Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger
A horas de la presentación oficial del proyecto de reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un sorpresivo conflicto interno: un artículo clave sobre las cuotas solidarias —una fuente esencial de financiamiento para los sindicatos— volvió a dividir aguas dentro del gabinete.
Hace apenas tres días, la Casa Rosada había accedido al pedido de la CGT y había retirado del borrador la cláusula que limitaba el cobro de las cuotas solidarias. Pero durante el fin de semana, sectores del oficialismo impulsaron nuevamente su incorporación, reactivando la tensión con la central obrera y demorando la redacción final del proyecto.
El punto en disputa es sensible: las cuotas solidarias permiten que los gremios reciban aportes compulsivos de todos los trabajadores comprendidos en un convenio colectivo, afiliados o no. Para Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, se trata de “peajes sindicales” y propone que esos aportes sólo se puedan descontar con autorización expresa del trabajador. La CGT lo rechaza de plano.
Caputo, los Menem y Cordero, en contra; Bullrich y Sturzenegger, a favor
Santiago Caputo, Martín y “Lule” Menem y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se oponen a reinstalar el artículo polémico. Consideran que hacerlo detonaría un conflicto inmediato con el sindicalismo y pondría en riesgo la aprobación del proyecto en sesiones extraordinarias.
En la vereda opuesta se ubican Sturzenegger y Patricia Bullrich —ya sin cargo, pero con fuerte influencia interna— quienes insisten en limitar el mecanismo de financiamiento gremial.
Por ahora, Milei se mantiene al margen y pidió que le acerquen un texto consensuado. Esa falta de acuerdo explica la incertidumbre sobre la fecha de presentación: lo que se esperaba para el martes podría pasarse al miércoles.
Qué cambia si el artículo queda dentro
Si el Gobierno elimina la restricción, la CGT perdería uno de sus argumentos principales contra la reforma. Pero si el artículo vuelve a incluirse, el golpe al esquema económico de los gremios sería inmediato y el enfrentamiento, inevitable.
Aunque el texto final eliminara esa cláusula, el proyecto ya introduce una modificación relevante: los empleadores dejarán de estar obligados a retener cuotas solidarias para transferirlas a los sindicatos. Sólo deberán descontar cuotas de afiliación, y siempre con consentimiento del trabajador y acuerdo entre las partes. De hecho, la ley vigente impone la retención obligatoria; la nueva versión recorta ese alcance.
Concesiones a la CGT y puntos que siguen generando disputa
El Gobierno ya accedió a modificar otros artículos exigidos por la central obrera. Por ejemplo:
Se aclaró que los convenios por empresa deberán ser firmados por sindicatos con personería, evitando que delegados o comisiones internas desplacen al gremio de actividad.
Se retiró la reducción del número de delegados por establecimiento.
Sin embargo, quedaron capítulos que la CGT pretende eliminar o suavizar:
Fin de la ultraactividad: se fija un año para renegociar convenios vencidos y la Secretaría de Trabajo podrá suspender homologaciones si generan “distorsiones económicas graves”.
Sanciones por bloqueos: la reforma tipifica como infracción muy grave la organización o instigación de bloqueos a empresas.
Regulación estricta del derecho de huelga: varios puntos replican el DNU 70 y el decreto 340, actualmente frenados judicialmente.
Límites a asambleas: se considera práctica desleal interferir el funcionamiento de la empresa a través de asambleas o medidas encubiertas de fuerza.
Nuevas obligaciones en la negociación colectiva: se penaliza la dilación en las negociaciones y el incumplimiento de conciliación obligatoria.
Una interna que puede definir el tono del conflicto con la CGT
En la Casa Rosada conviven dos lecturas: los que creen imprescindible moderar el choque con los gremios para asegurar la aprobación de la reforma y quienes sostienen que, aun cediendo, la CGT no apoyará el proyecto.
La definición sobre el artículo de las cuotas solidarias —aparentemente menor frente al conjunto del paquete laboral— terminó convirtiéndose en el corazón de un tironeo que exhibe las diferencias internas del oficialismo y que, además, condiciona la estrategia para enfrentar al sindicalismo en el Congreso y en la calle.
