La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contestó la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) y elevó el tono en la disputa por la supervisión de sus balances. La entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia acusó al inspector Daniel Vítolo de emplear un procedimiento administrativo como mecanismo de presión en medio de un conflicto político y judicial con el Poder Ejecutivo.
El organismo estatal reclama explicaciones sobre partidas contables globales que, según la IGJ, superan los USD 450 millones acumulados en ocho años y carecen del nivel de detalle requerido. Vítolo sostuvo que las observaciones fueron formuladas desde hace tiempo y nunca respondidas: “Confiamos en que tanto la AFA como la Superliga expliquen correctamente los contenidos internos de rubros globales que superan los USD 450 millones y que se incluyeron en los estados financieros interrogados durante ocho años sin respuesta”, afirmó.
En su descargo formal, la AFA sostuvo que entregó todos los balances y documentación solicitada entre 2017 y 2023, y que no registra incumplimientos. Señaló que sólo una observación le fue notificada de acuerdo con la norma y que la respuesta fue enviada en el plazo correspondiente. Además, recordó que obtuvo en reiteradas oportunidades certificados de vigencia y domicilio emitidos por la propia IGJ, lo que —según la entidad— evidencia el cumplimiento administrativo.
La institución rechazó también las acusaciones sobre maniobras evasivas y vinculó el conflicto con el cambio de jurisdicción desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia. Aseguró que el trámite fue fiscalizado por veedores de la IGJ y luego convalidado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. “Es falso que la AFA se escapó”, remarcaron.
Mientras la AFA sostiene que la mayoría de las observaciones nunca le fueron notificadas formalmente y que incluso hubo expedientes archivados tras largos períodos de inactividad, Vítolo planteó un escenario de mayor tensión: si la entidad no presenta un informe satisfactorio antes del 20 de enero de 2026, propondrá al Ministerio de Justicia la designación de un veedor contable con acceso a documentos internos tanto de la AFA como de la Liga Profesional.
El inspector comparó la situación con el escándalo del FIFA Gate: mientras aquel caso se basó en USD 200 millones, las partidas bajo revisión en el fútbol argentino ya superan los USD 400 millones. En caso de comprobarse maniobras ilícitas, aclaró que la responsabilidad sería individual y podría alcanzar a integrantes del Comité Ejecutivo, autoridades de clubes y auditores externos.
La AFA sostiene que el uso mediático del expediente desvirtúa la fiscalización y que las acusaciones públicas carecen de respaldo documental. En su lectura, la controversia responde a un cruce político que busca trasladar responsabilidades por demoras y fallas procedimentales del propio organismo de control.
Mientras tanto, la disputa administrativa se desarrolla en paralelo con causas judiciales que investigan el manejo de fondos dentro del fútbol argentino. Tapia, que hasta ahora había evitado pronunciarse sobre el tema, afirmó recientemente: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”.
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