Cuatro internos del Penal N.º 7 fueron procesados con prisión preventiva por una presunta organización que se hacía pasar por el presidente de la Corte Suprema para obtener datos personales y exigir dinero a familiares de detenidos.
La causa incluye transferencias por cientos de miles de pesos y denuncias por millones.
Cuatro internos del Servicio Penitenciario de Jujuy fueron procesados con prisión preventiva, acusados de integrar una organización que utilizaba la identidad del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para cometer estafas y extorsiones desde el Establecimiento Penitenciario N.º 7, en San Salvador de Jujuy.
La medida fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini, quien atribuyó a los sospechosos presuntos delitos de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad. Además, ordenó un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes y el dinero de cada uno de los imputados.
Según la investigación, las maniobras se habrían desarrollado entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, mediante teléfonos celulares que los acusados mantenían ocultos en sus celdas. Con esos dispositivos, se hacían pasar por autoridades judiciales para conseguir información sobre personas detenidas y luego contactar a sus familiares con falsas promesas de beneficios procesales a cambio de dinero.
Cómo operaba la banda desde la cárcel jujeña
La modalidad comenzaba con llamadas a dependencias policiales, penitenciarias y otras fuerzas de seguridad. Los interlocutores se presentaban como funcionarios judiciales y solicitaban datos personales de detenidos, además de los números telefónicos de sus familiares.
Para reforzar el engaño, utilizaban perfiles de WhatsApp con fotografías de Rosatti, imágenes del edificio de Tribunales y referencias a la Corte Suprema. Una vez obtenida la información, se comunicaban con los allegados y les ofrecían gestionar excarcelaciones, fianzas y otros trámites judiciales a cambio de determinadas sumas.
Una de las conversaciones incorporadas al expediente expuso la modalidad que presuntamente utilizaban. En ella, uno de los involucrados habría reconocido: “A ellos les estamos robando, le pedís los números de familiares ahí, estamos diciendo que les vamos a dar una fianza”.
Para recibir el dinero, los sospechosos recurrían a billeteras virtuales, cuentas bancarias y distintos alias. En algunos casos, las exigencias alcanzaban el millón de pesos.
Sin embargo, las presuntas estafas no se limitaban a familiares de personas privadas de la libertad. De acuerdo con la causa, los acusados también anunciaban premios inexistentes, como vehículos, dinero y electrodomésticos, y luego exigían pagos por supuestos gastos administrativos.
Entre los casos investigados figura el de un hombre que transfirió 450.000 pesos después de recibir llamadas en las que le prometían gestionar la liberación de su hijastro, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El dinero fue enviado a un alias que simulaba estar relacionado con el Poder Judicial.
También se registraron denuncias por falsas promociones. Una de las víctimas transfirió 429.500 pesos por un supuesto vehículo, mientras que otra denunció pérdidas estimadas entre nueve y diez millones de pesos a raíz de un engaño relacionado con un premio de telefonía satelital.
Una llamada sospechosa permitió descubrir la maniobra
La investigación comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina recibió una comunicación de un hombre que aseguró ser el presidente de la Corte Suprema.
El interlocutor se identificó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y solicitó información sobre personas detenidas y sus familiares. Para justificar el pedido, afirmó que realizaba un relevamiento relacionado con derechos humanos.
La comunicación despertó sospechas y los investigadores lograron rastrearla hasta las inmediaciones del Penal N.º 7 de Jujuy. A partir de ese momento, avanzaron con intervenciones telefónicas, cruces de líneas, análisis de movimientos bancarios y allanamientos dentro del establecimiento penitenciario.
Durante los procedimientos realizados en diciembre de 2024, se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM y libros con anotaciones de números telefónicos, cuentas bancarias, alias y posibles destinatarios de transferencias. El material permitió reconstruir parte de las operaciones que se les atribuyen a los internos.
Uno de los elementos considerados por el magistrado fue que las maniobras habrían continuado incluso después de los primeros allanamientos y del secuestro de uno de los teléfonos utilizados para las llamadas.
La resolución sostuvo que la utilización del nombre, la imagen y el cargo institucional de Rosatti formaba parte del mecanismo empleado para engañar a las víctimas y obtener dinero. Con el procesamiento y la prisión preventiva de los cuatro acusados, la causa continuará su curso judicial para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
