“Principios generales de actuación en casos de violencia doméstica contra las mujeres”

En tal marco, la magistrada mantendrá reuniones de trabajo con los Juzgados Especializados en Violencia de Género de la justicia provincial para abordar los contenidos de los mismos.

Sobre el particular, la Dra. Altamirano dijo que tales principios fueron confeccionados recientemente, en cumplimiento de un acuerdo de solución amistosa suscripto entre el Estado Argentino y la ciudadana argentina Olga del Rosario Díaz.
Ello, explicó, como consecuencia que la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, en representación de Díaz, denunció ante el Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer (CEDAW), al Estado Argentino, porque no cumplió con la obligación de actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir los hechos de violencia que Díaz venía denunciando y en especial por la tentativa de femicidio de la que fue víctima en el mes de marzo de 2017.

La denuncia

Sobre los hechos y el proceso legal que desembocó en el acuerdo de solución amistosa mencionado, la Dra. Altamirano recordó que “el 24 de marzo de 2017, en Buenos Aires, Olga Díaz recibió cinco puñaladas por parte de su ex pareja, en la puerta de su casa, delante de su hijo y vecinos que intentaron defenderla y que éste no fue el primer hecho de violencia que sufrió la mujer.
Ya en el año 2002, detalló la jueza, cuando la mujer tenía 45 años de edad, cansada de infidelidades , violencia física y psicológica, echó de la casa en la que convivían a su pareja. El hombre destrozó todo lo que había en la vivienda: heladera, televisor, muebles, camas, etc. Luego incendió el auto con nafta, arrojando toda la ropa de Olga al fuego. La víctima estuvo refugiada en casa de una amiga por un tiempo, pero como en todo ciclo de violencia, vino el pedido de perdón, las promesas y la reconciliación. Como en todos los casos el cambio duró poco y los hechos de violencia recomenzaron.
Olga Díaz hizo denuncias, continuó relatando Altamirano, “pero nunca tuvo la respuesta adecuada, no se le brindó protección, no se le ofreció servicio psicológico de contención, para que pudiera romper con el ciclo. Hasta que ocurrió lo que pudo ser el final de la vida de Olga”.

Fue entonces que la Defensora General de la Nación, denunció ante el Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer (CEDAW), al Estado Argentino, porque no cumplió con la obligación de actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir los hechos de violencia que Olga venía denunciando y en especial por la tentativa de feticidio.

Luego de cuatro años de litigio internacional, el 23 de octubre de 2021, se firmó un acuerdo de solución amistosa entre el Estado Argentino y Díaz, en el cual el Estado reconoció su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial dado al caso, ya que las autoridades tenían conocimiento fehaciente de la situación de riesgo en la que la víctima se encontraba.
En este acuerdo se estableció no sólo la reparación económica que el Estado Argentino debe brindarle a Olga Díaz, sino que también se prevé la adopción de otras medidas destinadas a mejorar el acceso a Justicia a mujeres víctimas de violencia.
El Estado Argentino se comprometió entre otros ítems a elaborar y publicar un documento con “Principios generales de actuación”, dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y el resto de actores que intervienen ante las denuncias por violencia de género.

De allí que la Oficina de la Mujer de la Corte Nacional elaboró los “Principios Generales de Actuación” , con la colaboración de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, entre otros Organismos.

Finalmente, la Dra. Altamirano elogió la pronta respuesta de la Oficina de la Mujer de la Corte, la que actualmente se encuentra a cargo de la Presidencia del máximo tribunal nacional, por la renuncia de la Dra. Elena Highton; y expresó que “el cargo que se encuentra vacante debe ser ocupado por una mujer porque lo contrario implicaría un retroceso en la lucha por la igualdad tan ansiada entre hombres y mujeres en todos los estamentos de poder”.