Alfredo González, líder del organismo, advierte que situará a Jujuy con los precios más elevados del país, generando una disparidad entre la capital y el interior.
Persisten las críticas hacia el impuesto sobre la carga de combustible aprobado por el Concejo Deliberante de San Salvador. La Cámara de Expendedores de la provincia ha convocado una conferencia para expresar su descontento con la medida y advertir que, de no revertirse, tomarán acciones legales.
El 14 de marzo, en una sesión exprés, el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó un impuesto sobre la carga de combustibles en la ciudad, estableciendo una tasa adicional del 1,8% por litro o fracción de nafta o gasoil para los usuarios. Se argumenta que los ingresos obtenidos se destinarán a obras públicas.
A pesar de los días transcurridos, la situación parece estancada, lo que llevó a la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia a ofrecer una nueva conferencia de prensa este lunes para reiterar su rechazo a la medida y explicar sus perjuicios. Alfredo González, líder del sector, sostuvo que se trata de un impuesto disfrazado de tasa, ilegal y que no solo representa una carga impositiva, sino que también situará a Jujuy con el combustible más caro del país.
«El precio de la nafta subirá, el del GNC también, y ahora se sumará esta nueva tasa vial. Jujuy ya tiene las tarifas más elevadas del país, y si añadimos esta nueva tasa, nuestros precios serán considerablemente más altos que en el resto del país», afirmó González. «Esta tasa es ilegal; es un impuesto disfrazado de tasa. Ya en 2014 se propuso algo similar y se revirtió porque el municipio no tiene la autoridad para imponer este impuesto. Los concejales no pueden ignorar este fallo que ya ha sido dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia. Además, se decretó una emergencia vial y, por detrás, se aprobó esta tasa sin claridad sobre su destino. La tercera razón es que distorsiona los precios del combustible dentro y fuera de la provincia, y pone en riesgo los empleos. Si algunos municipios pagan esta tasa y otros no, se crea una distorsión de precios. No es adecuado seguir aumentando la presión fiscal sobre las empresas», añadió. Hemos solicitado reuniones con el municipio y no hemos recibido respuesta; seguimos a la espera. Si esto se promulga y sigue adelante, continuaremos con acciones legales.
Días atrás, González había advertido que la decisión del municipio conllevará costos más elevados, largas esperas y otras complicaciones para las estaciones de servicio.
