Casi 40 días estuvo Sergio Massa esperando esa foto, que se confirmó en la mañana del lunes pasado y encendió la temporada alta de comparaciones odiosas en el Frente de Todos.
Por, Pablo Fernández Blanco
Fue el último giro de decenas de engranajes que involucraron a funcionarios argentinos, norteamericanos, empresarios de ambas nacionalidades y un teléfono directo con el Departamento del Tesoro que todavía permanece en secreto.
El ministro de Economía se enteró a través de Gustavo Martínez Pandiani, su hombre de mayor confianza en el manejo de temas internacionales, que podría ver a las 10.30 del 12 de septiembre a Janet Yellen, una protagonista central en el proceso de toma de decisiones que afectarán la llegada de dólares a la Argentina en los próximos meses. Festejaron como si hubiesen llenado el álbum de figuritas del Mundial.
Massa desplegó con Yellen su tarjeta internacional de presentación con más potencia que nunca antes en la gira norteamericana. Le dijo que estaba allí por decisión de la coalición de gobierno, como resultado de un camino que habían elegido Cristina Kirchner, Alberto Fernández y él mismo.
El ministro cree que fue razonablemente convincente como para sepultar la multiplicidad de voces que hasta ahora se atribuían la representación argentina en Washington y concentrarlas en una sola: la suya.
Massa repitió el mensaje cuatro horas más tarde, con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por primera vez en dos años, un miembro del Frente de Todos se dirigía en términos amistosos hacia el organismo, mostraba compromiso con el programa de ajuste acordado en Washington y decía que hablaba en nombre de Cristina Kirchner, hasta ahora su principal detractora pública.
Es razonable que Georgieva se haya sorprendido. Su buena vibra casi contagia a Ilan Goldfajn, el economista brasileño que maneja el Hemisferio Occidental y suele tener posiciones antipáticas con respecto a la Argentina.
Massa comenzó a quemar el libro rojo del kirchnerismo con la aprobación de Cristina Kirchner, que en el pasado ha mostrado capacidad para darse a sí misma treguas ideológicas. Por ejemplo, cuando le abrió a Chevron el acceso a los dólares que les faltaban a otros, o en el momento en que convalidó una devaluación bajo la gestión de Axel Kicillof, en 2014. El respeto por la bandera norteamericana es una muestra de pragmatismo que pone a prueba la tolerancia del paladar kirchnerista a los tragos amargos.
El ministro puso otras escarapelas en el suelo. Celebró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le prestará al país US$400 millones adicionales. Servirán para engrosar las reservas del Banco Central, la principal alarma hoy, pero también para elevar el nivel de deuda pública en dólares, algo que hasta hace un mes rechazaban Alberto Fernández y Cristina Kirchner y los emparenta con algunas decisiones de Mauricio Macri.
Las prioridades cambiaron. Lo sabe el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, a quien señalan como el autor intelectual de las negociaciones para sacar al país de la corrida en pesos que expulsó a Martín Guzmán. Pagó un costo alto por la medalla, ya que, para proteger el patrimonio de los bancos, les dio a elegir cobrar en un año según la inflación o la devaluación, lo que más les convenga. Setti responde a ese punto con una montaña de realidad: dice que le tocó ser secretario de Finanzas ahora, y no en otro contexto.
En la intersección entre la falta de dólares y la deuda nació otra herejía. Massa está dispuesto a contraer un pasivo en moneda extranjera por más de US$2000 millones para acumular reservas al tiempo que les paga más a los productores de soja, una medida que considera largamente exitosa. No es altruismo, sino necesidad. Cuando apareció el precio, vinieron tras de él las divisas que pacificaron los últimos días.
El solo hecho de aplicar reglas económicas que se conocen desde hace siglos parece un avance en el Frente de Todos y la metamorfosis política es sorprendente: el ministro les dio un dólar especial a quienes antes se castigaba con cortes de silobolsas.
La paleta antikirchnerista del ministro tiene más colores: aumento de tarifas, mensajes de austeridad para todas las carteras, recortes de partidas para obra pública y subas de tasas de interés.
