Las compañías que gestionan las líneas de transporte en el AMBA aseguran que no disponen de los fondos suficientes del Gobierno Nacional para cubrir el aumento salarial solicitado por el sindicato. Este miércoles, la discusión continuará.
Este martes, el Gobierno recibió a las empresas encargadas de las líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y les solicitó que aborden el conflicto con la UTA, pero reiteró su decisión de no aumentar los subsidios para cubrir los incrementos salariales exigidos por el sindicato. Esta postura tensa la negociación con el gremio liderado por Roberto Fernández, que demanda un aumento de $250.000 que las empresas afirman no poder costear.
Este miércoles, se llevará a cabo una nueva reunión entre las cámaras que gestionan las líneas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, y la UTA ante la Secretaría de Trabajo, a las 13 horas. El gremio ha advertido que este será el último plazo que aceptarán antes de considerar medidas de fuerza, incluyendo la posibilidad de un paro de servicios de colectivos.
Tras la reunión en la sede del Ministerio de Economía, desde la Secretaría de Transporte, dirigida por Franco Mogetta, señalaron que comprenden las dificultades que enfrenta el sistema de transporte de colectivos en el AMBA, con empresas que afirman que sus costos operativos no están cubiertos ni por las tarifas ni por las transferencias del Tesoro. Mogetta repasó las medidas tomadas previamente sobre la estructura de costos y la situación tarifaria, que fue actualizada a principios de año, según mencionaron desde Transporte.
Después del encuentro, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, declaró que «continuaremos las negociaciones con el gremio sin adelantar detalles por respeto a la otra parte. Dada la delicada situación social, no es viable transferir todos los costos del servicio a la tarifa de inmediato. El transporte podría funcionar con tarifas, sin necesidad de subsidios. Debemos ser pacientes y creativos», agregó.
Fusaro también mencionó que «a corto plazo, debemos elaborar una propuesta para discutir con el gremio, priorizando la paz social. Es necesario un aumento en las tarifas, pero debemos evaluar cómo y cuánto. Un boleto sin subsidios cuesta 1.200 pesos. Desde ahí hasta lo que se paga actualmente, hay diferentes niveles de subsidio. Aunque fijamos nuestra posición, es el Estado quien decide, ya que se trata de un servicio regulado».
Los empresarios recibieron la confirmación, por parte de los funcionarios del área, de que no habrá un aumento en las asignaciones presupuestarias, lo que, según sus cálculos, les deja sin margen para cubrir el aumento del casi 35% que reclama el sindicato para los salarios de los choferes, que fueron depositados el pasado lunes.
El conflicto entre el gremio y las empresas gira en torno a los 250.000 pesos de diferencia. La UTA solicita que al salario básico de marzo se le sume la suma no remunerativa de $250.000 abonada en febrero, cuando el sueldo inicial alcanzaba los $737.000. Es decir, el sindicato demanda que el salario básico a cobrar sea de 987.000 pesos.
El problema radica en que las cámaras empresariales afirman no recibir este mes los subsidios del gobierno para pagar esta suma, ya que argumentan que el cálculo se basa en la paritaria acordada, que es de $737.000, y que para marzo no hay nada firmado, solo una base de negociación.
La UTA exige la actualización de los sueldos de marzo según el artículo 6° de su convenio paritario, que establece: «Las partes se comprometen a reunirse después del 15 de marzo y una vez publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, para determinar el salario de marzo, cuya base de cálculo acordada será de $987.000,00 como salario básico conformado para el mes de febrero para el personal de conducción inicial del transporte automotor de pasajeros del AMBA, y proporcional para el resto de las categorías».
Las empresas operadoras de transporte de pasajeros publicaron un comunicado en el que solicitan a la autoridad de aplicación (la Secretaría de Transporte) que corrija de manera inmediata los cálculos que determinan los niveles de ingresos necesarios para operar.
Desde la Secretaría de Transporte, afirman que «no tienen injerencia en los acuerdos de paritarias entre la UTA y la patronal, no son parte del acuerdo ni son responsables del mismo. La Secretaría de Transporte de la Nación realizó su deber y reconoció los costos del sector, manteniendo un diálogo con las Cámaras. No pueden intervenir de otra manera, ya que no son parte del conflicto».
«Con respecto al pago de subsidios a las empresas de transporte automotor del AMBA, la Secretaría de Transporte recuerda que está al día con el pago de todos los fondos previstos a las empresas, que se abonan, como siempre, en tiempo y forma. La única responsable del pago salarial a sus empleados son las empresas y no las secretarías gubernamentales», concluyen.
