“El acuerdo con las universidades es un alivio, pero no una solución definitiva”

El exministro de Educación de la Nación y actual diputado nacional, Nicolás Trotta, analizó el reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional, las universidades y los gremios docentes, y consideró que si bien representa un alivio para el sector, está lejos de resolver los problemas estructurales que atraviesa el sistema universitario.

El entendimiento contempla un incremento salarial del 24,3% para los docentes universitarios, distribuido en un 21,3% para junio y un 3% adicional en octubre. También incluye un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades, una partida extraordinaria de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano.

Sin embargo, Trotta advirtió que el acuerdo no implica la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento continúa siendo reclamado en la Justicia. “Durante dos años y medio este gobierno extendió un conflicto que generó un daño, en parte irreparable, al sistema universitario”, sostuvo.

Según el legislador, la crisis provocó la pérdida de más de 10.000 docentes investigadores, la interrupción de proyectos de investigación y el abandono de carreras por parte de numerosos estudiantes. En ese sentido, remarcó que la mejora salarial acordada solo permite recuperar una parte de lo perdido. “Cuando se pierde casi la mitad del ingreso y apenas se recupera una porción de esa caída, existe un alivio, pero no una solución definitiva”, afirmó.

Trotta también cuestionó la demora de la Corte Suprema en resolver el conflicto judicial vinculado a la ley. A su entender, la situación no solo representa una disputa entre poderes del Estado, sino que pone en riesgo uno de los principales activos sociales y educativos del país: las universidades públicas.

Además, señaló que el Congreso aprobó la normativa en dos oportunidades y consideró que su aplicación no debería quedar suspendida mientras se debate el fondo de la cuestión. “El daño continúa mientras tanto”, advirtió.

Para el exfuncionario, el acuerdo alcanzado es consecuencia de la movilización de la comunidad universitaria y constituye una respuesta parcial a la crisis, pero no modifica el reclamo central por un financiamiento adecuado y sostenible para las universidades nacionales.

Finalmente, sostuvo que la inversión educativa debe ocupar un lugar prioritario dentro de las políticas públicas. “Hay gastos de los que se puede prescindir, pero la educación no puede formar parte de una política de ajuste. La prioridad número uno debe ser el sistema educativo”, concluyó.