El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, solicitó al Gobierno Nacional la suspensión de los planes sociales otorgados a extranjeros en zonas de frontera y propuso que esos recursos se redirijan hacia jubilados y personas con discapacidad.
Críticas a la suspensión de pensiones por discapacidad
Sáenz cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional de suspender pensiones no contributivas y beneficios médicos a personas con discapacidad, calificándola de “torpeza” y “muy triste”.
Explicó que en una provincia extensa como Salta, con parajes alejados, es muy difícil que los beneficiarios puedan trasladarse a auditorías presenciales.
“La medida generó una gran angustia, porque se cortaron pensiones, cobertura médica e insumos. Es desconocer desde un escritorio en Capital Federal la realidad de las provincias”, advirtió.
Planes sociales en la frontera
El mandatario sostuvo que en las provincias limítrofes se observa cómo personas de países vecinos “cruzan la frontera, cobran la Asignación Universal por Hijo y regresan a su país”, por lo que pidió auditar residencia real y suspender planes a extranjeros.
“Con esos fondos se podría mejorar la asistencia a jubilados y aumentar los beneficios a personas con discapacidad, en lugar de dilapidarlos en extranjeros que no residen ni aportan en nuestro país”, señaló.
Salud pública a extranjeros
Sáenz defendió además la decisión provincial de arancelar la atención sanitaria a extranjeros, al considerar injusto el “turismo sanitario”.
“En cualquier parte del mundo al extranjero le cobran la salud. Y si no paga, no lo atienden. Nosotros, por humanidad, nunca dejamos de atender en situaciones de riesgo de vida, pero hay que ordenar el sistema”, sostuvo.
Presentación ante la Corte Suprema
La Fiscalía de Estado de Salta presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La demanda solicita:
Restablecer el pago de las pensiones suspendidas en Salta.
Abonar retroactivos desde la fecha de suspensión.
Declarar nulas las auditorías irregulares realizadas por ANDIS.
Garantizar auditorías transparentes, accesibles y respetuosas del debido proceso.
Disponer medidas cautelares para que no se suspendan nuevos beneficios hasta la resolución definitiva.
“No pueden pagar justos por pecadores”
Sáenz concluyó reclamando auditorías serias y transparentes y advirtió que “hoy tenemos familias y organizaciones que denuncian vulneración de derechos básicos. No pueden pagar justos por pecadores”.
