Antes de disponer el sobreseimiento de Moyano, la jueza Madrid adoptó resoluciones que permitieron cinco postergaciones de las indagatorias.
En ellas, el dirigente debía responder como acusado de formar parte de una asociación ilícita junto con otros integrantes de la comisión directiva y barrabravas del club de Avellaneda.
«Cómo voy a querer hacer negocios con el club, con el imperio que tengo acá», expresó Moyano antes de comenzar una de las indagatorias que fueron suspendidas, según describieron fuentes judiciales.
«¿Qué sería la lectura? ¿Qué yo recaudaba la plata de los choripanes? ¿Que yo revendía entradas? Con todo ese circo que se armó con la asociación ilícita», exclamó Moyano desde una de las oficinas del sindicato de Camioneros, antes de la audiencia en la que debía responder preguntas como imputado. Después de esas frases comenzó la lectura de identificación del imputado y los hechos por los que fue acusado. Pero la audiencia se interrumpió nuevamente debido a que Moyano se levantó de la mesa y expresó: «me voy al baño».
Finalmente, Moyano regresó a la audiencia, después de unos minutos, pero la indagatoria fue nuevamente suspendida debido a que uno de los abogados del vicepresidente de Independiente dijo que no había podido visualizar la declaración de uno de los testigos. Así, entre los exabruptos de Moyano y problemas técnicos, terminaba la quinta convocatoria a indagatoria del líder del sindicato de Camioneros.
Todas estas dilaciones provocadas por Moyano y su defensa fueron permitidas por la jueza, quien hace cinco días dictó una resolución con la que desvinculó a Moyano de la causa Independiente.
Tres meses antes, en plena pandemia, fuera del ámbito de los tribunales, la familia de Pablo Moyano visitaba la Quinta Presidencial de Olivos. Dicho encuentro terminó con una foto con el presidente Alberto Fernández. Esa imagen provocó una serie de críticas debido a que ninguno de los protagonistas tenía barbijo. Fue, además, el símbolo de una alianza.
Polémicas decisiones
El camino que terminó con el salvataje judicial del hombre fuerte de Camioneros comenzó a gestarse en abril de 2019, cuando la jueza Madrid fue designada en el juzgado de Garantías N° 1 de Avellaneda donde estaba radicada la causa contra el vicepresidente de Independiente.
A pesar de no ser la jueza titular en dicho tribunal, Madrid, como magistrada subrogante, comenzó a tomar decisiones sobre los expedientes asignados a ese juzgado.
Antes que la nombraran jueza Correccional de Lomas de Zamora, Madrid nunca ocultó su simpatía por el Frente para la Victoria. De hecho, fue propuesta por el kirchnerismo como magistrada en el Departamento Judicial Lomas de Zamora antes de las elecciones de 2015.
Quienes conocen a la jueza fuera de su desempeño en los tribunales, la recuerdan como una funcionaria vinculada con Julián Álvarez, exsecretario de Justicia durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Esa relación se mantuvo durante la campaña electoral realizada por Álvarez en 2015, cuando se presentó como candidato a intendente de Lanús.
Madrid fue designada como jueza en 2014, en la resolución 865 firmada por Daniel Scioli, por entonces a cargo del Poder Ejecutivo bonaerense. Juró como magistrada en febrero de 2016 y se hizo cargo del juzgado Correccional N° 1 de Avellaneda.
En esa época, el juzgado de Garantías N° 1, de Avellaneda, estaba a cargo de Luis Carzoglio, un magistrado cuya designación había sido impulsada por el caudillo justicialista de ese distrito: Baldomero Álvarez de Oliveira. Actualmente, Carzoglio está suspendido debido a que tiene abierto un jury de enjuiciamiento en su contra.
En 2018, Carzoglio había rechazado un pedido de detención contra Pablo Moyano que había sido presentado por el fiscal Scalera.
Además de estar a cargo del mismo juzgado y de haber intervenido en la causa Independiente, Madrid y Carzoglio comparten la amistad con el letrado que representa al magistrado en el juicio político que tiene en su contra. En redes sociales, el letrado de Carzoglio se refirió a la jueza como su amiga.
Ninguno de los cinco magistrados que pasó de forma interina por ese juzgado adoptó una resolución con respecto al expediente que tenía como acusado a Moyano. Hasta que, en abril de 2018, Madrid fue designada como jueza subrogante en ese tribunal.
