Inteligencia artificial, expedientes cada vez más complejos y grandes volúmenes de información: la tecnología empieza a modificar el trabajo de abogados y jueces, aunque la estrategia, la valoración de la prueba y la responsabilidad por las decisiones siguen en manos humanas
La inteligencia artificial dejó de ser una discusión vinculada exclusivamente al futuro de la Justicia. Su incorporación al ámbito jurídico ya plantea cambios concretos en la manera de analizar expedientes, preparar estrategias, revisar pruebas y afrontar litigios cada vez más complejos.
La pregunta ya no parece ser si la IA llegará al trabajo jurídico, sino hasta dónde podrá intervenir y qué tareas continuarán dependiendo exclusivamente de abogados, fiscales y jueces.
Existen sistemas capaces de analizar grandes cantidades de información, identificar precedentes, ordenar documentación, reconstruir cronologías y detectar relaciones entre distintos elementos de un expediente. En causas voluminosas, esa capacidad puede modificar de manera significativa los tiempos de trabajo.
El desafío no pasa solamente por acceder a un expediente, sino por poder comprenderlo en su totalidad y utilizar la información relevante en el momento adecuado.
El avance de los sistemas acusatorios y el mayor protagonismo de las audiencias hacen que los procesos judiciales generen una cantidad cada vez mayor de información. Declaraciones, pericias, resoluciones, documentos, comunicaciones y registros de audiencias deben ser analizados y relacionados.
La oralidad y la inmediación permiten que el juez tenga contacto directo con las partes y con la prueba. Esa experiencia no puede ser reemplazada por una herramienta tecnológica.
La IA puede cumplir, sin embargo, otra función: ordenar y relacionar la información que surge durante el proceso.
Una herramienta correctamente configurada puede reconstruir qué sostuvo inicialmente una fiscalía, cómo evolucionó una imputación, qué pruebas fueron incorporadas, qué dijeron los testigos y cómo se modificaron determinadas posiciones a lo largo del expediente.
También puede localizar afirmaciones realizadas en distintos momentos, ordenar una cronología o advertir posibles contradicciones.
La diferencia está en el rol de cada uno. La tecnología procesa información a una escala y velocidad difícil de alcanzar manualmente; el abogado aporta criterio jurídico, contexto, estrategia y responsabilidad profesional.
El expediente judicial continúa siendo la fuente central. La IA no crea una prueba nueva ni reemplaza los documentos oficiales. Puede construir, en cambio, una segunda capa de análisis sobre la información existente.
Su utilidad puede aparecer durante el proceso, antes de que una causa llegue a una sentencia.
Si el sistema permite detectar una modificación relevante de la imputación, una contradicción entre declaraciones o una diferencia entre una pericia y lo expresado durante una audiencia, el abogado puede regresar a la fuente original y determinar si ese elemento tiene relevancia jurídica.
En litigación penal, detectar un problema no siempre es suficiente. También es necesario encontrarlo a tiempo.
La herramienta puede incluso ser utilizada para cuestionar los propios argumentos. Puede advertir que un testigo contradice una premisa de la defensa, que determinada prueba debilita una hipótesis o que un planteo relevante no fue preservado.
En ese sentido, la IA no solamente puede utilizarse para buscar argumentos contra la contraparte. También puede servir para someter a prueba la estrategia propia antes de que lo haga el adversario.
El uso de estas herramientas sobre registros de audiencias, declaraciones, informes, pericias o documentos exige que los profesionales trabajen únicamente con información a la que tengan legítimo acceso.
Cuando aparecen datos sensibles o información reservada, las exigencias de seguridad y confidencialidad adquieren todavía mayor importancia.
Además, existe un riesgo que no puede ignorarse: una respuesta generada por IA puede parecer convincente y, sin embargo, ser incorrecta.
Por eso, cualquier hallazgo relevante debe ser contrastado con la fuente oficial. Si una herramienta señala una contradicción, una omisión o un posible error, el abogado debe regresar al expediente, comprobar qué ocurrió y recién entonces construir el planteo jurídico correspondiente.
El argumento no puede ser que «lo dijo la IA». La tecnología puede indicar dónde mirar, pero la prueba continúa estando en el proceso.
La incorporación de estas herramientas también abre un debate sobre la igualdad entre las partes.
