Preocupante advertencia: unas 6.000 empresas de salud podrían quebrar si se levanta la emergencia sanitaria

El presidente de la Unión Argentina de Salud, Hugo Magonza, alertó sobre la crisis financiera que atraviesan clínicas, obras sociales y prepagas.

Señaló que el aumento de los costos médicos, la caída de los ingresos por aportes y las deudas fiscales ponen en riesgo la continuidad de numerosos prestadores privados.

El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) y director general del CEMIC, Hugo Magonza, advirtió que alrededor de 6.000 empresas del sector sanitario podrían verse obligadas a cerrar si se levanta la emergencia sanitaria vigente desde 2002. Según sostuvo, el sistema atraviesa una situación financiera delicada, marcada por el incremento de los costos, las dificultades para sostener los ingresos y las obligaciones fiscales acumuladas.

Durante una entrevista en el programa Infobae en Vivo a las Nueve, Magonza analizó los problemas de financiamiento que afectan a los distintos sectores de la atención médica y cuestionó la fragmentación del sistema argentino. A su entender, la falta de coordinación entre los subsistemas público, de obras sociales y de medicina prepaga dificulta la búsqueda de soluciones sostenibles.

“El sistema tiene compartimentos estancos que, en general, evolucionan de forma distinta”, afirmó. En ese sentido, consideró necesario establecer una mayor coordinación y una política sanitaria que permita ordenar el funcionamiento y el financiamiento de las prestaciones.

Uno de los principales puntos de preocupación es la continuidad de la emergencia sanitaria, que rige desde hace 24 años. Magonza explicó que esta herramienta permite suspender los embargos del organismo recaudador contra las entidades, pero no elimina las deudas acumuladas.

“Teóricamente la emergencia sanitaria es para protegerte y lo único que hace la emergencia sanitaria es suspender los embargos del organismo recaudador contra las entidades”, señaló.

Consultado sobre las consecuencias de dejar sin efecto esa medida, el titular de la UAS respondió que unas 6.000 empresas podrían verse obligadas a cerrar. “Estarían condenadas a entregar su llave, básicamente”, advirtió.

El dirigente planteó además un interrogante sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante un eventual cierre masivo de prestadores privados. Según sus estimaciones, el sector público atiende aproximadamente al 30% de la población, mientras que el 70% restante cuenta con cobertura vinculada al sistema privado. Por eso, alertó que una reducción significativa de la oferta de clínicas y centros de atención podría generar dificultades para garantizar las prestaciones.

El aumento de los costos y la caída de los aportes

Magonza atribuyó parte de los desequilibrios actuales a las transformaciones registradas durante las últimas décadas. Sostuvo que el Estado transfirió responsabilidades hacia el sector privado sin garantizar siempre los recursos necesarios para afrontar las nuevas obligaciones.

Como ejemplo, mencionó la incorporación de prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO) sin una contrapartida financiera suficiente. Según afirmó, se aprobaron más de cien leyes que ampliaron las prestaciones exigidas al sistema, sin establecer mecanismos equivalentes de financiamiento.

También cuestionó las condiciones de incorporación de personas con enfermedades preexistentes a las empresas de medicina prepaga, al considerar que las entidades deben asumir obligaciones que pueden resultar difíciles de sostener cuando no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los tratamientos.

Otro factor que, según explicó, presiona sobre las cuentas del sector es la evolución del empleo formal. Magonza sostuvo que la cantidad de trabajadores registrados permanece estancada desde hace varios años, mientras crece el trabajo por cuenta propia.

Esta transformación afecta al esquema de financiamiento basado en los aportes salariales, que constituye una de las principales fuentes de recursos de las obras sociales. El titular de la UAS advirtió que los aportes de los monotributistas son considerablemente menores y pueden resultar insuficientes para cubrir las prestaciones que requieren sus afiliados.

“Ese modelo aporta muy poco, tanto a la salud como al sistema previsional”, afirmó al referirse al monotributo.

En ese contexto, consideró que el sistema necesita revisar sus mecanismos de financiamiento para responder a una población que envejece y demanda cada vez más atención médica, mientras disminuye el peso relativo de los aportantes con ingresos formales.

Las prepagas, entre los ingresos y los costos médicos

Al analizar la situación de las empresas de medicina prepaga, Magonza sostuvo que la cantidad de afiliados no registró una caída significativa en los últimos años e incluso podría haber aumentado entre un 1% y un 2%. Sin embargo, aclaró que cambió la composición de esa población, debido a la incorporación de beneficiarios que realizan aportes de menor valor.

“El número de afiliados no se cayó. Pero cambió el mix”, explicó.

Según su análisis, esa modificación repercute en los ingresos promedio por afiliado y dificulta que las cuotas acompañen el ritmo de crecimiento de los gastos médicos.

Magonza afirmó que, aun después de la liberación de los precios de la medicina prepaga, las cuotas acumulan un retraso del 17% respecto de la inflación, de acuerdo con sus estimaciones. Al mismo tiempo, sostuvo que los costos sanitarios aumentan a un ritmo superior al índice general de precios, debido a las características propias de la actividad.

La diferencia entre los ingresos y los gastos, explicó, agrava las dificultades financieras de las entidades, especialmente entre las clínicas y empresas pequeñas y medianas, que tienen menos margen para absorber los desequilibrios.

Como referencia, señaló que en Córdoba habría dejado de funcionar el 50% de las entidades pequeñas y medianas del sector, aunque aclaró que no contaba con una cifra equivalente para el conjunto del país.

Además, advirtió que las obligaciones tributarias y las deudas acumuladas mantienen a numerosos prestadores bajo el riesgo de sufrir embargos, una situación que complica la administración cotidiana y la continuidad de los servicios.

El debate sobre el modelo de salud

Más allá de la coyuntura financiera, el presidente de la UAS planteó la necesidad de revisar el modelo de atención y las fuentes de financiamiento. Rechazó trasladar automáticamente a la Argentina esquemas de otros países, como el modelo asegurador estadounidense, y sostuvo que la población necesita una cobertura de calidad, oportuna y con restricciones limitadas.

También consideró que el sistema público debería avanzar en mecanismos de formalización de la cobertura para las personas que no cuentan con obra social ni medicina prepaga.

Magonza remarcó que la atención médica requiere recursos independientemente de quién la financie. “El hospital público no es gratis. La salud no es gratis. Puede ser accesible desde el punto de vista de que no tenés que pagar porque alguien pagó por vos”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que las entidades sanitarias administran recursos destinados a garantizar la atención de sus beneficiarios y no pueden sostener indefinidamente obligaciones que superen sus ingresos.

La advertencia sobre el posible cierre de miles de empresas vuelve a poner en discusión el financiamiento del sistema de salud argentino, la acumulación de deudas y la capacidad de los prestadores para mantener la atención en un escenario de costos crecientes y recursos limitados.

Los archivos, las imágenes y el análisis de datos no estarán disponibles hasta que tu uso se restablezca a las 2:30 p.m.. Continúa chateando solo con texto o mejora tu plan para tener más acceso.
Prueba Plus gratis