En el marco del reciente convenio interinstitucional firmado entre la Suprema Corte de Justicia, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA) y el Instituto Provincial de Juegos de Azar (INPROJUY), se llevó adelante una mesa de trabajo y capacitación destinada a avanzar en la implementación de la restricción de ingreso a salas de juego y casinos para deudores alimentarios morosos de la provincia.
La jornada se desarrolló el pasado 6 de mayo en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales y estuvo dirigida a jueces unipersonales de Familia, magistrados de la Cámara Civil, Comercial y de Familia, junto a sus equipos técnicos, con el objetivo de coordinar los mecanismos operativos que permitan poner en marcha la medida.
La iniciativa busca fortalecer el cumplimiento de las cuotas alimentarias a través de una articulación concreta entre organismos judiciales y estatales, promoviendo herramientas que garanticen la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El encuentro fue encabezado por los jueces de la Suprema Corte de Justicia Mariano Miranda, vicepresidente del cuerpo; Eduardo Uriondo; y Mercedes Arias, directora de la ONNA. También participaron el vicepresidente del INPROJUY, Leandro Meyer, y la secretaria de Justicia de la provincia, Marcela Infante.
Asistieron además jueces del Fuero de Familia de toda la provincia, la jefa de la División Juego Responsable del INPROJUY, María Spengler; el coordinador de Justicia, Franco Bravo; las coordinadoras de la ONNA Carolina Bidondo y Lucrecia Oviedo, junto a equipos técnicos judiciales.
Durante la apertura, la jueza Mercedes Arias remarcó la relevancia del convenio al señalar que permite la intervención coordinada de distintos organismos estatales mediante un mecanismo concreto de restricción de ingreso a salas de juego para quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La magistrada subrayó que, frente a progenitores que incumplen de manera reiterada con sus obligaciones alimentarias, resulta necesario implementar medidas alternativas que promuevan el cumplimiento efectivo del deber alimentario y resguarden los derechos de las infancias y adolescencias.
Asimismo, destacó la importancia de ajustar los aspectos operativos para garantizar la efectividad de la medida y explicó que la jornada permitió intercambiar experiencias y analizar posibles escenarios para su correcta aplicación.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Marcela Infante, brindó precisiones sobre el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), detallando las responsabilidades institucionales previstas en la normativa vigente.
En tanto, Franco Bravo explicó el circuito administrativo de los oficios judiciales, precisando que una vez ingresadas las actuaciones se evalúa si corresponde la inscripción o caducidad del registro, conforme a la legislación y su reglamentación, para luego comunicar formalmente la resolución al Poder Judicial.
A su turno, Leandro Meyer destacó el valor institucional de la herramienta y señaló que la restricción no debe ser entendida como una sanción, sino como un mecanismo orientado a proteger los intereses superiores de niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, María Spengler explicó cómo funcionan los controles de acceso en las salas de juego y detalló que en varios establecimientos se exige la presentación del Documento Nacional de Identidad, lo que permitirá aplicar de manera efectiva las restricciones previstas.
Reunión con magistradas del Fuero de Familia
Tras la capacitación, los jueces de la Suprema Corte mantuvieron una reunión con magistradas del fuero de Familia, coordinadoras de la ONNA y profesionales de la Oficina de Coordinación Técnica de Equipos Interdisciplinarios.
Durante ese espacio se analizaron problemáticas prioritarias del fuero, con especial énfasis en garantizar una adecuada escucha de niños, niñas y adolescentes y asegurar el cumplimiento efectivo de los plazos procesales, entendiendo que una respuesta judicial oportuna es clave para la protección integral de sus derechos.
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