de intervenir en la causa por la estatización de YPF, que se sigue en el tribunal neoyorquino de Loretta Preska. Allí el fondo Burford reclama un resarcimiento porque en esa estatización se violó el estatuto de la compañía. Burford se convirtió en demandante porque adquirió los derechos de Petersen Energía, la sociedad española de la familia Eskenazi. El titular formal del litigio, sin embargo, es Petersen. Y los Eskenazi estarían asociados en un 30% del cobro, si la justicia le da la razón a Burford. Barra pidió no intervenir en el expediente debido a que en su momento participó del caso como consultor jurídico.
Lo que produce asombro no es la correcta conducta de Barra, sino su consecuencia inmediata. Al desistir de participar en ese pleito, la defensa del Estado queda a cargo de Andrés De la Cruz. Este abogado integró durante varios años el staff de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Allí De la Cruz se encargaba, entre otros asuntos, de defender los intereses del Grupo Petersen, es decir, de la familia Eskenazi. Esos servicios están documentados, inclusive en los anales de la Securities and Exchange Commission. Quiere decir que los intereses del Estado nacional serán ahora custodiados por un abogado histórico del demandante, Petersen. Están en juego 16.000 millones de dólares, que es la cifra que Burford está a punto de conseguir como reparación. Los Eskenazi podrían cobrar un 30% de ese monto.
Andrés De la Cruz es mencionado en los anales de la Securities and Exchange Commission como abogado del Grupo Petersen
Andrés De la Cruz es mencionado en los anales de la Securities and Exchange Commission como abogado del Grupo PetersenCaptura
Hasta ayer no se conocía comunicación alguna por la cual De la Cruz hubiera pedido ser relevado del caso a raíz de este conflicto de intereses. Nada de lo que está pasando era difícil de prever. El antiguo abogado de los Eskenazi fue propuesto como subprocurador por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el aval del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La función de De la Cruz sería encargarse de las causas internacionales de la Procuración. La más importante es la que iniciaron Burford y los Eskenazi. LA NACION lo publicó el 18 de enero pasado, originando un pedido de diputados de la Coalición Cívica para que De la Cruz fuera reemplazado. Ahora que Barra dio un paso al costado, el riesgo de que existan incentivos contrapuestos se vuelve más escandaloso.
Esta petite histoire administrativa adquiere toda su luz, o su sombra, cuando se la integra con una secuencia que se extiende durante 17 años. Los Eskenazi capturaron, de la mano de Néstor Kirchner, el 25% de YPF sin poner una moneda: apalancándose en misteriosos fondos depositados en el banco Credit Suisse, y pagando una parte de esas acciones con los generosísimos dividendos que se repartían con Repsol, el accionista mayoritario. Un impulso estatizante, o una controversia por acreencias no documentadas con la familia Eskenazi después de la muerte del expresidente, llevó a Cristina Kirchner a confiscar el 51% de YPF. Los Eskenazi iniciaron una demanda enmascarados tras el fondo Burford, después de una operación muy sospechosa de cesión de derechos realizada en España. Durante el gobierno de Mauricio Macri debieron resistir los éxitos del procurador Bernardo Saravia Frías en el juzgado de Preska y en los tribunales madrileños. Pero obtuvieron el control total del expediente con el regreso del kirchnerismo al poder: Saravia fue reemplazado por Carlos Zannini. Es decir, fue reemplazado por el responsable de los errores jurídicos en los que Burford sostiene sus demandas. Zannini venía con olor a Eskenazi. En los años de Macri ocupó una silla en el directorio del banco de Santa Cruz, que pertenece a esa familia. Ahora los Eskenazi estarían por coronar un sueño inimaginable: con Milei tendrán que litigar contra su propio abogado, De la Cruz. ¿Cuándo se publicará el Tratado sobre la Expoliación del Estado que pide a gritos esta saga?
Sobre los pormenores penales de esta cruzada maléfica se ha tendido un manto de impunidad. No a pesar de que, sino porque en 2008 se planteó una denuncia en un juzgado federal de Comodoro Py. ¿Quién es el magistrado que, desde entonces, mantiene la causa abierta, sin producir novedad alguna? Tres opciones: Ariel Lijo, Ariel Lijo o Ariel Lijo. La que pidió la investigación fue Elisa Carrió. Dado ese letargo procesal, en enero pasado el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López pidió a Barra que se convierta en querellante en ese expediente. Barra no lo hizo. Si se demostrara que en la apropiación de YPF por parte de los Eskenazi hubo irregularidades, habría un motivo poderosísimo para que la jueza Preska no condene a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares. Pero el Gobierno, en vez de convertirse en querellante, tomó otro camino: postular a Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia.
