La construcción de la autopista sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo que une El Cuarteadero con San Pedro, atraviesa un momento crítico. Un total de 180 trabajadores fueron suspendidos debido a la falta de pago de certificados de obra por parte del Gobierno nacional, situación que pone en riesgo la continuidad de uno de los proyectos viales más importantes de Jujuy.
La medida comenzó a regir el jueves 23 de julio y tendrá una duración inicial de 20 días. Desde la empresa constructora advirtieron que, si durante ese plazo no se regulariza al menos una parte de la deuda, la obra será paralizada de manera total e indefinida.
La preocupación fue expresada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Jujuy, que convocó a una asamblea con los trabajadores afectados para analizar el escenario y las posibles consecuencias.
El secretario general del gremio, Ramón Neyra, sostuvo que la situación tiene un fuerte impacto social, ya que las suspensiones dejan sin actividad a 180 familias que dependen de la obra para su sustento. «No estamos hablando solo de números o de metros de asfalto. Estamos hablando de 180 familias que quedan literalmente en la calle y sin la certeza de llevar el pan a sus casas», manifestó.
Según informó el sindicato, la empresa Chediack, encargada de ejecutar los trabajos, reclama una deuda cercana a los 19.000 millones de pesos por certificados de obra impagos. De ese total, existía el compromiso de transferir 6.500 millones de pesos correspondientes a los certificados de enero y febrero, fondos que permitirían mantener el ritmo de los trabajos y garantizar la continuidad laboral de los operarios.
Sin embargo, ese desembolso nunca se concretó y derivó en la suspensión preventiva del personal.
La autopista de la Ruta Nacional 34 es considerada una obra estratégica para Jujuy y el norte argentino, ya que busca mejorar la seguridad vial, agilizar la circulación y fortalecer la conectividad entre distintos puntos de la provincia. Además, genera cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y moviliza a numerosos proveedores y comercios vinculados al sector de la construcción.
Ahora, el futuro del proyecto dependerá de lo que ocurra en los próximos 20 días. Si el Gobierno nacional no envía los fondos comprometidos, la empresa avanzará con la paralización total de la obra, profundizando la incertidumbre tanto para los trabajadores como para el desarrollo de una infraestructura clave para la provincia.
