La delegación de Argentina durante la sesión en el Tribunal Internacional del Ma
El país pidió medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion mientras continúa abierta la disputa por la soberanía de las islas.
Las audiencias comenzaron este martes en Hamburgo y la decisión del Tribunal podría conocerse antes del 13 de noviembre.
Marcelo Cohen se dirige a los magistrados desde el estrado durante una sesión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La Argentina llevó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, su reclamo para frenar la explotación petrolera que el Reino Unido impulsa en las Islas Malvinas a través del proyecto Sea Lion. Las audiencias comenzaron este martes y continuarán durante la jornada del miércoles, con las exposiciones de las delegaciones de ambos países.
La presentación argentina fue realizada el 13 de octubre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Gobierno solicitó cuatro medidas concretas: que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de las actividades de explotación, que no otorgue nuevos permisos en el área en disputa, que preserve la información obtenida durante la exploración y que adopte medidas para proteger el medio marino.
La delegación argentina está encabezada por la secretaria legal y técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, y cuenta con la participación de funcionarios de Cancillería, del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro. Entre los especialistas que intervienen en la defensa jurídica se encuentran el abogado Marcelo Kohen y el experto en derecho internacional Nico Schrijver.
Los argumentos de la Argentina
La posición argentina se apoya principalmente en las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de las Naciones Unidas. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía sobre las Malvinas, mientras que la segunda instó a las partes a evitar decisiones unilaterales que pudieran modificar la situación mientras continúe abierta la controversia.
Sobre esa base, Buenos Aires sostiene que la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa afecta sus derechos sobre los espacios marítimos y contraviene las obligaciones internacionales.
Durante su exposición, Marcelo Kohen planteó que la Argentina busca proteger sus derechos sobre la plataforma continental hasta que se resuelva la controversia territorial. También señaló que las Naciones Unidas reconocieron formalmente la existencia del conflicto de soberanía y que esa circunstancia respalda la legitimidad del reclamo argentino.
Otro de los argumentos centrales apunta al carácter no renovable del petróleo. Según la presentación, una vez extraído el recurso, una eventual sentencia posterior no podría restituirlo. Además, el país invocó las obligaciones de la Convemar vinculadas con la protección del medio marino.
La Argentina aclaró que no pretende que el Tribunal resuelva la cuestión de soberanía sobre las islas, sino que adopte medidas para evitar que la explotación de los recursos avance mientras se tramita la controversia.
La respuesta del Reino Unido
El Gobierno británico rechaza la intervención del Tribunal y sostiene que el organismo no tiene competencia para pronunciarse sobre una cuestión que, según su posición, corresponde a su soberanía territorial.
La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, ya había señalado en la Cámara de los Comunes que la presentación argentina no invalida las licencias otorgadas por las autoridades de las islas ni obliga a suspender el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos.
Londres también sostiene que los habitantes del archipiélago tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y que las actividades vinculadas con Sea Lion se ajustan a su interpretación del marco jurídico vigente.
La fiscal general británica, Ellie Reeves, viajó a Hamburgo al frente del equipo legal de su país. Antes del comienzo de las audiencias afirmó que el Reino Unido reconoce la autoridad del Tribunal, pero cuestiona que tenga jurisdicción para intervenir en el reclamo argentino.
En paralelo, el Gobierno británico anunció que prepara una legislación destinada a proteger a las empresas que pudieran verse afectadas por medidas extraterritoriales adoptadas por la Argentina. La iniciativa todavía no fue presentada formalmente ante el Parlamento.
Cómo continuará el procedimiento
El proceso tiene una particularidad jurídica: mientras la Argentina eligió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para la solución de controversias, el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia. Al no coincidir las elecciones de ambos países, la Convemar establece que la disputa de fondo deberá ser tratada mediante un tribunal arbitral previsto en su Anexo VII.
En este contexto, el TIDM interviene para resolver si corresponde dictar medidas provisionales mientras se constituye ese tribunal arbitral. Para hacerlo, debe evaluar si existe una base inicial de jurisdicción, si la situación requiere una respuesta urgente y si los derechos invocados por la Argentina tienen fundamento suficiente.
Las audiencias comenzaron este martes con la exposición argentina. Luego fue el turno de la representación británica. El miércoles, la delegación nacional tendrá una nueva intervención y el Reino Unido cerrará el procedimiento.
La resolución podría conocerse alrededor del viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el Tribunal postergue el anuncio hasta el lunes siguiente.
Los tres escenarios posibles
El Gobierno argentino contempla tres resultados posibles. El primero sería que el Tribunal acepte íntegramente el pedido y ordene al Reino Unido detener las actividades vinculadas con la explotación petrolera. Una decisión de ese tipo paralizaría el proyecto hasta que el tribunal arbitral pueda revisar las medidas y decidir si las confirma, modifica o deja sin efecto.
Una segunda posibilidad es que el organismo haga lugar parcialmente a la presentación argentina y conceda algunas de las medidas solicitadas, pero no todas. En ese caso, el alcance de la resolución dependerá de los puntos que considere acreditados.
El tercer escenario sería el rechazo del planteo por considerar que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción inicial sobre la controversia. De acuerdo con el análisis citado por especialistas, se trata de una alternativa poco probable, aunque no está descartada.
El proyecto Sea Lion es operado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Está ubicado a unos 198 kilómetros al norte de las islas, en un área de 541 kilómetros cuadrados, y tiene previsto iniciar las perforaciones en enero de 2027.
La decisión del Tribunal será un paso importante en la disputa jurídica por la explotación de los recursos naturales en el Atlántico Sur, aunque no resolverá la cuestión de fondo sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
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