La promoción de Lijo para integrar el máximo tribunal sigue provocando indignación en los círculos inquietos por la calidad de la Justicia. A los pronunciamientos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (con sede en la calle Montevideo), de la Cámara de Comercio Argentino-Americana, de la agrupación Profesores Republicanos y de la Red de Entidades por la Justicia Independiente se sumó el del Club Político, que lideran Graciela Fernández Meijide y Ricardo Mazzorin.
En otras instituciones, como el Colegio Público de Abogados (con sede en la avenida Corrientes), la posibilidad de que Lijo llegue a la Corte está generando incómodas tensiones. En ese Colegio se libra una puja electoral. Se enfrentan su actual presidente, Ricardo Gil Lavedra; su vicepresidenta, Patricia Trotta, y Rubén Ramos. Un profesional destacado en la militancia de la abogacía, Guillermo Lipera, emitió en la red X este posteo: “A pocos días de las elecciones, los abogados tenemos derecho a conocer qué postura sobre la nominación de Ariel Lijo tiene cada lista. Es imprescindible para decidir nuestro voto. La Corte Suprema es demasiado importante como para no pronunciarse al respecto!”. Hasta ayer nadie le había contestado. Extraño mutismo de gente proclive a intervenir en polémicas mucho menos trascendentes.
El Gobierno hizo algo peor que guardar silencio: permitió que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, irrumpiera en los medios para desmerecer al Colegio de Abogados, diciendo que sus integrantes no sabían sobre qué opinaban. Además de recibir una dura respuesta de esa institución, su presidente, el constitucionalista Alberto Garay, desarrolló ayer, en una entrevista con Marcelo Longobardi, una serie interminable de razones por las cuales Lijo sería una afrenta para la Corte. Garay, que combina el saber con el coraje, recordó los fallidos que cometieron quienes, en los tribunales o en el Consejo de la Magistratura, quisieron investigar el comportamiento de Lijo. Mencionó la causa penal que le inició el propio Colegio de Abogados por cajonear causas como la que involucra a los Eskenazi. Y la investigación por enriquecimiento contra el juez y contra su hermano Alfredo, del fiscal Franco Picardi, en el juzgado de Julián Ercolini, que se cerró sin tomar siquiera una declaración indagatoria. Un detalle tragicómico: el abogado de Lijo en esa causa fue Cúneo Libarona.
El oficialismo debe cargar en varios frentes con la “pesada herencia” de los antecedentes profesionales de Cúneo, quien habría llegado al cargo por recomendación de otro cliente, Eduardo Eurnekián. Como informó ayer Germán de los Santos en LA NACION, en Santa Fe acaba de estallar un escándalo ligado al temerario penalista transformado en ministro. El Banco Central había denunciado en 2022 a la cerealera Díaz y Forti por no liquidar 680 millones de dólares de sus exportaciones de granos. Los directivos de la empresa, con Ariel Olio a la cabeza, admitieron el delito. Su abogado, Cúneo Libarona, debió renunciar a su defensa el 11 de diciembre, por haberse incorporado al gabinete nacional. Once días más tarde, el juez Federal Carlos Vera Barros condenó a la cerealera a la irrisoria multa de 4 millones de dólares y absolvió a Olio, quien estaría disfrutando de un penthouse de 10 millones de dólares sobre la avenida Brickell de Miami.
A las vidriosas responsabilidades de De la Cruz, la exaltación de Lijo y los antecedentes que invalidan a Cúneo Libarona, se sumará en estas horas la candidatura de Santiago Viola como representante de la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación. Viola es promovido por La Libertad Avanza, partido del que es apoderado nacional. Este joven abogado ganó notoriedad al comienzo de la gestión de Macri. Fue por dos motivos. Uno, haber sido designado por el juez Rodolfo Canicoba Corral como interventor del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, una vez que “El Caballo” Omar Suárez fue puesto tras las rejas. El otro, haber sido defensor de Martín Báez, hijo del célebre Lázaro. Fue en esta condición que Viola quedó involucrado en una maniobra orquestada desde la AFI para desplazar de la causa al juez Sebastián Casanello a partir de falsos testimonios.
Viola fue cómplice del difunto fiscal/espía Eduardo Miragaya, quien en el bar Exedra, de Córdoba y Carlos Pellegrini, entrenó a dos empleados públicos para que mintieran declarando que habían visto a Casanello y a Báez reunidos en Olivos con Cristina Kirchner. La intención habría sido que la causa Báez cayera en manos de María Servini de Cubría, íntima amiga de Claudia Balbín, la mamá de Viola, que tenía su estudio en los altos de esa confitería. Advertida del patrimonio que estaba en discusión, Servini soñaba en colores con el expediente.
