Senadores kirchneristas pidieron a Villarruel restringir el uso de los baños del Senado a las fuerzas de seguridad
Ocho senadores de Unión por la Patria enviaron una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel solicitando que se limite el acceso a los baños del Congreso para los efectivos policiales y de fuerzas federales que participan en los operativos de seguridad durante las protestas. Argumentaron que la presencia masiva de personal externo genera «molestias» y afecta el normal funcionamiento del Senado.
La nota, fechada el 16 de julio y firmada por Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Antonio Rodas, Cristina López, Carlos Linares, Sergio Leavy, María Eugenia Duré y Gerardo Montenegro, plantea que se debe “armonizar” la convivencia entre el personal legislativo y los efectivos de seguridad. En ese sentido, reclamaron a Villarruel que se adopten medidas para limitar el uso de espacios comunes, como los sanitarios, “a lo estrictamente necesario”.
Según el texto, el aumento de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria durante los días de protestas —especialmente los miércoles, cuando se movilizan grupos de jubilados— genera un uso intensivo de las instalaciones del Senado, lo que impacta en el trabajo diario de empleados y senadores.
“Las fuerzas que participan de estos operativos son enviadas por el Ejecutivo nacional, que debería garantizarles condiciones básicas de higiene y descanso”, señalaron los legisladores, al tiempo que reclamaron que se garantice “el cómodo desenvolvimiento del personal del Senado”.
La solicitud generó una fuerte reacción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien calificó la carta como “insólita” y respondió en sus redes: “Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días”.
El pedido se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y sectores del kirchnerismo, que respaldan las movilizaciones sociales y critican los operativos antipiquetes impulsados por el Ministerio de Seguridad, acusando al gobierno de llevar adelante una política represiva.
