La continuidad de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027 fue uno de los principales planteos realizados en Jujuy por los diputados nacionales María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, quienes presentaron ante instituciones y organizaciones el proyecto de ley que busca extender su vigencia.
La iniciativa fue expuesta durante una Mesa de Trabajo sobre Discapacidad convocada por la ministra de Desarrollo Humano de Jujuy, Marta Russo Arriola. También participaron la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena; la directora de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque; la diputada provincial Mariela Ortiz y representantes de organizaciones vinculadas al sector.
El proyecto propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia establecida por la Ley 27.793, cuya vigencia actual finaliza el 31 de diciembre de 2026. La propuesta cuenta con la firma de legisladores nacionales de distintos bloques.
Uno de los argumentos centrales planteados por los legisladores es el reducido margen disponible para garantizar la continuidad de la emergencia. El período de sesiones ordinarias del Congreso finaliza el 30 de noviembre, un mes antes del vencimiento previsto de la normativa.
Según los fundamentos de la iniciativa, la aplicación de la ley tuvo demoras y se desarrolló de manera parcial. Por eso, los diputados consideran que dejarla sin efecto a fin de año podría generar un nuevo retroceso para las personas con discapacidad, sus familias, prestadores y organizaciones que trabajan en el sector.
El proyecto deberá ser analizado por las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, que tienen previsto abordar durante los próximos días las iniciativas relacionadas con la extensión de la emergencia.
La Ley 27.793 había sido vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo, pero el Congreso insistió con su sanción. En Diputados, la insistencia obtuvo 172 votos afirmativos contra 73 negativos y dos abstenciones, mientras que en el Senado fue aprobada por 63 votos contra 7.
La reunión también permitió conocer la situación que atraviesan distintas instituciones vinculadas a la discapacidad en la provincia. Representantes de organizaciones de La Quiaca, Tilcara, San Salvador de Jujuy y Palpalá expresaron su preocupación por el desfinanciamiento y las dificultades para sostener sus actividades.
Según lo planteado durante el encuentro, algunas entidades se encuentran en una situación que pone en riesgo su continuidad y, con ella, la atención cotidiana de las personas que concurren a esos espacios.
En este contexto, Zigarán sostuvo que la prórroga no debe analizarse únicamente como una cuestión legislativa, ya que también está relacionada con la posibilidad de mantener servicios, prestaciones, apoyos y tratamientos que forman parte de la vida diaria de miles de personas con discapacidad y sus familias.
Entre los problemas señalados en los fundamentos del proyecto aparecen además la situación de Incluir Salud, las dificultades que atraviesan distintos prestadores y los servicios terapéuticos, educativos y sanitarios. También se menciona la existencia de más de 200.000 personas que esperan acceder a una pensión por discapacidad.
Durante la jornada, Zigarán destacó el trabajo realizado por el Gobierno de Jujuy y el Ministerio de Desarrollo Humano para sostener recursos destinados al sector ante la reducción de fondos nacionales.
La diputada planteó que la discapacidad debería ser abordada como una política de Estado y que la protección de derechos debe quedar por encima de las diferencias partidarias.
Rizzotti, por su parte, cuestionó las políticas del Gobierno nacional hacia el sector y consideró que la prórroga no resuelve los problemas estructurales, aunque puede representar un alivio para un área que, según señaló, atraviesa un fuerte desfinanciamiento.
La propuesta apunta a que la emergencia continúe hasta el 31 de diciembre de 2027. Los legisladores jujeños adelantaron que buscarán defender el proyecto durante su tratamiento en las comisiones, con el argumento de que no hay margen para postergar nuevamente una definición que afecta a personas con discapacidad, sus familias y a las instituciones que les brindan asistencia.
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