Tras la publicación en el Boletín Oficial de la prórroga por 90 días de la normativa que prohíbe los despidos y extiende la obligatoriedad del pago de una doble indemnización, la Unión Industrial Argentina (UIA) envió una carta al presidente Alberto Fernández.
En su texto que dan detalles del impacto tanto de la crisis generada por la pandemia de coronavirus como de estas políticas en el sector y advierten que son una traba para la recuperación económica.
«El ‘triple cepo’ que implica la prórroga del esquema de prohibición de despidos y suspensiones sumada a la doble indemnización plantean un escenario de incertidumbre sobre el marco regulatorio que regirá a las nuevas contrataciones. Ambas situaciones obturan la recuperación del empleo industrial y la recuperación genuina del mercado formal de trabajo», indica el texto de los empresarios.
Asimismo asegura que desde la unión no consideran que el contexto actual sea el mismo que aquel en que se tomó la decisión. «Ya no están vigentes las condiciones de excepción», afirman y subrayan que así lo que se genera es un perjuicio en los sectores que tienen potencial para demandar nuevos empleos «pero no encuentran certidumbre para hacerlo».
«La Argentina se encuentra frente a un escenario de reactivación económica que tiene en la recuperación del nivel de empleo industrial uno de sus desafíos más importantes», sigue el comunicado enviado al Presidente, en el que se explica que los indicadores laborales de la industria durante posicionan a octubre como «el quinto mes consecutivo de aumento del empleo registrado».
«Lo que se pretende con esta nota es entender que la emergencia ocupacional, que viene de diciembre de 2019 y se ha decidido automáticamente prorrogarla hasta fin de 2021, no se está mirando la realidad de los mercados productivo y laboral, sino que está partiendo de una base, no permitiendo ni suspensiones ni despidos por fuerza mayor o falta de trabajo. Tampoco contempla los requerimientos de productividad y las variaciones que pueden haberse derivado», dijo Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de asuntos laborales e internacionales de la UIA, en diálogo con LA NACION.
Y agregó que «el Gobierno parte del preconcepto de la emergencia ocupacional», pero que «el enunciado se convierte en dogma y el dogma se convierte en dos años de esta emergencia ocupacional, cuya primera consecuencia es la duplicación indemnizatoria, ligada al Covid-19 y las prórrogas de suspensiones y despidos».
«La carta muestra, con indicadores económicos, por qué consideramos que esta prórroga no es buena para el empleo. Obviamente esperamos que las autoridades la consideren y empecemos en conjunto a elaborar una política de promoción del empleo, que es la prioridad del país en los próximos años», explicó Carolina Castro, prosecretaria de la UIA.
Con la mirada puesta en profundizar la recuperación de puestos de trabajo en todo el país, la UIA asegura que los pasos a seguir deberían enfocarse en «una política industrial que incorpore la agenda de productividad con mirada estratégica» y en «un marco regulatorio que otorgue credibilidad y previsibilidad a las nuevas contrataciones y dé respuestas a los desafíos de empleabilidad de esta etapa».
Aparte, el texto hace alusión a los mayores costos no laborales que las empresas debieron asumir en el último año, a causa del brote y para responder al ausentismo tras la resolución N°207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que determinó que aquellas personas de riesgo quedan exceptuadas de concurrir al trabajo.
Por último la UIA habla de que estas modificaciones para impulsar la creación de empleo son fundamentales para competir en el escenario global, hace un llamado al diálogo para que ninguna de las áreas de la economía quede a un lado y pide comenzar una nueva etapa «donde la formalización, la formación y la empleabilidad sean los ejes de la agenda».
Decretado
El Gobierno oficializó hoy la prórroga por 90 días de la normativa que prohíbe los despidos y extiende la obligatoriedad del pago de una doble indemnización, al ampliar la declaración de la emergencia ocupacional a raíz del coronavirus hasta el 31 de diciembre de este año.
El decreto 39/2021 lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de los ministros que conforman el gabinete nacional.
Además se extiende «la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de 90 días corridos» y quedan exceptuadas «las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, como consecuencia de la emergencia sanitaria».
El decreto también aclara que los despidos y las suspensiones que violen lo dispuesto «no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales». Y confirma el tope de $500.000 para la segunda indemnización.
Por: Bárbara Epsztein
