Chiqui Tapie, un dirigente bajo sospecha
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó ante la Justicia bonaerense para denunciar haber sido víctima de una maniobra de extorsión que, según afirmó, involucraría al empresario Leandro Camani y a los dirigentes de la Coalición Cívica (CC) Matías Yofe y Facundo Del Gaiso.
La presentación fue realizada ante el Juzgado de Garantías N.º 7 del Departamento Judicial de San Isidro y consta de un escrito de 20 páginas, en el que Tapia sostiene que las acusaciones públicas y judiciales recientes sobre su patrimonio y su gestión al frente de la AFA no fueron espontáneas, sino una represalia por haber bloqueado un negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
Según la denuncia, el conflicto se originó cuando Tapia se desempeñaba como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). En ese marco, Camani —a través de la empresa Secutrans S.A.— habría solicitado autorización para instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios bajo administración del organismo.
Tapia aseguró que rechazó de manera “expresa y categórica” el pedido, al considerar que implicaba el manejo de un importante flujo de fondos públicos. A partir de esa negativa, relató, comenzaron presuntas presiones e intimidaciones, que incluyeron advertencias de que, si no se habilitaba el negocio, se impulsarían denuncias penales en su contra.
“El mensaje era claro: o se autorizaba el emprendimiento, o se activaría una ofensiva judicial y mediática”, sostuvo el titular de la AFA en su presentación.
En ese contexto, Tapia vinculó las denuncias impulsadas por Yofe y Del Gaiso —relacionadas con la supuesta adquisición de una mansión en Pilar mediante testaferros— como parte de esa represalia. Cabe señalar que la causa en la que ahora se investiga la presunta extorsión contra Tapia es paralela a otro expediente que tiene a Yofe como imputado por un caso similar, en el que Camani ya había sido mencionado como presunto financista.
El presidente de la AFA señaló a los dirigentes de la CC como “ejecutores instrumentales” de una estrategia que habría sido diseñada por Camani, a quien identificó como el principal beneficiario económico de la maniobra.
Además, denunció prácticas que consideró graves, como la filmación de domicilios particulares mediante drones y la difusión de esas imágenes en medios de comunicación, lo que —según afirmó— afectó su privacidad y expuso a su entorno familiar.
A través de su abogado, Gregorio Dalbón, Tapia solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas allanamientos en domicilios y oficinas de los denunciados, el secuestro de dispositivos electrónicos y pericias informáticas para reconstruir comunicaciones y movimientos. También ofreció el testimonio de dos personas que habrían presenciado las amenazas o actuado como intermediarios, solicitando que declaren bajo identidad reservada por temor a represalias.
“Cuando el sistema penal y la exposición pública se utilizan como herramientas de presión, ya no estamos ante un conflicto político o mediático, sino frente a un problema jurídico grave”, afirmó Dalbón, quien remarcó que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades.