Viola fue sobreseído por el juez Luis Rodríguez; la Cámara Federal, con el voto de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y la disidencia de Mariano Llorens, revocó ese fallo. Pero la Cámara de Casación terminó salvándolo, con el voto de Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky. Los bloques de la Cámara de Diputados deben despejar antes del sábado la identidad de los tres miembros que irán a la Auditoría. El oficialismo propone a Viola. Es decir, propone a un controvertido y temprano producto de la casta para controlar a la casta.
Los inexplicables criterios de selección de Milei y su equipo para cubrir cargos de gran responsabilidad institucional no sólo ponen en tela de juicio la vocación del Gobierno por reparar las miserias de la política, que es uno de los mandatos que recibió de las urnas. Además, esos desconcertantes parámetros amenazan con complicar un objetivo que el Presidente percibe como irrenunciable: el equilibrio de las cuentas públicas.
Como era previsible, el frente fiscal se encamina hacia su judicialización. Acaso el aspecto menos dramático sea la aprobación del Decreto Sturzenegger. Los aumentos de tarifas que se dispusieron en estas semanas van a generar numerosos recursos de amparo. O una rebelión de usuarios, instigada en secreto por gobernadores. Se trata de incrementos muy notables, como consignó ayer el experto Nicolás Gadano: “El cargo fijo mensual de un usuario residencial R34 de ingresos bajos (N2) salta de $2617 en marzo a $52.852 en abril (sin impuestos), más los metros cúbicos consumidos”. Gadano recordó también que el metro cúbico de gas se actualizará a partir de mayo según el impacto cambiario y los índices de inflación que aplicarán las distribuidoras y transportistas, que ayer estaban de fiesta.
Hay otro aspecto del ajuste fiscal que ya llegó a la Corte. Tiene que ver con los reclamos de las provincias. Esa discusión, que Guillermo Francos lleva adelante con estoicismo ejemplar, se está volviendo más ácida por la reposición del impuesto a las Ganancias. Santa Fe, Córdoba y la Patagonia se niegan a aprobar ese gravamen, exigido por el Fondo Monetario Internacional.
Todo indica que este temario debería ser materia de una discusión entre el Poder Ejecutivo y la mayoría de la Corte, que integran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Pero entre esos dos mundos la relación pasó de la incomunicación al conflicto. El astuto Ricardo Lorenzetti aprovechó esa rispidez, empeñado en modificar en su favor el equilibrio interno del tribunal. Lorenzetti trabajó sobre la angustia de los hermanos Milei, interesados en que su plan no naufrague en tribunales, y recomendó a Lijo para cubrir la vacante de Elena Highton de Nolasco. La Casa Rosada agregó, como candidato propio, a Manuel García-Mansilla para reemplazar en diciembre a Maqueda.
El ajedrez que se abre en estos días permite imaginar varias jugadas. Una es que la mayoría de la Corte vaya produciendo fallos adversos al Gobierno antes de que se incorporen Lijo y García-Mansilla. La de Lorenzetti sería, entonces, una solución para sí mismo. No para Milei.
Otra posibilidad es que los dos candidatos se incorporen. Pero que García-Mansilla, obedeciendo a sus convicciones jurídicas, termine votando mucho más cerca de Rosatti y Rosenkrantz que de Lorenzetti y Lijo. Un escenario que evalúan como muy probable algunos asesores a los que Milei escucha poco. En tal caso, la promesa de Lorenzetti, constituir una mayoría amigable para el Ejecutivo, tampoco se cumpliría. Seguiría habiendo lo que hay: una Corte independiente.
Existe otro escenario. Que en el Senado aparezca una mayoría que abra paso a Lijo pero deje en el camino, con previsibles argumentos feministas, a García-Mansilla. Esa configuración, además de burlarse del candor de los Milei, dejaría una Corte empatada por el enfrentamiento de dos dúos: Rosatti-Rosenkrantz, Lorenzetti-Lijo.
Puede pasar también que toda la operación naufrague en las aguas de una política muy desordenada.
Hay un camino todavía inexplorado: que Milei ensaye un diálogo institucional con la mayoría de la Corte para conseguir la convalidación de los capítulos más urgentes y esenciales de su programa de gobierno. A veces la salida más eficaz es la más sencilla.
Carlos Pagni
