La propuesta oficial de abrir la red y permitir el uso de diversos medios de pago ha desencadenado un debate sobre los aspectos positivos y negativos del sistema existente y las posibles formas de modernización.
El reciente adelanto exclusivo proporcionado por Infobae acerca del decreto que el Gobierno está elaborando para universalizar los medios de pago en el transporte público y permitir la competencia con la tarjeta SUBE ha sido bien recibido tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Sin embargo, también ha suscitado interrogantes sobre aspectos como las comisiones que se aplicarán al nuevo sistema, el método de cobro para las empresas de transporte, la gestión de los datos privados de los pasajeros, y quién asumirá las nuevas inversiones necesarias para actualizar el sistema.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha afirmado: «El Gobierno ha decidido liberalizar el sistema de pago del transporte público, como ocurre en otras ciudades del mundo, donde se puede pagar con tarjeta, teléfono celular o cualquier otro medio conveniente». Adorni también ha señalado que la tarjeta SUBE seguirá existiendo como una opción más, no la única, ya que sigue siendo fundamental para supervisar los servicios prestados por las empresas de transporte y los gastos asociados.
A pesar de que la tarjeta SUBE ha funcionado durante más de una década, su operación no ha experimentado una gran actualización tecnológica, lo que se refleja en las dificultades para ampliar los saldos negativos o el monto máximo de carga por tarjeta, así como en el proceso de validación de la carga. Además, su estructura de personal parece haber crecido de manera innecesaria, con escaso desarrollo tecnológico y servicios de atención al público limitados.
Se plantean dudas sobre cómo se controlarán las operaciones de pago de subsidios con la diversidad de medios de pago propuesta y si habrá una transferencia efectiva de recursos a operadores privados sin una inversión adecuada y con el manejo de información sensible de los usuarios. El decreto propuesto por el Gobierno establecerá un sistema abierto que acepte todas las tarjetas bancarias o de fintech, de débito, crédito o prepagas, sin privilegios temporales para marcas o bancos específicos.
Diversos actores, como el presidente de Adeba, Javier Bolzico, y el CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri, han expresado su apoyo a la iniciativa, destacando los beneficios de ofrecer más opciones al consumidor y fomentar la competencia en el sector. Por su parte, Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, subraya la importancia de mantener los beneficios sociales de la tarjeta SUBE y garantizar un proceso de pago igual o mejor que el actual para las empresas de transporte.
Sin embargo, desde la oposición y algunos sectores del transporte surgen objeciones sobre aspectos como el retraso tecnológico de la SUBE, las altas comisiones que cobra y la falta de claridad en cuanto al tratamiento de datos personales y la aplicación de beneficios sociales. A pesar de las objeciones, la iniciativa avanza con la intención de modernizar el sistema de pagos del transporte público y ofrecer más alternativas a los usuarios.
