El presidente Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervino a la exportadora de cereales Vicentin, en el contexto de un proyecto dinamizador de alimentos.
El mandatario, que hizo referencia varias veces a la soberanía alimentaria del país, también comunicó que el Gobierno buscará expropiar los activos de la empresa mediante una ley que enviará al Congreso. De esos activos se haría cargo YPF Agro, dijo Fernández.
“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder para que continúa funcionando y sus trabajadores tenga la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden lo que producen”, aseguró el Presidente y agregó que se declarará a la empresa de interés público.
En su discurso, el Presidente describió la medida como una «operación de rescate de una empresa de magnitud en el mercado», y añadió que «favorece a la Argentina en este momento para lograr una soberanía alimentaria».
Según informaron desde el Ejecutivo, la decisión no afectará el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, que «seguirá su cauce normal».
Vicentin
La firma agroexportadora nacida en Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, se declaró en cesación de pagos el 4 de diciembre de 2019, causando un fuerte cimbronazo en el sector agroexportador. Y en febrero pasado solicitó la apertura de su concurso de acreedores.
En ese momento presentó una nómina de más de 2600 acreedores por una suma denunciada total de casi $100.000 millones. En marzo, un juzgado de Reconquista resolvió la apertura del concurso para renegociar la deuda.
Vicentin es el primer exportador de aceites y harinas y el sexto jugador en el negocio total . Posee una capacidad de molienda propia de 20.500 toneladas más otras 10.000 toneladas por una participación en Renova, que comparte con el grupo Glencore. Allí se quedó con un 33,33% luego de haberse desprendido de un 16,67%.
Días atrás, dirigentes políticos y sociales habían propuesto al Presidente que impulsara la transformación de la compañía en una empresa pública no estatal, argumentando que la Argentina «necesita una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos».
