La iniciativa recibió 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La norma deja atrás el régimen de emergencia y mantiene las pensiones no contributivas, la actualización por inflación y el nomenclador universal de prestaciones.
También establece controles periódicos y plazos para cancelar deudas con prestadores.
El Senado de la Nación sancionó este miércoles la nueva ley de discapacidad, con 71 votos a favor y ninguno en contra, en una decisión que permitirá dejar atrás el régimen de emergencia que vence el próximo 31 de diciembre. El texto aprobado incorpora los cambios reclamados por la oposición durante el debate en Diputados y establece un marco permanente para garantizar las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad.
La senadora radical Mariana Juri (RS Fotos)
La norma mantiene los principales componentes del sistema vigente, entre ellos las pensiones no contributivas, su actualización de acuerdo con la inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. De esta manera, se busca dar previsibilidad tanto a los beneficiarios como a los prestadores de servicios.
Uno de los puntos centrales establece que las pensiones por discapacidad equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) continuará siendo la principal vía de acceso al beneficio. También se conservará la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos de la persona no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En materia de cobertura sanitaria, la legislación garantiza el acceso a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901 mediante el Programa Incluir Salud. Además, incorpora partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y contempla compensaciones del Tesoro nacional cuando los recursos asignados resulten insuficientes.
Otro aspecto relevante es la obligación del Estado de evitar que los ingresos de los beneficiarios pierdan poder adquisitivo en relación con el año anterior. La iniciativa también establece mecanismos para regularizar las deudas con los prestadores: si existen pagos pendientes al momento de la sanción, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días.
La ley incorpora, además, un esquema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el SINTyS. Ante posibles incumplimientos objetivos, se podrán disponer suspensiones preventivas de beneficios, aunque deberán respetarse procedimientos de notificación, derecho a la defensa y mecanismos de rehabilitación provisoria.
Durante el debate, distintos senadores coincidieron en la necesidad de establecer reglas permanentes, aunque plantearon diferencias sobre el financiamiento y la capacidad operativa del sistema. Alicia Kirchner advirtió sobre las dificultades que podrían enfrentar las oficinas de ANSES para atender la demanda en todo el país, mientras que otros legisladores reclamaron que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.
También se expusieron distintas estimaciones sobre el costo fiscal. Durante la sesión se mencionaron cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso que ubican el gasto en torno a los 600.000 millones de pesos para 2026 y en 1,2 billones para 2027.
La presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, sostuvo que la discapacidad debe abordarse por encima de las diferencias políticas y destacó la importancia de construir un sistema permanente, con recursos asignados y controles. En la misma línea, otros legisladores remarcaron que la sanción representa un paso importante, pero advirtieron que su aplicación dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de una gestión administrativa eficiente.
La votación fue unánime y permitió cerrar un proceso de negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores que había generado diferencias durante las últimas semanas.
Ahora resta la intervención del Poder Ejecutivo, que deberá avanzar con la reglamentación de la ley y tiene la facultad constitucional de disponer vetos parciales o totales. Su implementación será determinante para que las garantías aprobadas por el Congreso se traduzcan efectivamente en prestaciones, cobertura y previsibilidad para las personas con discapacidad y sus familias.
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