La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, programada para el 4 de abril, se presenta con un nuevo punto de conflicto, dado que se ha eliminado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destinaba a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, estos pagos no se han realizado, a pesar de los reclamos previos. Esta decisión generará nuevas demandas judiciales, con algunos distritos que ya han llegado en otras ocasiones a la Corte Suprema de Justicia.
Los fondos para estas cajas no transferidas están contemplados en el presupuesto nacional desde la gestión de Mauricio Macri, como resultado de un acuerdo entre el gobierno central y las provincias. A partir de 2023, se estableció que estos fondos se actualizarían según la movilidad jubilatoria, lo cual no se ha cumplido. El miércoles, mediante el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, que se extendió para este año, y este esquema también se vio afectado.
Desde la asunción de Milei, estos envíos de fondos se han detenido de facto. No solo no se han actualizado, sino que directamente no se han realizado. El impacto en las finanzas provinciales es significativo: lo que no aporta la Nación debe ser cubierto por los tesoros provinciales.
El pago de la deuda acumulada debido a la falta de actualización fue un tema que los gobernadores plantearon al comienzo del mandato libertario como una forma de aliviar tensiones, pero no fue aceptado.
Durante los 75 días en los que Osvaldo Giordano estuvo a cargo de la Anses, propuso utilizar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para saldar esa deuda con los sistemas previsionales administrados por las provincias, lo que ascendía a unos US$5.600 millones. Sin embargo, la propuesta fue rechazada.
Durante la gestión de Macri, se acordó que aquellas provincias que no transfirieran sus regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que el sistema central costaría si estuviera bajo su control. Esto eliminó la necesidad de «armonización», que había sido motivo de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.
Como en todo sistema previsional, independientemente de su jurisdicción, para evitar un déficit creciente, debería haber un aumento en el número de empleados públicos, lo cual es contradictorio. Si los gobiernos provinciales son más eficientes, la brecha entre contribuyentes y beneficiarios se amplía. Sin reformas previsionales, el gasto en jubilaciones seguirá creciendo.
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre contribuyentes y beneficiarios es de 3 a 1 en la Patagonia; de 4 a 1 en Misiones, y de menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa.
