El Gobierno oficializó recién hoy, jueves 28 de abril, cuáles son las condiciones para acceder al cobro del llamado “refuerzo de ingresos” de $18.000 que se percibirá entre mayo y junio.
Y, aun con la normativa oficial ahora emitida, todavía quedan algunas cuestiones pendientes de reglamentación, por lo cual no está totalmente establecido quiénes podrán cobrar.
Mediante el decreto 216, publicado hoy en el Boletín Oficial, se definió quiénes serán los beneficiarios de la ayuda estatal de $18.000 que, junto con el pago de un bono a un grupo de jubilados y pensionados y según las primeras estimaciones del Ministerio de Economía, tendrá un costo de alrededor de $200.000 millones, una cifra que, en rigor, variará en función de cuántas solicitudes sean finalmente aceptadas.
El primer grupo de personas que podrían recibir el subsidio está definido por quienes son trabajadores con ingresos informarles que sean no superiores a dos veces el salario mínimo, según determina el mencionado decreto. Eso equivale a decir que no pueden estar percibiendo mensualmente más de $77.880 (un requisito que, en la práctica, es difícil de ser verificar, al tratarse justamente del segmento no registrado de la economía). Según habían afirmado la semana pasada funcionarios del Gobierno, para establecer si se llega a esa cifra no se considerarán los montos de planes sociales; sin embargo, el decreto no se refiere explícitamente a ese tema ni dispone la compatibilidad del cobro del refuerzo con el de planes sociales o ayudas como la AUH. Esa compatibilidad fue anunciada apenas se difundió la decisión oficial de pagar el bono, que intenta aliviar los efectos de la fuerte aceleración del ritmo de suba de precios.
También accederán al refuerzo las personas desocupadas; quienes trabajan en casas particulares; los monotributistas sociales y los que están en las categorías A y B (corresponden a ingresos anuales de hasta $693.002,36) y los trabajadores con contratos bajo relación de dependencia del sector privado de la economía que estén en un período de “reserva de puesto”. Esto último se refiere a situaciones en las que, por cuestiones de enfermedad y una vez vencido el plazo en el cual el empleador debe seguir abonando la remuneración, un trabajador mantiene el derecho a volver a su lugar de trabajo aun cuando mientras tanto no pueda desarrollar sus tareas.
El nuevo decreto fija las condiciones que quienes soliciten el pago de la ayuda deben cumplir. Y son las siguientes:
*Tener entre 18 y 64 años.
*No cobrar jubilación ni pensión (contributiva o no contributiva); según lo establecido por el decreto 215, publicado ayer en el Boletín Oficial, los jubilados y pensionados con ingresos de hasta $65.260,80 (dos haberes mínimos) percibirán en mayo un bono de $12.000, en tanto que a quienes cobran entre la mencionada cifra y $77.260,80 se les depositará un adicional de hasta $12.000, de un monto tal que se completen esos $77.260,80.
*No tener un plan de salud contratado en una entidad de medicina prepaga, ni obra social (excepto los monotributistas, empleados de casas particulares o trabajadores en período de reserva de puesto).
*En el caso de personas de entre 18 y 24 años, podrán acceder al bono si el grupo familiar que integran tiene un ingreso no superior a 3 veces el salario mínimo. Eso es equivalente a $116.820 mensuales.
*Estar en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial. Este es un punto que no quedó todavía definido formalmente, porque el decreto le delega la determinación de “las condiciones objetivas” a una reglamentación que debería conocerse en las próximas horas y que deberá ser emitida por las secretarías de Política Económica y de Seguridad Social, dependientes de los ministerios de Economía y de Trabajo, respectivamente.
En uno de sus artículos, el decreto establece que las personas que accedan a este refuerzo, que será pagado en dos cuotas ($9000 en mayo y $9000 en junio), no tendrán acceso al mercado de cambio oficial (no podrán comprar dólares) durante un período de 6 meses.
Además, se dispone que, a partir de la inscripción de los solicitantes del subsidio, la Anses “elaborará un universo con población potencialmente objetivo” de la ayuda, para cruzar datos con la información disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social y con las bases administradas por la AFIP, el Banco Central, la Dirección Nacional de Migraciones, la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud.
Si bien es parte de la reglamentación faltante, se entiende que en esos cruces de datos se observarán, por ejemplo, posibles movimientos patrimoniales o de cuentas bancarias y datos de consumos.
Mientras tanto, en la página de la Anses sigue habilitada la opción para completar la primera etapa de la inscripción, luego de varios días en que el sistema está saturado por la cantidad de personas que buscan ingresar. Desde ayer, el organismo implementó una “sala de espera”, en la que se avisa cuántos usuarios hay en la fila; en esta mañana de jueves había casos en que esa cantidad enunciada superaba ya el millón y medio. Y a partir de hoy también se puede entrar para la segunda parte de la gestión, que consiste en hacer una declaración jurada y, eventualmente, informar una CBU para cobrar el beneficio.
Esto podrá hacerse, en cualquier momento del día o de la noche (se trata de un sistema de 24 horas) hasta el 7 de mayo. El tramite puede realizarse desde la app de la Anses.
Esas esperas afectan a cualquier persona que necesite hacer en estos días un trámite en la página del organismo previsional, sin importar de qué tipo de gestión se trate.
Silvia Stang