En expedientes particularmente extensos, los grandes estudios jurídicos históricamente tuvieron una ventaja derivada de su capacidad para contar con más profesionales y dedicar mayor cantidad de horas al análisis de una causa.
La utilización controlada de IA puede reducir parcialmente esa diferencia de escala, porque permite procesar grandes volúmenes de información en menos tiempo.
Pero también puede generar una nueva desigualdad si algunas defensas tienen acceso a herramientas más avanzadas y otras no.
El problema adquiere especial relevancia en materia penal. El derecho de defensa y las garantías constitucionales no cambian por la aparición de nuevas tecnologías, pero sí pueden modificarse las condiciones materiales necesarias para ejercerlas de manera efectiva.
Si el volumen de información de una causa llega a dificultar su análisis dentro de los tiempos disponibles, el acceso formal al expediente podría no ser suficiente para garantizar una defensa adecuada.
Por eso, el debate futuro también deberá incluir el acceso de las defensas públicas a herramientas tecnológicas capaces de procesar información en condiciones comparables.
La cuestión también alcanza a las impugnaciones de sentencias.
Desde el precedente «Casal», la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció la exigencia de realizar el máximo esfuerzo posible para revisar aquello que pueda ser revisado en una sentencia condenatoria.
En expedientes de enorme extensión, una de las dificultades puede ser precisamente localizar una contradicción, una omisión o una valoración incorrecta dentro de miles de páginas, documentos y registros.
Pero nuevamente el procedimiento no termina allí. El abogado debe revisar el registro oficial, comprobar el contenido y transformar ese hallazgo en un agravio jurídicamente fundamentado.
La tecnología puede acelerar la búsqueda. La responsabilidad profesional permanece intacta.
También cambia el trabajo de los jueces
La transformación no se limita a los abogados.
En expedientes voluminosos, los jueces también pueden utilizar herramientas de IA para ordenar actuaciones, reconstruir cronologías, relacionar elementos probatorios, localizar antecedentes jurisprudenciales y explorar posibles respuestas.
Eso no convierte al sistema en juez.
La valoración de la prueba, la interpretación jurídica, la fundamentación de una sentencia y la responsabilidad por la decisión continúan correspondiendo al magistrado.
Sin embargo, tampoco resulta razonable desconocer que la tecnología puede intervenir cada vez más profundamente en las etapas previas a una decisión judicial.
Su principal aporte puede estar en la capacidad de procesar grandes cantidades de información en tiempos considerablemente menores.
Para abogados y jueces, esto podría significar detectar antes un problema, analizar con mayor profundidad un expediente y reducir tareas que actualmente demandan días o incluso semanas de trabajo.
La reducción de los tiempos judiciales tampoco debería ser vista solamente como una cuestión de eficiencia.
Una herramienta que permita procesar información más rápidamente podría contribuir a que determinadas decisiones lleguen antes a quienes esperan durante meses o años una respuesta de la Justicia.
Eso no significa que la IA garantice decisiones más justas.
Una resolución judicial requiere interpretación, valoración, contexto y responsabilidad. La tecnología puede aportar información y acelerar procesos, pero no elimina la necesidad de un análisis jurídico responsable.
El desafío estará precisamente en encontrar un equilibrio entre aprovechar sus capacidades y evitar que sus resultados sean aceptados de manera automática.
Uno de los principales obstáculos probablemente sea cultural.
Abogados, fiscales y jueces deberán aprender a distinguir entre utilizar la IA como herramienta de asistencia y delegar en ella decisiones que corresponden a las personas.
La tecnología puede ayudar a explorar alternativas, encontrar información, detectar inconsistencias o poner a prueba una estrategia. Pero utilizarla sin controles puede introducir errores y trasladar una confianza excesiva a sistemas que también pueden equivocarse.
La clave, entonces, no estará necesariamente en utilizar más inteligencia artificial, sino en saber cómo utilizarla.
El abogado que pueda formular mejores preguntas, verificar las respuestas y convertir la información obtenida en una estrategia jurídica tendrá una ventaja frente a quien simplemente incorpore la tecnología sin comprender sus límites.
La IA puede detectar una contradicción en segundos. Pero será el abogado quien deba determinar si esa contradicción tiene importancia, decidir cuándo plantearla y asumir las consecuencias de hacerlo.
Porque litigar nunca consistió solamente en encontrar información.
Consistió, y seguirá consistiendo, en saber qué hacer con ella.
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