Shadya Altamirano era abogada
La muerte de una joven abogada en Santiago del Estero conmocionó a la comunidad y volvió a poner bajo la lupa la respuesta del Estado frente a casos de violencia digital. La víctima había denunciado a su expareja por la difusión no consentida de fotos y videos íntimos, un hecho que, según su entorno, derivó en una profunda crisis emocional.
Shadya Altamirano, de 29 años, falleció el pasado 11 de abril en la localidad de Pinto. Cuarenta días antes, se había presentado en una comisaría para acusar a su exnovio por amenazas y por viralizar material privado a través de WhatsApp, tras el final de una relación de nueve años que —según consta en la denuncia— estuvo atravesada por violencia psicológica, física y sexual.
De acuerdo con la información oficial, tras la denuncia se le ofrecieron medidas de protección como botón antipánico, que la joven rechazó, y se dictaron restricciones judiciales contra el acusado. Sin embargo, la familia sostiene que no hubo contención psicológica ni seguimiento adecuado, y cuestiona la eficacia de la respuesta institucional.
Denuncias cruzadas y dudas en la investigación
Mientras el Ministerio Público Fiscal aseguró haber actuado conforme a los protocolos vigentes, allegados a la víctima denuncian que la causa no avanzó con la celeridad necesaria y que existió una sensación de desamparo. Incluso señalaron posibles vínculos del acusado con sectores del poder judicial, lo que —afirman— generó temor e incertidumbre.
En paralelo, desde el ámbito judicial indicaron que no consta la solicitud formal de nuevas medidas de protección tras la denuncia inicial, lo que abre interrogantes sobre el seguimiento del caso y la articulación entre las distintas áreas intervinientes.
La investigación continúa con peritajes sobre el teléfono celular de la víctima y otros elementos secuestrados, mientras se esperan los resultados de la autopsia.
Violencia digital y un problema en crecimiento
El caso vuelve a exponer una modalidad de violencia cada vez más frecuente: la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, también conocida como “pornovenganza”. En Argentina, esta práctica está contemplada dentro de la violencia de género por la Ley 26.485, aunque especialistas advierten que aún persisten dificultades en su aplicación efectiva.
La exposición pública, el hostigamiento y el impacto psicológico que generan estos hechos pueden ser devastadores, especialmente cuando no existe un acompañamiento integral que combine herramientas legales, contención emocional y acciones concretas para frenar la circulación del material.
Un llamado de atención
La muerte de Altamirano no solo sacudió a su entorno, sino que también reactivó el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y asistencia a víctimas de violencia digital.
El desafío, advierten especialistas, no es solo contar con leyes, sino garantizar su implementación efectiva y brindar respuestas rápidas y humanas ante situaciones de extrema vulnerabilidad.
