Las conversaciones con inteligencia artificial pueden convertirse en pruebas judiciales

Un caso en Estados Unidos abrió el debate sobre el uso de las consultas realizadas a plataformas de IA en investigaciones judiciales.

Los tribunales pueden admitir pedidos específicos de esos registros, pero su contenido no demuestra automáticamente una conducta delictiva ni determina una condena.

Las conversaciones con herramientas de inteligencia artificial podrían convertirse en una nueva fuente de pruebas en los tribunales. Un caso judicial en Miami, Estados Unidos, puso el tema en discusión al autorizar la búsqueda de determinados intercambios con plataformas de IA en el marco de una demanda por presunta difamación contra un hotel.

La controversia plantea un interrogante cada vez más relevante a medida que estas herramientas se incorporan a la vida cotidiana: ¿lo que una persona le pregunta a una inteligencia artificial puede utilizarse en su contra durante un proceso judicial?

La respuesta es que, bajo determinadas condiciones, esos registros pueden ser objeto de medidas de producción de prueba. Sin embargo, su utilización depende de las circunstancias del caso, las reglas procesales aplicables y las garantías que protegen la privacidad y el derecho de defensa. Una consulta aislada no implica, por sí sola, responsabilidad penal ni una condena.

El caso de Miami que abrió el debate

El expediente involucra al Fontainebleau Florida Hotel y a Shmuley Boteach Jacob, también identificado como Shmuel Botach. El establecimiento denunció una presunta campaña de publicaciones difamatorias que habría incluido videos generados mediante inteligencia artificial.

Según la demanda, los contenidos atribuían falsamente al hotel y a sus representantes conductas antisemitas, los comparaban con colaboradores nazis y afirmaban que se había prohibido el ingreso de personas judías. Esas afirmaciones forman parte de las acusaciones de la parte demandante y no deben considerarse hechos judicialmente probados.

El 21 de octubre de 2026, la magistrada federal Marty Fulgueira Elfenbein resolvió una controversia relacionada con la obtención de conversaciones mantenidas por el demandado con cuatro proveedores de inteligencia artificial.

La jueza permitió solicitar determinados intercambios vinculados con el hotel, sus empleados, propietarios, representantes y abogados, incluso algunos registros eliminados, en la medida en que pudieran obtenerse. En cambio, rechazó una búsqueda indiscriminada de todas las conversaciones relacionadas con el juicio, los jueces o las resoluciones judiciales.

La decisión tampoco estableció una obligación general de autorizar a las plataformas a entregar directamente todos los registros del usuario.

El punto central es que el tribunal admitió la posibilidad de buscar información delimitada y pertinente para examinar los daños reclamados. No resolvió que una consulta a la inteligencia artificial demostrara la responsabilidad del demandado.

Cuando una consulta se convierte en un indicio

Las conversaciones con sistemas de IA pueden contener instrucciones, borradores, correcciones y pedidos para modificar el tono o la presentación de un mensaje. En una investigación, esos elementos podrían ayudar a reconstruir cómo se elaboró un contenido, qué cambios se introdujeron o qué intención pudo existir detrás de su difusión.

Pero hay una diferencia fundamental entre preguntar cómo se redactaría una publicación hipotética y producir o difundir efectivamente ese contenido. Para atribuir responsabilidad, será necesario analizar el contexto, verificar la autenticidad de los registros y establecer su relación con los hechos investigados.

También debe determinarse quién utilizó la cuenta, si las conversaciones corresponden efectivamente a esa persona y si existe evidencia que vincule las instrucciones con el material que llegó al público.

Por eso, una conversación con IA puede constituir un indicio relevante, pero no reemplaza la necesidad de reunir otras pruebas ni elimina las garantías del proceso judicial.

Las noticias falsas generadas con IA y el daño reputacional

El caso también refleja un problema creciente: la difusión de contenidos falsos que imitan noticias, videos o declaraciones auténticas mediante herramientas de inteligencia artificial.

Una publicación manipulada puede afectar la reputación de una empresa, un funcionario o un particular antes de que exista una investigación capaz de establecer su origen. Las consecuencias pueden aparecer en contratos que se suspenden, operaciones comerciales que se frustran o relaciones institucionales que se deterioran.

En ese escenario, el proceso judicial y la discusión pública avanzan a ritmos diferentes. Mientras la Justicia necesita reunir pruebas y respetar las garantías de las partes, una acusación puede multiplicarse en redes sociales y buscadores en cuestión de horas.

Una rectificación posterior o una sentencia favorable no siempre consigue reparar completamente el perjuicio causado.

Qué puede hacerse ante una campaña de contenidos falsos

Cuando existen indicios de una publicación fabricada o manipulada mediante IA, los especialistas recomiendan preservar las pruebas antes de iniciar una respuesta pública o judicial.

Es importante conservar los enlaces, las fechas, las versiones originales y el contexto en el que circuló el contenido. Las capturas de pantalla pueden resultar útiles, aunque no siempre son suficientes para acreditar la autenticidad de una publicación o demostrar cómo fue modificada.

También es necesario identificar qué afirmaciones pueden verificarse, quiénes recibieron el material y cuáles fueron sus consecuencias concretas.

En Argentina, un abogado puede evaluar la posibilidad de solicitar judicialmente la preservación de registros, requerir información a las plataformas o pedir pericias informáticas, según las circunstancias y las reglas procesales aplicables. Para que una medida resulte procedente, debe estar debidamente fundamentada y guardar relación con los hechos investigados.

No alcanza con pedir todas las conversaciones de una persona. La solicitud debe delimitar, en la medida de lo posible, las cuentas, los períodos y los contenidos relevantes, además de justificar la necesidad de acceder a ellos.

La obtención de registros almacenados por proveedores extranjeros puede presentar dificultades adicionales, ya que intervienen cuestiones de jurisdicción, conservación de datos y cooperación internacional.

Privacidad, secreto profesional y derecho de defensa

La posibilidad de utilizar conversaciones con IA como evidencia también abre interrogantes sobre los límites de la investigación judicial.

En el caso estadounidense se discutió la protección de determinados materiales preparados para un litigio, conocida como work-product doctrine. Esa figura no se aplica automáticamente en Argentina, donde deben considerarse las normas procesales locales, las garantías constitucionales y la protección del secreto profesional.

Por lo tanto, no cualquier conversación relacionada con un conflicto judicial puede exigirse sin restricciones. La pertinencia de la prueba, la proporcionalidad de la medida y los derechos de las partes deben evaluarse en cada caso.

El antecedente de Miami muestra que la inteligencia artificial puede incorporar nuevas fuentes de información a los procesos judiciales, pero también que su búsqueda y utilización requieren límites.

Una nueva herramienta para investigar, no una condena automática

Los registros de una conversación con IA pueden aportar información sobre la elaboración de un mensaje, su posible finalidad o los cambios realizados antes de su difusión. Sin embargo, su valor depende de la autenticidad, el contexto y la relación con otras pruebas.

El desafío para la Justicia será determinar cuándo esos registros resultan relevantes y cómo obtenerlos sin convertir una investigación concreta en una revisión indiscriminada de la vida privada.

La inteligencia artificial está modificando tanto la producción de contenidos como las formas de investigar su origen. En ese escenario, una pregunta formulada a una plataforma podría adquirir importancia dentro de un expediente judicial, pero no constituye por sí misma una prueba definitiva de culpabilidad.

La clave estará en establecer qué ocurrió, quién intervino y qué puede demostrarse legalmente.