Cuando en aquella madrugada del miércoles el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, anunció que el megaproyecto de ley del Gobierno ya reunía la mayoría de las firmas para ser llevado al recinto.
Pero no aclaró que aquel dictamen agónico recibía 170 objeciones a sus artículos y más de la mitad de los 55 apoyos conseguidos fueron en disidencia. Un triunfo pírrico el de los libertarios, que llegarán a la sesión el próximo martes con un texto cuyos aspectos medulares seguramente caerán en letra muerta.
Pocas veces se ha visto un trámite parlamentario, como el que coronó este dictamen, teñido de tanta improvisación y desprolijidad. El apuro por exhibir un triunfo en las vísperas del primer paro de la CGT al Gobierno llevó a libertarios y opositores dialoguistas a firmar una suerte de carta blanca que no tenía siquiera reflejado los seis puntos de acuerdo que habían alcanzado los gobernadores de Juntos por el Cambio y el ministro del Interior Guillermo Francos esa tarde de negociaciones frenéticas. Ningún opositor que se jacte de tal habría accedido a prestar su firma sin tener por escrito el compromiso asumido, aleccionan los parlamentarios más veteranos. Esa madrugada se rompió la regla.
De las 55 firmas que cosechó el dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, 35 fueron en disidencia. Los únicos que firmaron sin objeciones fueron los 18 libertarios y José Luis Espert –presidente de la Comisión de Presupuesto- y Álvaro Martínez (Unión Mendocina).
Los dialoguistas, en cambio, firmaron todos en disidencia: 18 del Frente Pro; 8 de la UCR; 4 del bloque Hacemos Coalición Federal y 3 de Innovación Federal. A ellos se sumaron el bloque Producción y Trabajo y el tucumano Agustín Fernández, quien acababa de defeccionar a sus colegas de Unión por la Patria por orden de su gobernador Osvaldo Jaldo, más interesado en cerrar un acuerdo con la Casa Rosada para que el azúcar quedara exento de retenciones que en preservar sus lealtades con el kirchnerismo.
El último en firmar el dictamen fue Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, uno de los intermediarios en la negociación entre los gobernadores y el oficialismo. Llegó a las corridas al plenario de las comisiones, que se desarrollaba en el edificio anexo de la Cámara; solo cuando se cercioró que Santiago Caputo y los escribas de la Casa Rosada, instalados en el despacho de Martín Menem, tomaban nota de los reclamos de los mandatarios, accedió –no sin cierta desconfianza- a firmar el dictamen. Había mucho todavía por negociar, pero los tiempos se agotaban: el plenario estaba llegando a su fin, era la una y media de la mañana y faltaba su firma para rubricar el dictamen.
Los dialoguistas se retiraron de la comisión con una sensación semiamarga. Nadie se sentía cómodo por haber estampado su firma en un texto en el que objetaban más de la mitad de su articulado. Se habían presentado 170 observaciones, la mayoría medulares. Estaba claro que, así planteado, el debate en el recinto iba a ser un descalabro. Fue entonces cuando acordaron continuar las deliberaciones al día siguiente para intentar acercar posiciones.
Rumores y desmentidas
La cita fue al mediodía en un departamento ubicado en La Recoleta, frente al tradicional bar La Biela. Junto al anfitrión, el secretario parlamentario de la Cámara Tomás Figueroa, Martín Menem y su primo Lule recibieron a una delegación de diputados dialoguistas. Menuda sorpresa se llevaron los recién llegados cuando vieron que no estaban solos; allí apostado estaba también Federico Sturzenegger, el ideólogo del megaproyecto. Fue tal el impacto que el cordobés Osvaldo Agost Carreño, el negociador de Hacemos Coalición Federal, optó por retirarse para volver, en colectivo, al Congreso. Miguel Pichetto, jefe de su bloque, ni siquiera aceptó el convite, sabido es su encono con el expresidente del Banco Central.
Mientras tanto, en la cuadra de enfrente, bajo la frondosa sombra del árbol gomero del bar La Biela, otro grupo de diputados dialoguistas esperaba a Martín Menem. El presidente de la Cámara los había citado allí; quería evitar el Congreso, epicentro de la marcha cegetista. Algo nervioso, el riojano les pidió su colaboración para el operativo de la sesión del día siguiente; los opositores, sin embargo, echaron por tierra la posibilidad de sesionar en esas condiciones, con un dictamen a medio negociar.
Ya para entonces la reunión con Sturzenegger había terminado. No avanzaron mucho; empezaba a correr el rumor de que se estaba reescribiendo el dictamen que se había firmado la noche anterior. Una irregularidad que, de comprobarse, podía encuadrarse en un delito. “De ninguna manera, eso es mentira”, enfatizaron los dialoguistas, escaldados ante la posibilidad de quedar involucrados en un escándalo. Se acordó entonces que las disidencias, sobre todo las más gruesas –retenciones y movilidad jubilatoria- se dirimirían en una votación a todo o nada durante la sesión, ya postergada para el martes pese a la presión de la Casa Rosada.
Laura Serra
