La fachada de la estación de policía de Córdoba, donde la joven habría sido obligada a mostrar fotos íntimas
Una grave denuncia sacude a la provincia de Córdoba luego de que una joven dedicada a la producción de contenido para adultos denunciara que cuatro efectivos policiales la habrían obligado a exhibir imágenes y videos íntimos de su teléfono celular mientras era interrogada en una comisaría de la localidad de San Francisco del Cañar.
Según trascendió, la mujer había sido citada en el marco de una investigación por un presunto robo. Durante su permanencia en la dependencia policial, los agentes le habrían exigido acceder a material privado sin autorización judicial ni vínculo con la causa que se investigaba.
Tras el episodio, y de acuerdo con lo señalado por su abogado defensor, la joven sufrió una profunda crisis emocional que derivó en un intento de suicidio, por lo que debió ser internada.
La fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, confirmó que ya se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. La causa está caratulada provisoriamente por presunto abuso de autoridad y mal desempeño de funciones contra los cuatro policías señalados.
La funcionaria judicial explicó que, incluso en una investigación penal, el acceso al contenido de un teléfono celular requiere autorización judicial específica cuando se trata de una persona sospechada. Además, remarcó que será fundamental reconstruir cómo se produjo la citación, bajo qué condiciones se desarrolló el procedimiento y si existieron vulneraciones a las garantías constitucionales de la denunciante.
Por su parte, el abogado de la joven, Ignacio Almada Vargas, sostuvo que su clienta “ni siquiera está imputada” en la causa por robo y cuestionó con dureza el accionar policial.
“Si se investiga un robo, no existe motivo alguno para exigir la exhibición de material íntimo o vulnerar la privacidad de una persona”, afirmó.
Días después del hecho denunciado, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de la mujer, donde se secuestraron dos teléfonos iPhone usados, un vehículo antiguo y otros elementos que ahora forman parte de la investigación.
En paralelo, la defensa solicitó la intervención de organismos especializados en violencia de género para garantizar contención y acompañamiento durante el proceso judicial.
La fiscal adelantó que, si se comprueba la veracidad de la denuncia, los efectivos involucrados podrían enfrentar imputaciones formales por abuso de autoridad.