El jueves por la tarde se decidieron cosas importantes en el Banco Central en una reunión de directorio breve. El tiempo es síntoma de otra cosa: Miguel Pesce condujo un encuentro para validar algo que se había decidido en otro lado. Justificó un aumento del precio del dinero por el dato de inflación que se había conocido el día anterior y por las conversaciones que se venían teniendo.
El diálogo es solo aparente. Massa decide luego de consultar con su equipo y Pesce es, ahora, una instancia de discusión final en algunos casos.
¿Plan de shock?
Un tuit sacudió al círculo rojo anteayer por la tarde. Antonio Aracre, de Syngenta, sugería la aplicación de un plan de shock para estabilizar la economía. Sus palabras adquirieron mayor relevancia por la foto que acompañó al mensaje. El ejecutivo estaba rodeado por Pablo Carreras Mayer, director del Banco Central, y su vicepresidente Lisandro Cleri, que puso el despacho para el encuentro que duró desde las 18 hasta las 19. Ambos son hombres de máxima confianza de Massa.
Algunos miembros del equipo económico discuten la posibilidad de avanzar en noviembre sobre medidas más profundas para enfrentar a la inflación. Entre ellas, crear un nuevo mercado cambiario que incluya a la soja, el turismo, los bienes suntuarios y a los servicios basados en el conocimiento, como los programadores.
Sería un ámbito administrado en última instancia por el Banco Central y podría estar acompañado por un conjunto de medidas, establecidas por decreto, para congelar precios clave de la economía por un lapso determinado. Por ejemplo, seis meses.
La alternativa aún está en la probeta. Tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner temen que pueda restarle al oficialismo competitividad electoral en 2023.
Habrá novedades más cercanas. El equipo económico discute alternativas para continuar experimentando con el dólar en los próximos dos meses, en especial para bienes suntuarios y turismo. Massa no lo definió, pero Cristina Kirchner ya dio el visto bueno para tomar decisiones que afecten el denominado dólar tarjeta.
En las últimas horas, se barajaban alternativas para segmentar a quienes quedarán afectados por esa decisión. Se trataba de excluir de alguna manera a los servicios cercanos a la clase media, como Netflix o Spotify.
Hay tres con distinto nivel de peligrosidad que todavía no logran acuerdo. Una contempla el cierre total de la venta de dólares para el pago de consumos con tarjeta en el exterior. Quien deba cancelar el resumen, se tendrá que asegurar el billete por otro lado. Tiene altos costos políticos, pero también puede presionar sobre la brecha.
Otras dos contemplan llevar el valor actual del dólar para turistas al precio del denominado MEP, que se obtiene mediante una operación de compra y venta de bonos.
La discusión transita sobre la manera de llegar a ese nivel. La alternativa que pesa más en la consideración de Massa consiste en agregarle al valor oficial la suficiente cantidad de impuesto como para que llegue al precio del MEP. El ministro considera que esa opción sumaría varios de los efectos que se buscan. Encarecería la salida de divisas, por ejemplo, pero también sumaría recaudación para cumplir con la meta fiscal pactada con el FMI.
Es una especie de “dólar soja” al revés. El dinero que el Estado pone ahora volvería al Tesoro de manera parcial, imperfecta e impredecible, de la mano de quienes compren cosas afuera.
El problema es que tiene fragilidad jurídica: sus asesores en el Ministerio de Economía ya le anticiparon que una decisión de ese tipo puede naufragar entre medidas cautelares.
Otra contempla el desdoblamiento de los consumos en el exterior y que sencillamente se liquiden en el MEP todos los turistas, tanto los que se van, como los que vienen. Es una alternativa que le genera desconfianza porque resignaría la parte de la recaudación que llega por el impuesto. Además, está en contra de lo que prefiere el FMI.
Por distintos motivos, también medita la decisión el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que coordina el equipo que analiza el tema. Antes de tomar decisiones más arriesgadas, espera sumar reservas.
El perímetro de la incertidumbre se cierra con el presidente del Banco Central, que en el pasado frenó diversos intentos por ir hacia un desdoblamiento más decidido. La última vez fue el viernes 22 de julio por la mañana. La ministra Silvina Batakis lo había convocado a una conversación con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para comenzar a redactar una norma.