La posición de la cámara
Siempre que la magistrada dictó una resolución que iba contra los intereses del vicepresidente de Independiente resultó una consecuencia de una orden emanada en un tribunal superior: la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora. Los camaristas fueron los únicos magistrados que pusieron límites a las resoluciones que favorecieron al vicepresidente de Independiente.
Con estos antecedentes, que figuran en el voluminoso expediente que tiene a Moyano y otros once acusados como presuntos integrantes de la asociación ilícita que apretaba a futbolistas y dirigentes de Independiente, no sorprendió la resolución de 16 páginas dictada por la magistrada en la que dispuso el sobreseimiento del referente del gremio de Camioneros.
«La indiscriminada intervención del juez garante sobre las facultades a cargo del persecutor podrían resentir el balance que el acusatorio se ocupa de equilibrar», expresaron los camaristas Alejandro Rojas y Pablo Little, al rechazar el planteo de la defensa de Moyano que pidió que el fiscal Sebastián Scalera fuera apartado de la causa Independiente.
Previamente, la jueza Madrid había aceptado el planteo de la defensa del vicepresidente de Independiente para que la indagatoria contra Moyano fuera tomada por el fiscal de Avellaneda, Elio Laborde, a pesar de que nunca había llevado adelante la instrucción del expediente.
Al dictar el fallo, el 22 de septiembre pasado, los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías indicaron a la jueza Madrid que «es facultad del fiscal dirigir y practicar la investigación penal preparatoria. También le incumbe al fiscal disponer la fecha y modo en el que debe tener lugar la audiencia para el ejercicio de defensa».
Cuando la jueza aceptó la incorporación de la declaración como arrepentido del jefe de la barra brava de Independiente, Pablo Alejandro Álvarez, alias «Bebote», en realidad cumplía una resolución dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías.
«Quiero reconocer que soy el jefe de la barra de Independiente, también quiero reconocer que ninguno de los imputados que están actualmente detenidos, pueden organizar o decidir nada con cuestiones de la hinchada porque todas esas decisiones y organizaciones solamente las decido yo. Y yo tengo que cumplir órdenes de Pablo Moyano, que era el que me daba las entradas, la plata, los bonos, las cuotas, la estadía en los viajes afuera del país, de todo eso me ocupaba yo», manifestó Álvarez en su declaración como arrepentido.
Un alias investigado: El Salvaje
Pero esa no es la única prueba contra Moyano que figura en el expedienta. También lo involucraron en la causa, el expresidente del club Javier Cantero y otros exdirigentes.
Cuando a mediados de 2017 el exdirector de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, presentó una denuncia contra la barra brava de Independiente, el nombre de Moyano no aparecía como acusado en el expediente. La denuncia del máximo responsable de la lucha contra las organizaciones criminales formadas por barrabravas apuntó contra el grupo delictivo en general, sin consignar nombres.
La investigación encarada por la representante del Ministerio Público avanzó y creció en número de sospechosos. Por tal motivo el expediente pasó a la fiscalía especializada en Delitos Complejos, donde comenzaron a intervenir los fiscales Pablo Rossi y Sebastián Scalera, entre otros.
Después de un año de pesquisa, en los que se sumaron todos los expedientes y denuncias contra la barra brava de Independiente, que habían sido desestimados durante años anteriores, entre otros, la fiscal Viviana Giorgi comenzó a investigar a la barra brava de Independiente, a partir de la denuncia de Lugones.
Así, aparecieron los nombres de Roberto «El Polaco» Petrov. Damián Lagaronne, Ítalo Ariel «Cebolla» Romeo, Gabriel Bertone (alias «Tano»), César Andrés Godoy (alias «Pocho o Ninja»), Gastón «Tortuga» García, Hernán Palavecino, Eduardo «Pachi» D’Aquila y Carlos Adrián Zambrano, alias «Carlín». A ellos se sumaron los dirigentes Nurhay Nakis y Héctor Maldonado.
Hasta diciembre de 2017, el término de «Salvaje» era un nombre que aparecía en la agenda del celular de Petrov. Al revisar las pruebas encontradas en los allanamientos, el grupo de fiscales le puso nombre a ese apodo: Pablo Moyano.
Tres años más tarde, la jueza que reemplazó al magistrado que rechazó el pedido de detención contra Moyano dictó el sobreseimiento del vicepresidente de Independiente.
Por: Gustavo Carabajal
