La presión impositiva desalienta la producción

El sector productivo propone alternativas para reactivar la economía. Pero las señales del gobierno todavía no son tan claras. Prueba de ello: la presión impositiva se hace cada vez más pesada para la producción, afirmó el asesor de sectores productivos de la región, Martín Miguel Llanos.

En este sentido señaló que “el Consejo Agroindustrial Argentino, una entidad que incluye más de 50  instituciones relacionadas con las economías agroindustriales de todo el país, proyecta para 2026 una cosecha de granos por encima de los 156 millones de toneladas, si se aplican políticas a favor del sector, como la baja de impuestos. Esto significa USD 100.000 millones de exportaciones anuales y generar 700.000 puestos de trabajo”.

Y si bien desde el Gobierno “sostienen que la Argentina saldrá de la crisis, especialmente, a través de un aumento en las exportaciones y la producción. Las últimas medidas anunciadas en materia cambiaria y tributaria para con el sector productivo sobre todo el de las economías regionales están provocando numerosos problemas de rentabilidad y desinversión”.

Por esta razón, desde el sector “reclaman con urgencia un marco de certidumbre económica para el mediano y largo plazo, con una macroeconomía estable y mejores condiciones de financiamiento para que inversores,  empresarios y productores puedan proyectar sus planes de negocios”, aseguró.

Frente a este escenario dijo que “es imperioso buscar formas de aliviar la fuerte presión impositiva que está haciendo fracasar nuestras economías regionales como la azucarera, tabacalera, frutihorticultura, legumbres, entre otras. Así también atender las necesidades del acceso al financiamiento a tasas subsidiadas para subsanar la deteriorada economía productiva”.

Algunas actividades productivas tienen que pagar varias veces el mismo impuesto en las distintas etapas de la cadena y  productores que sembraron con un esquema impositivo terminarán cosechando su producción con otro muy distinto.

También destacó que es necesaria “una reforma laboral consensuada; cuyos costos, cargas y beneficios se distribuyan equitativamente. Cambios que apunten a facilitar la creación de empleo decente, que promuevan mejoras de productividad, que desgraven el empleo y descentralicen la negociación colectiva, y que tengan en enfoque inequívocamente regional”. Es decir “una actualización del sistema laboral del país que permita afrontar la nueva realidad económica que se vive”, afirmó.

El virus “no solo se expande en términos sanitarios, sino también en lo económico y que sus efectos se sufrirán durante años  por lo cual  es difícil pensar en una recuperación rápida».