Ibarra notó que Pesce estaba lleno de dudas y propuso seguir discutiendo el tema. La propuesta no prosperó en ese momento, pero luego se convirtió en el dólar soja que pacificó al mercado la semana pasada. Batakis perdió el cargo en el medio y debió ver la puesta en práctica de su medida desde una oficina más chica, en la presidencia del Banco Nación.
En cualquier caso, es un hecho que el dólar saldrá más caro para quien quiera comprarlo. Es decir, habrá una devaluación sectorizada. El Gobierno está preparando un experimento para hacer más digerible la medida: dirá que es un reclamo unánime del sector productivo, algo que, de hecho, está ocurriendo. El mismo argumento que usó para lanzar un inédito blanqueo para dueños de industrias bajo la inspiración de Guillermo Michel, jefe de la Aduana.
Michel es uno de los grandes predicadores del nuevo credo. Dice que todo dólar vale. El miércoles pasado celebraba un cambio en el sistema informático para pedir autorizaciones para traer cosas de afuera. “Mensaje al declarante. Importador monitoreado por presunto uso abusivo de cautelares”, respondía amenazante la pantalla a algunos importadores.
Los empresarios les transmitieron a dos funcionarios que estaban en un estado de angustia por la falta de dólares. El martes pasado, la UIA se lo comentó al secretario de Comercio, Matías Tombolini, en el edificio de Avenida de Mayo, y el viernes anterior en Rafaela (Santa Fe) a su excompañero José Ignacio de Mendiguren -ahora en Desarrollo Productivo-, que difundió el mensaje con una libre traducción en el grupo de WhatsApp “Economía – Massa”.
De ese tema hablará Daniel Funes de Rioja con Sergio Woyecheszen, el yerno del titular de la AFI, Agustín Rossi, que retuvo un lugar en el Banco Central. Funes le delegó el trabajo a Diego Coatz, director ejecutivo de la mayor central empresaria argentina, que demoró el llamado porque no sabía si Woyecheszen seguiría en el cargo tras la llegada de Lisandro Cleri a la vicepresidencia del Banco Central.
La piola de los dólares llevará a las discusiones por los precios. Tombolini se ubicará en un punto a mitad de camino entre el modo analógico de Guillermo Moreno y el digital ideológico de Augusto Costa, funcionario de Axel Kicillof y persona dilecta de Cristina Kirchner para el cargo.
Tombolini tiene de referente y validador político a Costa. Verbalizó en los últimos días una nueva forma de controlar a los supermercados. Quiere crear una aplicación para que los usuarios denuncien faltantes en las góndolas, una especie que emerge cada vez que se controlan los precios. Sería la nueva funcionalidad de la versión de Precios Cuidados.
El giro de Massa es tema de conversación en la oposición. Le valoran que el Gobierno haya decidido transitar el último año y medio desechando cuestiones radicales en un programa donde si las cosas se ponen más feas, la devaluación está antes que el corralito. También el hecho de que ya no haya palabras agresivas contra los organismos de crédito ni se hable del pasado reciente para justificar el fracaso presente.
La nueva era no les infunde piedad al momento de cuestionar al Frente de Todos. Trabajan en eso los asesores discursivos de Mauricio Macri, un grupo integrado por Pablo Avelluto, Hernán Lombardi y Alejandro Rozitchner, entre otros. Uno de ellos anota una por una las medidas que anuncia Massa en una hoja A4 intrascendente para trabajar en una nueva línea argumentativa para el expresidente.
La hipótesis principal es que la crisis llevó al ministro a tomar medidas en la dirección opuesta a lo que proponía la vicepresidenta, prueba de que el modelo de Cristina Kirchner está agotado. Es probable que Macri saque provecho de esa argumentación en sus próximas apariciones.
El regalo político no alcanza, sin embargo, para compensar el legado económico que recibirá el próximo presidente, según las cuentas de la oposición. Un informe privado que llegó al propio Macri, Patricia Bullrich, los radicales y la Coalición Cívica muestra cómo el Plan Massa tiende a aumentar la bola de pesos y deteriora al Banco Central, último garante de la salud del peso. El diputado Luciano Laspina lo definió con dramatismo poético: se alarga la mecha al costo de agigantar la bomba. Nadie sabe si la explosión llegará antes o después de diciembre de 2023.
Pablo Fernández Blanco
